Bolivia, Chile y Perú: ¿Capitalización o detracción de nuestras riquezas naturales?
NO OLVIDAR LAS LECCIONES DE LA HISTORIA
Por: Jorge Manco Zaconetti (*) (Investigador UNMSM y Consultor)
El presente artículo tiene una triple motivación, por un lado el valioso artículo del doctor y amigo Luis Siabala Valer sobre “John North, el llamado Rey del Salitre del siglo XIX”, que explica uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chile, con una sangrienta guerra civil incluida, significó un punto de quiebre en la historia económica y política, con el suicidio del presidente constitucional Balmaceda en 1891, y la enajenación de las riquezas del salitre para el pueblo chileno. En tal sentido se podría decir que “Chile ganó la guerra pero perdió la paz”.
En segundo lugar, el espectacular despliegue de las fuerzas armadas de Chile el 19 de septiembre denominado como una jornada por las glorias del ejército chileno, una fiesta cívica con participación popular con el uso de símbolos patrios donde la llamada “Guerra del Pacífico” juega un papel central en la afirmación de la chilenidad.
Es de admirar la marcialidad, sobriedad de las tropas en el desfile como prusianos de América Latina, la presencia del pueblo en homenaje a su ejército en la fiesta nacional. Sin embargo, la presencia de batallones como el “Yungay”, con las vituallas, armamento y uniforme propios de los ejércitos que participaron en la mal denominada “Guerra del Pacífico”, tiene varios significados.
En una lectura psicoanalítica del desfile por el día de las llamadas “Glorias del Ejército”, y la utilización de los hechos acontecidos en el siglo XIX tiene múltiples lecturas. De un lado, la reafirmación de una superioridad frente a sus vecinos, hecho innegable si se analiza el presupuesto de la defensa en los tres países involucrados Bolivia, Chile y Perú. De otro lado, un gran temor ante posibles “revanchas históricas”, las presiones demográficas de sus vecinos, el gran potencial minero energético, y la soberbia de las elites santiaguinas.
Es evidente que en la construcción de un proyecto nacional chileno se hace necesario levantar el mito del “Ejército jamás vencido”; mas sería importante recordar en honor de la verdad histórica la serie de batallas tales como Tarapacá, Pucará, Marcavalle, Concepción, San Pablo (Cajamarca) y Canta, donde el ejército invasor fue derrotado.
En tercer lugar, mi condición de descendiente de tarapaqueños, con abuelos maternos, trabajadores del “caliche salitrero” en Zapiga cerca de Iquique, me obliga a comentar este artículo sobre John North y sus prácticas especulativas de apropiación de una riqueza que significó una cruenta e injusta guerra entre Bolivia, Chile y Perú, cuyas consecuencias no han terminado.
LOS MECANISMOS DE LA ENAJENACIÓN
Debo felicitar la acuciosidad histórica del artículo del Dr. Siabala Valer sobre uno de los capítulos más importantes de la historia de Chile y de América Latina. El mencionado artículo “John North Rey del Salitre”, que reproduzco con la autorización del autor en mi blog, tiene una extraordinaria vigencia. La explotación de los recursos naturales y los beneficios que esta podría representar para nuestros países, en razón de los importantes valores de la renta minera, petrolera, o gasífera que se generan y analizar la participación de los Estados.
La vigencia de la problemática es actual, y tiene que ver con la presencia o ausencia del Estado en la explotación de los recursos naturales no renovables. Ayer fue el guano, salitre, cobre, caucho, ahora es el petróleo, el gas, y los productos mineros. El Perú, es líder en la producción mundial minera, con el primer lugar en la producción de plata, segundos en cobre y zinc, cuarto en la producción mundial de plomo y quintos en la producción de oro y con un gran potencial energético, al igual que Bolivia.
La gran interrogante es si el excedente generado por la explotación de los recursos naturales no renovables (RNNR) capitaliza el país, o es enajenado a nuestros países. En otros términos, debiera interesar analizar el “valor de retorno” de la explotación de los recursos naturales, constituido por los impuesto pagados, las compras realizadas a la industria local y los sueldos y salarios abonados a los trabajadores. Es decir, nuestros países se capitalizan o no con la explotación de los RNNR bajo el control de las empresas transnacionales.
