Pescadores advierten que las grandes empresas que sobreexplotaron la anchoveta, no solo deben ser amonestadas o multadas, sino que el gobierno de Ollanta Humala está en la obligación de embargar sus propiedades por atentar contra el ecosistema. Agregaron que incluso violan los derechos laborales de sus empleados.
“Hace unos años Imarpe alertó que se acababan las especies. Había que preservar, me parece bien que la ministra esté tomando esas previsiones. Es la realidad, ya lo vivimos en el 71, y Velasco tuvo que expropiar las fábricas porque los trabajadores ya estábamos en la calle sin tener qué pescar”, recordó Teodoro Cari, dirigente de Ilo en declaraciones a La Razón.
Manifestó que, si bien el Poder Ejecutivo no ha llegado a ese límite, se está repitiendo algo que tuvo que hacerse a inicio de los ochenta, cuando hubo una escasez parecida.
Sobre el anuncio de gestionar más castigos a quienes atentan contra el medio ambiente, Caro solicitó al gobierno que aplique mano dura. “Que les aplique a las empresas, no a los trabajadores, fuertes multas. Que sean efectivas vía embargo coactivo para que sientan la pegada”, agregó.
El pescador denunció que, hasta hace poco, las embarcaciones industriales invadían las cinco millas desde la costa de Moquegua, lo cual se solucionó aumentando la fiscalización. Sin embargo, estas firmas no están cumpliendo con los beneficios de ley de su personal.
“No les pagan a los jubilados. Les pagan 400 dólares por cada embarco, pero ellos solo declaran que les pagan $73, y hacen un juego de porcentajes para incumplir con su gente. Por lo menos ya les hemos ganado 100 juicios, y hay como 100 más en proceso”, acusó.
Adelantó que tiene documentos que comprueban estas irregularidades, y que lo está mandando al presidente Humala. Finalmente, dijo que la excusa de que los industriales de Chile se llevan la anchoveta es solo eso, ya que es un porcentaje mínimo que no afecta la producción en el Perú.
