Incremento desmedido de 900% complica la generación de
puestos de trabajo
· ARBITRARIEDAD. CCL considera que infractores deben ser sancionado con multas administrativas que sean razonables y no arbitrarias.
· CORRUPCIÓN. Alto costos y discrecionalidad facilitará los actos de corrupción en las inspecciones laborales.
La Cámara de Comercio de Lima considera que las empresas que incumplen con normas laborales deben ser sancionados con multas administrativas que no sean arbitrarias ni carentes de razonabilidad.
“Si bien es obligación de los empresarios el oportuno cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social a favor de los trabajadores; la excesiva onerosidad de las sanciones, facilitará los actos de corrupción en las inspecciones laborales”, advirtió el Ing. Samuel Gleiser Katz, Presidente de la Cámara de Comercio de Lima.
El martes 15 de enero último se publicó la Ley 29981, con la cual se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), y a la vez se aumentan las multas máximas por infracciones laborales en 900%.
Esta situación unida a la falta de predictibilidad de las mismas, por establecerse topes y no montos fijos (en función del daño ocasionado), deja al “criterio discrecional” la aplicación de las sanciones; situación que debe evitarse por los efectos negativos que ocasiona.
“La reciente disposición causará mayor perjuicio a las micros y pequeñas empresas, aún cuando se haya dispuesto que éstas tendrán una reducción del 50% en los montos establecidos. Una vez más, la rigidez e incoherencia de las normas alienta la informalidad. El Congreso de la República es el llamado a enmendar esta grave situación”, indicó Gleiser Katz.