En ese sentido, desde el punto de vista histórico, cabe recordar la presencia británica como instigador central en la “Guerra del Pacífico”, que según el historiador Jorge Basadre, debiera denominarse la Guerra del “Guano y Salitre”, cuyas consecuencias aún no han terminado, en razón de las reiteradas demandas sobre la injusta e infausta mediterraneidad de Bolivia, la evidente penetración económica de capitales chilenos en nuestro país por más de 6,000 millones de dólares y el armamentismo de las fuerzas armadas de Chile que superan en términos percápita a todos los países de América Latina.
Es bueno recordar también que en 1874 en el Perú, gracias al gobierno del civilista Manuel Pardo, se postula un modelo distinto al liberalismo económico, y las concesiones del guano y salitre pasan a ser propiedad del Estado peruano, cuestión que evidentemente no era del agrado de los capitales británicos, chilenos e incluso peruanos que se percibían afectados en sus intereses económicos, ante la pujante bonanza de una nueva industria.
Es más, se debe recordar frente al renovado armamentismo de hoy, que en ese entonces, inicios de 1872 mientras Chile ordena la construcción de dos blindados modernos en Inglaterra, el Blanco Encalada y el Cochrane, que superaban de lejos en blindaje, capacidad de fuego y velocidad a la vieja fragata Independencia y al obsoleto monitor Huáscar. Por el contrario, el gobierno civilista ajusta el presupuesto de las fuerzas armadas, con una reducción del ejército y marina, con las penosas consecuencias que se tuvo que asumir en la campaña del sur y la heroica defensa de Lima.
Se dejó de lado la vieja máxima del mariscal Ramón Castilla Marquesado, ilustre tarapaqueño, educado en Chile que conocía la psicología de nuestros vecinos, cuando afirmaba “Si Chile compra un buque, el Perú debía comprar dos”. Lamentablemente la inopia, falta de visión de nuestros gobernantes, ausencia de un proyecto nacional de desarrollo, en los últimos 30 años nos han llevado a una austeridad crítica en el equipamiento disuasivo ante cualquier eventualidad bélica.
En 1870, frente al “Estado ausentista” boliviano en el territorio de Antofagasta controlado de facto por empresas británicas y chilenas, con intereses privados, que postulaban la doctrina del “laissez faire laissez passer”. Es decir, mientras el Estado del Perú fomentaba el intervencionismo estatal, el Estado de Chile postulaba el liberalismo económico, que fue bien aprovechado por especuladores como John North que se hizo más fuerte que el propio Estado de Chile, en el gran norte.
Por ello, resulta paradójico que Chile habiendo vencido en una “guerra injusta” a Bolivia y Perú, haya perdido la paz, pues la cruenta guerra civil de 1891 significó el despojo de la riqueza salitrera al Estado de Chile y a su pueblo, que no gozaron de los beneficios de la riqueza salitrera. Por tanto, no se beneficiaron de la explotación del salitre cuya bonanza terminó después de la I Guerra Mundial, al descubrir los alemanes la fabricación del salitre sintético.
Por ello, resulta pertinente citar el artículo en referencia cuando resume los mecanismos de enajenación de la riqueza salitrera de parte del especulador inglés John North, que compra a precios reducidos los valores y las concesiones de capitales peruanos arruinados por la guerra, convirtiéndose en el “amo y señor” de la explotación salitrera.
“Entonces North negociando ventajosamente con aquellos individuos en trámite de ruina, se transformó, muy pronto, en el tenedor exclusivo de los derechos salitreros y con ello adquirió el manejo total de la lucrativa industria. Una vez que el gobierno chileno hubo dispuesto la entrega de las oficinas salitreras a los tenedores de los respectivos títulos, la riqueza de la provincia ya no regresaría a otras manos que las del afortunado North. Tampoco Chile habría de gozarla.
Para dar valor soberano al patrimonio, protegerlo y dotarle de potenciales efectos, el flamante financista viajó a Inglaterra y en Londres formó una docena de compañías, subsidiarias unas de otras, con un capital declarado, en 1890, de doce millones de libras esterlinas. Aquellas empresas controlaron la fuerza eléctrica, los comestibles, el aprovisionamiento, los repuestos, los transportes marítimos, los seguros, las agencias de embarque, las faenas portuarias, el agua potable, los ferrocarriles de la pampa, el carbón, los textiles. Con estas empresas no sólo dominó la industria salitrera sino todo Antofagasta y su vecina Tarapacá. En 1888, estas compañías dirigidas por North crearon el Banco de Londres y Tarapacá, independizando el salitre de la tutela bursátil y económica, que aunque disminuida, ejercían los bancos de Valparaíso”
Resulta interesante preguntarse sobre los mecanismos que utilizan las transnacionales en nuestros países en especial el Perú, que ha apostado desde inicios de los noventa por una radical privatización de las empresas mineras, lotes de hidrocarburos y gas hacia el sector privado, transfiriendo yacimientos y activos. A diferencia de Chile donde el Estado controla gran parte de la renta minera a través de Codelco, y Bolivia que con la presencia de Evo Morales ha nacionalizado los hidrocarburos, accediendo el Estado boliviano a una mayor participación de la renta gasífera con los problemas internos que han llevado al país altiplánico al borde de la guerra civil, por el acceso y control de las regalías de los hidrocarburos.
ESTADO: AGENTE ACTIVO O PASIVO
Según el modelo económico adoptado, los Estados participan directa o indirecta de la renta generada por la explotación de los recursos naturales. La forma ortodoxa, fomentada por la ideología liberal es que solamente debiera participar a través del impuesto a la renta, transfiriendo la responsabilidad de la propiedad, gestión y administración al sector privado. Se presume dogmáticamente que el Estado es un “mal administrador”, por tanto la iniciativa debiera ser privada.
El caso de Chile es un ejemplo de la continuidad de un modelo mantenido por la derecha pinochetista como por los socialistas y demócratas cristianos que combina la presencia del Estado en los sectores básicos como el cobre y el petróleo con empresas estatales rentables y eficientes, que se comportan en el mercado como cualquier empresa. Así, CODELCO y ENAP aseguran la presencia del Estado en la renta generada por la explotación de los recursos naturales. Así, no solamente captan el impuesto a la renta que abonaría cualquier empresa, sino también abonan el royalty minero, y capitalizan las utilidades, a ello debe sumarse la denominada ley reservada del cobre, que económicamente es una regalía del 10 % sobre los ingresos de exportación.
Así, la empresa estatal del cobre, Codelco, es líder mundial de la producción cuprífera, participa con más de 2.5 millones de toneladas de cobre y contribuye con más de 12 mil millones de dólares al fisco de ese país, tanto como impuesto a la renta, utilidades, ley reservada del cobre y otros.
El gasto en armas y la modernización en Chile hoy es evidente gracias a los importantes ingresos de la “ley reservada del cobre”, que impone el 10 % de los ingresos de exportación de la empresa estatal del cobre Codelco, sean destinadas a las fuerzas armadas y carabineros. Esto representa más de 1,500 millones de dólares anuales en razón a los altos precios del cobre que se mantienen por encima de los tres dólares la libra desde el 2004.
Resulta evidente que con tales ingresos se financia la modernización de las fuerzas armadas de Chile a niveles que no tiene ningún país de América Latina. Modernos tanques “Leopard” que pueden disparar de día y noche, sofisticados aviones, submarinos “Scorpene” de última generación, buques de guerra con lo último en misiles. Si tales ingresos hubiesen sido invertidos en educación y salud, hoy Chile tendría el ingreso y la seguridad social de un país escandinavo.
PERÚ: RENTA MINERA CRECIENTE
En el Perú, la participación en la renta generada en la actividad minera, es indirecta pues no existe ninguna empresa estatal a nivel productivo. Prácticamente el íntegro de la actividad minera estatal tales como Centromín (San Cristóbal, Andaychagua, Cerro de Pasco, Morococha, Yauricocha etc), Cerro Verde, Mra. Tintaya, Hierro Perú, Refinería de Zinc de Cajamarquilla, el Complejo Minero Metalúrgico La Oroya, la fundición de Ilo, más los yacimientos de oro y cobre fueron transferidos al sector privado.
De allí, que la más importante participación del Estado peruano en la renta minera sea por medio del impuesto a la renta pagado por las empresas titulares de las concesiones mineras que han firmado en su mayoría contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa bajo el influjo de las reformas estructurales y el proceso de privatización de los años noventa.
A nivel de la renta de tercera categoría, el impuesto abonado por las empresas mineras representa un promedio de 40 % del conjunto de las empresas que operan el país, ello resulta coherente con la bonanza minera, gracias a los altos precios de los minerales. En millones de dólares ha significado 658 millones en el 2005, 1,762 millones en el 2006 y 2,782 millones en el 2007. Debiera ser evidente que de profundizarse y extenderse los efectos de la crisis de la economía norteamericana, gracias a la globalización, las utilidades de las empresas mineras y por tanto los impuestos tenderán a la disminución.
Se debe tener presente que el 50 % del impuesto a la renta pagado por los titulares mineros, por decisión del Estado se transforma en canon minero, que constituye un importante ingreso para los gobiernos locales, regionales y universidades públicas.
En segundo lugar, la importancia de las regalías mineras en nuestro país está limitada por la vigencia de los contratos de estabilidad jurídica y administrativa de las principales empresas mineras, tales como Yanacocha, Pierina de la Barrick, Mra. Tintaya, Mra Antamina y Cerro Verde que no pagan las regalías mineras concebidas como una contraprestación de hasta el 3% sobre el valor del concentrado o su equivalente.
Si todas las empresas mineras, sin excepción, pagasen en el Perú las regalías mineras, el Fisco estaría captando más de 500 millones de dólares, y no los modestos 160 millones pagados en el 2007. Evidentemente con estos importantes montos el Estado tendría recursos para financiar los gastos de inversión en salud y educación, fomentando ventajas competitivas en un tenebroso entorno internacional.
Le sigue en importancia, el llamado “Aporte Voluntario” pagado por las empresas mineras concebido como una participación del 3.75% de la utilidad neta para las empresas que no abonan las regalías mineras, y de 1.75% de la utilidad neta para las empresas que sí asumen el pago de las regalías mineras. Este estaría concebido en el marco de la responsabilidad social y empresarial. En tal sentido, es voluntario e importantes empresas a pesar de las importantes utilidades percibidas como Mra. Volcan y Minsur no aportan al llamado “Fondo de Solidaridad con el Pueblo”
Este llamado “Aporte Voluntario” apenas ha representado los 166 millones de dólares en el 2007 gracias a las utilidades netas obtenidas en el 2006, y el monto por distribuir en el 2008 en razón de las utilidades del 2007 será superior a los 192 millones de dólares. Es importante señalar que ante una disminución significativa de los precios de los minerales y menores utilidades el llamado Aporte será afectado.
Por último, los ingresos que capta el Estado a través de los derechos de vigencia mineros de 41 millones en el 2007, y que aumentan en la medida que se incrementen los petitorios mineros. El monto de 3 dólares por hectárea concesionada para la gran y mediana minería, y de un dólar para la pequeña minería, explican los modestos montos captados por este concepto. Allí, se tiene un potencial de ingresos a futuro por percibir.
En resumen, la participación directa que capta el Estado gracias a la actividad minera es creciente en función de los mayores montos del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Impuesto que está en función de la actividad económica, ingresos y rentabilidad de las empresas. Sumados al impuesto a la renta las regalías, los derechos de vigencia, y el llamado Aporte Voluntario, el Estado capta un conjunto de 3,148 millones de dólares que frente a las exportaciones mineras del año 2007 que fueron equivalentes a los 17,328 millones, la participación del Fisco representa un 18.2 % de los ingresos de exportación, superiores al 9.1% alcanzado el 2005.
En verdad, la capitalización de la minería que opera en nuestro país es superior al 18.2 % si es que se sumarán los sueldos y salarios pagados en el sector, más las compras realizadas a la industria regional y nacional. Estimar el valor de retorno resulta de vital importancia para definir el grado de capitalización de los recursos generados por la explotación de los recursos naturales no renovables (RNNR). Mas, lo cierto y evidente es que el Perú ha perdido el control sobre el acceso del íntegro de la renta minera, como lo hace CODELCO en Chile, y la regulación ambiental de la actividad minera es todavía débil.
A nuestro criterio, el problema va más allá de la presencia o no de la gestión estatal en la minería peruana, que fue privatizada a precios ridículos y hoy estamos asumiendo las consecuencias. Es de necesidad pública una mayor participación del Estado en la renta minera, en razón del factor agotamiento por su carácter no renovable de los recursos mineros, y por las externalidades negativas sobre todo ambientales más los pasivos mineros.
Se trata a futuro de promover políticas de valor agregado a partir de la explotación de los recursos mineros. Ello requiere un Estado pro activo, promotor que negocie con las empresas transnacionales una mayor capitalización del país a partir del fomento de la industrialización de los productos mineros.
Promover las políticas de valor agregado, es un imperativo, ahora que estamos al borde de una recesión internacional gracias al capital financiero y especulativo mundial. Para ello, tenemos que aprender las lecciones de la historia por más dolorosas que estas sean. Esto es más urgente ahora que han fracasado las políticas del “libre mercado” que fueron impuestas a nuestros países por el llamado “Consenso de Washington” En tal sentido, cabe preguntarse ¿ Dónde están nuestros liberales criollos?
Los arthculos del autor se pueden leer en: http://kuraka.blogspot.com/
Es de admirar la marcialidad, sobriedad de las tropas en el desfile como prusianos de América Latina, la presencia del pueblo en homenaje a su ejército en la fiesta nacional. Sin embargo, la presencia de batallones como el “Yungay”, con las vituallas, armamento y uniforme propios de los ejércitos que participaron en la mal denominada “Guerra del Pacífico”, tiene varios significados.
En una lectura psicoanalítica del desfile por el día de las llamadas “Glorias del Ejército”, y la utilización de los hechos acontecidos en el siglo XIX tiene múltiples lecturas. De un lado, la reafirmación de una superioridad frente a sus vecinos, hecho innegable si se analiza el presupuesto de la defensa en los tres países involucrados Bolivia, Chile y Perú. De otro lado, un gran temor ante posibles “revanchas históricas”, las presiones demográficas de sus vecinos, el gran potencial minero energético, y la soberbia de las elites santiaguinas.
Es evidente que en la construcción de un proyecto nacional chileno se hace necesario levantar el mito del “Ejército jamás vencido”; mas sería importante recordar en honor de la verdad histórica la serie de batallas tales como Tarapacá, Pucará, Marcavalle, Concepción, San Pablo (Cajamarca) y Canta, donde el ejército invasor fue derrotado.
En tercer lugar, mi condición de descendiente de tarapaqueños, con abuelos maternos, trabajadores del “caliche salitrero” en Zapiga cerca de Iquique, me obliga a comentar este artículo sobre John North y sus prácticas especulativas de apropiación de una riqueza que significó una cruenta e injusta guerra entre Bolivia, Chile y Perú, cuyas consecuencias no han terminado.
LOS MECANISMOS DE LA ENAJENACIÓN
Debo felicitar la acuciosidad histórica del artículo del Dr. Siabala Valer sobre uno de los capítulos más importantes de la historia de Chile y de América Latina. El mencionado artículo “John North Rey del Salitre”, que reproduzco con la autorización del autor en mi blog, tiene una extraordinaria vigencia. La explotación de los recursos naturales y los beneficios que esta podría representar para nuestros países, en razón de los importantes valores de la renta minera, petrolera, o gasífera que se generan y analizar la participación de los Estados.
La vigencia de la problemática es actual, y tiene que ver con la presencia o ausencia del Estado en la explotación de los recursos naturales no renovables. Ayer fue el guano, salitre, cobre, caucho, ahora es el petróleo, el gas, y los productos mineros. El Perú, es líder en la producción mundial minera, con el primer lugar en la producción de plata, segundos en cobre y zinc, cuarto en la producción mundial de plomo y quintos en la producción de oro y con un gran potencial energético, al igual que Bolivia.
La gran interrogante es si el excedente generado por la explotación de los recursos naturales no renovables (RNNR) capitaliza el país, o es enajenado a nuestros países. En otros términos, debiera interesar analizar el “valor de retorno” de la explotación de los recursos naturales, constituido por los impuesto pagados, las compras realizadas a la industria local y los sueldos y salarios abonados a los trabajadores. Es decir, nuestros países se capitalizan o no con la explotación de los RNNR bajo el control de las empresas transnacionales.
En ese sentido, desde el punto de vista histórico, cabe recordar la presencia británica como instigador central en la “Guerra del Pacífico”, que según el historiador Jorge Basadre, debiera denominarse la Guerra del “Guano y Salitre”, cuyas consecuencias aún no han terminado, en razón de las reiteradas demandas sobre la injusta e infausta mediterraneidad de Bolivia, la evidente penetración económica de capitales chilenos en nuestro país por más de 6,000 millones de dólares y el armamentismo de las fuerzas armadas de Chile que superan en términos percápita a todos los países de América Latina.
Es bueno recordar también que en 1874 en el Perú, gracias al gobierno del civilista Manuel Pardo, se postula un modelo distinto al liberalismo económico, y las concesiones del guano y salitre pasan a ser propiedad del Estado peruano, cuestión que evidentemente no era del agrado de los capitales británicos, chilenos e incluso peruanos que se percibían afectados en sus intereses económicos, ante la pujante bonanza de una nueva industria.
Es más, se debe recordar frente al renovado armamentismo de hoy, que en ese entonces, inicios de 1872 mientras Chile ordena la construcción de dos blindados modernos en Inglaterra, el Blanco Encalada y el Cochrane, que superaban de lejos en blindaje, capacidad de fuego y velocidad a la vieja fragata Independencia y al obsoleto monitor Huáscar. Por el contrario, el gobierno civilista ajusta el presupuesto de las fuerzas armadas, con una reducción del ejército y marina, con las penosas consecuencias que se tuvo que asumir en la campaña del sur y la heroica defensa de Lima.
Se dejó de lado la vieja máxima del mariscal Ramón Castilla Marquesado, ilustre tarapaqueño, educado en Chile que conocía la psicología de nuestros vecinos, cuando afirmaba “Si Chile compra un buque, el Perú debía comprar dos”. Lamentablemente la inopia, falta de visión de nuestros gobernantes, ausencia de un proyecto nacional de desarrollo, en los últimos 30 años nos han llevado a una austeridad crítica en el equipamiento disuasivo ante cualquier eventualidad bélica.
En 1870, frente al “Estado ausentista” boliviano en el territorio de Antofagasta controlado de facto por empresas británicas y chilenas, con intereses privados, que postulaban la doctrina del “laissez faire laissez passer”. Es decir, mientras el Estado del Perú fomentaba el intervencionismo estatal, el Estado de Chile postulaba el liberalismo económico, que fue bien aprovechado por especuladores como John North que se hizo más fuerte que el propio Estado de Chile, en el gran norte.
Por ello, resulta paradójico que Chile habiendo vencido en una “guerra injusta” a Bolivia y Perú, haya perdido la paz, pues la cruenta guerra civil de 1891 significó el despojo de la riqueza salitrera al Estado de Chile y a su pueblo, que no gozaron de los beneficios de la riqueza salitrera. Por tanto, no se beneficiaron de la explotación del salitre cuya bonanza terminó después de la I Guerra Mundial, al descubrir los alemanes la fabricación del salitre sintético.
Por ello, resulta pertinente citar el artículo en referencia cuando resume los mecanismos de enajenación de la riqueza salitrera de parte del especulador inglés John North, que compra a precios reducidos los valores y las concesiones de capitales peruanos arruinados por la guerra, convirtiéndose en el “amo y señor” de la explotación salitrera.
“Entonces North negociando ventajosamente con aquellos individuos en trámite de ruina, se transformó, muy pronto, en el tenedor exclusivo de los derechos salitreros y con ello adquirió el manejo total de la lucrativa industria. Una vez que el gobierno chileno hubo dispuesto la entrega de las oficinas salitreras a los tenedores de los respectivos títulos, la riqueza de la provincia ya no regresaría a otras manos que las del afortunado North. Tampoco Chile habría de gozarla.
Para dar valor soberano al patrimonio, protegerlo y dotarle de potenciales efectos, el flamante financista viajó a Inglaterra y en Londres formó una docena de compañías, subsidiarias unas de otras, con un capital declarado, en 1890, de doce millones de libras esterlinas. Aquellas empresas controlaron la fuerza eléctrica, los comestibles, el aprovisionamiento, los repuestos, los transportes marítimos, los seguros, las agencias de embarque, las faenas portuarias, el agua potable, los ferrocarriles de la pampa, el carbón, los textiles. Con estas empresas no sólo dominó la industria salitrera sino todo Antofagasta y su vecina Tarapacá. En 1888, estas compañías dirigidas por North crearon el Banco de Londres y Tarapacá, independizando el salitre de la tutela bursátil y económica, que aunque disminuida, ejercían los bancos de Valparaíso”
Resulta interesante preguntarse sobre los mecanismos que utilizan las transnacionales en nuestros países en especial el Perú, que ha apostado desde inicios de los noventa por una radical privatización de las empresas mineras, lotes de hidrocarburos y gas hacia el sector privado, transfiriendo yacimientos y activos. A diferencia de Chile donde el Estado controla gran parte de la renta minera a través de Codelco, y Bolivia que con la presencia de Evo Morales ha nacionalizado los hidrocarburos, accediendo el Estado boliviano a una mayor participación de la renta gasífera con los problemas internos que han llevado al país altiplánico al borde de la guerra civil, por el acceso y control de las regalías de los hidrocarburos.
ESTADO: AGENTE ACTIVO O PASIVO
Según el modelo económico adoptado, los Estados participan directa o indirecta de la renta generada por la explotación de los recursos naturales. La forma ortodoxa, fomentada por la ideología liberal es que solamente debiera participar a través del impuesto a la renta, transfiriendo la responsabilidad de la propiedad, gestión y administración al sector privado. Se presume dogmáticamente que el Estado es un “mal administrador”, por tanto la iniciativa debiera ser privada.
El caso de Chile es un ejemplo de la continuidad de un modelo mantenido por la derecha pinochetista como por los socialistas y demócratas cristianos que combina la presencia del Estado en los sectores básicos como el cobre y el petróleo con empresas estatales rentables y eficientes, que se comportan en el mercado como cualquier empresa. Así, CODELCO y ENAP aseguran la presencia del Estado en la renta generada por la explotación de los recursos naturales. Así, no solamente captan el impuesto a la renta que abonaría cualquier empresa, sino también abonan el royalty minero, y capitalizan las utilidades, a ello debe sumarse la denominada ley reservada del cobre, que económicamente es una regalía del 10 % sobre los ingresos de exportación.
Así, la empresa estatal del cobre, Codelco, es líder mundial de la producción cuprífera, participa con más de 2.5 millones de toneladas de cobre y contribuye con más de 12 mil millones de dólares al fisco de ese país, tanto como impuesto a la renta, utilidades, ley reservada del cobre y otros.
El gasto en armas y la modernización en Chile hoy es evidente gracias a los importantes ingresos de la “ley reservada del cobre”, que impone el 10 % de los ingresos de exportación de la empresa estatal del cobre Codelco, sean destinadas a las fuerzas armadas y carabineros. Esto representa más de 1,500 millones de dólares anuales en razón a los altos precios del cobre que se mantienen por encima de los tres dólares la libra desde el 2004.
Resulta evidente que con tales ingresos se financia la modernización de las fuerzas armadas de Chile a niveles que no tiene ningún país de América Latina. Modernos tanques “Leopard” que pueden disparar de día y noche, sofisticados aviones, submarinos “Scorpene” de última generación, buques de guerra con lo último en misiles. Si tales ingresos hubiesen sido invertidos en educación y salud, hoy Chile tendría el ingreso y la seguridad social de un país escandinavo.
PERÚ: RENTA MINERA CRECIENTE
En el Perú, la participación en la renta generada en la actividad minera, es indirecta pues no existe ninguna empresa estatal a nivel productivo. Prácticamente el íntegro de la actividad minera estatal tales como Centromín (San Cristóbal, Andaychagua, Cerro de Pasco, Morococha, Yauricocha etc), Cerro Verde, Mra. Tintaya, Hierro Perú, Refinería de Zinc de Cajamarquilla, el Complejo Minero Metalúrgico La Oroya, la fundición de Ilo, más los yacimientos de oro y cobre fueron transferidos al sector privado.
De allí, que la más importante participación del Estado peruano en la renta minera sea por medio del impuesto a la renta pagado por las empresas titulares de las concesiones mineras que han firmado en su mayoría contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa bajo el influjo de las reformas estructurales y el proceso de privatización de los años noventa.
A nivel de la renta de tercera categoría, el impuesto abonado por las empresas mineras representa un promedio de 40 % del conjunto de las empresas que operan el país, ello resulta coherente con la bonanza minera, gracias a los altos precios de los minerales. En millones de dólares ha significado 658 millones en el 2005, 1,762 millones en el 2006 y 2,782 millones en el 2007. Debiera ser evidente que de profundizarse y extenderse los efectos de la crisis de la economía norteamericana, gracias a la globalización, las utilidades de las empresas mineras y por tanto los impuestos tenderán a la disminución.
Se debe tener presente que el 50 % del impuesto a la renta pagado por los titulares mineros, por decisión del Estado se transforma en canon minero, que constituye un importante ingreso para los gobiernos locales, regionales y universidades públicas.
En segundo lugar, la importancia de las regalías mineras en nuestro país está limitada por la vigencia de los contratos de estabilidad jurídica y administrativa de las principales empresas mineras, tales como Yanacocha, Pierina de la Barrick, Mra. Tintaya, Mra Antamina y Cerro Verde que no pagan las regalías mineras concebidas como una contraprestación de hasta el 3% sobre el valor del concentrado o su equivalente.
Si todas las empresas mineras, sin excepción, pagasen en el Perú las regalías mineras, el Fisco estaría captando más de 500 millones de dólares, y no los modestos 160 millones pagados en el 2007. Evidentemente con estos importantes montos el Estado tendría recursos para financiar los gastos de inversión en salud y educación, fomentando ventajas competitivas en un tenebroso entorno internacional.
Le sigue en importancia, el llamado “Aporte Voluntario” pagado por las empresas mineras concebido como una participación del 3.75% de la utilidad neta para las empresas que no abonan las regalías mineras, y de 1.75% de la utilidad neta para las empresas que sí asumen el pago de las regalías mineras. Este estaría concebido en el marco de la responsabilidad social y empresarial. En tal sentido, es voluntario e importantes empresas a pesar de las importantes utilidades percibidas como Mra. Volcan y Minsur no aportan al llamado “Fondo de Solidaridad con el Pueblo”
Este llamado “Aporte Voluntario” apenas ha representado los 166 millones de dólares en el 2007 gracias a las utilidades netas obtenidas en el 2006, y el monto por distribuir en el 2008 en razón de las utilidades del 2007 será superior a los 192 millones de dólares. Es importante señalar que ante una disminución significativa de los precios de los minerales y menores utilidades el llamado Aporte será afectado.
Por último, los ingresos que capta el Estado a través de los derechos de vigencia mineros de 41 millones en el 2007, y que aumentan en la medida que se incrementen los petitorios mineros. El monto de 3 dólares por hectárea concesionada para la gran y mediana minería, y de un dólar para la pequeña minería, explican los modestos montos captados por este concepto. Allí, se tiene un potencial de ingresos a futuro por percibir.
En resumen, la participación directa que capta el Estado gracias a la actividad minera es creciente en función de los mayores montos del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Impuesto que está en función de la actividad económica, ingresos y rentabilidad de las empresas. Sumados al impuesto a la renta las regalías, los derechos de vigencia, y el llamado Aporte Voluntario, el Estado capta un conjunto de 3,148 millones de dólares que frente a las exportaciones mineras del año 2007 que fueron equivalentes a los 17,328 millones, la participación del Fisco representa un 18.2 % de los ingresos de exportación, superiores al 9.1% alcanzado el 2005.
En verdad, la capitalización de la minería que opera en nuestro país es superior al 18.2 % si es que se sumarán los sueldos y salarios pagados en el sector, más las compras realizadas a la industria regional y nacional. Estimar el valor de retorno resulta de vital importancia para definir el grado de capitalización de los recursos generados por la explotación de los recursos naturales no renovables (RNNR). Mas, lo cierto y evidente es que el Perú ha perdido el control sobre el acceso del íntegro de la renta minera, como lo hace CODELCO en Chile, y la regulación ambiental de la actividad minera es todavía débil.
A nuestro criterio, el problema va más allá de la presencia o no de la gestión estatal en la minería peruana, que fue privatizada a precios ridículos y hoy estamos asumiendo las consecuencias. Es de necesidad pública una mayor participación del Estado en la renta minera, en razón del factor agotamiento por su carácter no renovable de los recursos mineros, y por las externalidades negativas sobre todo ambientales más los pasivos mineros.
Se trata a futuro de promover políticas de valor agregado a partir de la explotación de los recursos mineros. Ello requiere un Estado pro activo, promotor que negocie con las empresas transnacionales una mayor capitalización del país a partir del fomento de la industrialización de los productos mineros.
Promover las políticas de valor agregado, es un imperativo, ahora que estamos al borde de una recesión internacional gracias al capital financiero y especulativo mundial. Para ello, tenemos que aprender las lecciones de la historia por más dolorosas que estas sean. Esto es más urgente ahora que han fracasado las políticas del “libre mercado” que fueron impuestas a nuestros países por el llamado “Consenso de Washington” En tal sentido, cabe preguntarse ¿ Dónde están nuestros liberales criollos?
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