El Gobierno Regional de Loreto (Gorel) empleó 76 millones de soles en un irregular sistema de créditos agrarios que no fueron entregados completamente a miles de campesinos de Iquitos y alrededores, y que terminó beneficiando a una serie de empresas intermediarias y a influyentes personajes de la política local. Los agricultores han perdido sus tierras y el Gorel tampoco puede recuperar la suma prestada.
Christopher Acosta y
Dánae Rivadeneyra/ Infos.
Una investigación de Infos para La República ha documentado miles de créditos agrarios entregados irregularmente a pequeños agricultores de Loreto, que han resultado en la pérdida de predios de los beneficiarios, quienes no podrán pagar los préstamos y perderían definitivamente sus tierras. En cambio, se ha detectado que existen beneficiados privados que aún no son investigados por la justicia.
El gobierno regional tampoco podrá recuperar el dinero, de acuerdo con fuentes confiables de la entidad.
Los agricultores suscribieron pagarés en blanco y fueron conminados a firmar recibos por montos que no recibieron, según versiones directas de los propios afectados obtenidas por la agencia Infos, que entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 realizó tres viajes a Loreto y entrevistó a quince campesinos engañados en Iquitos y en comunidades a las que se accede navegando los ríos Amazonas y Tamshiyacu, algunos de los cuales son dirigentes de organizaciones con decenas de asociados
Además, Infos accedió a la base de datos de los créditos entregados que el Gorel mantenía en secreto, y que liberó luego de una negativa de dos años a una solicitud de acceso a la información pública.
CAMBIAN EL SISTEMA
Del 2007 al 2011, el presidente del Gobierno Regional de Loreto (Gorel), Yván Vásquez Valera, llevó adelante un agresivo plan de entrega de créditos agrarios amparado en la Ley Nº 24300, que autoriza el uso del 12% del canon petrolero de Loreto para Programas Promocionales de Créditos Agrarios y Acuícolas (Procrea). El objetivo era que los loretanos accedan a capitales de bajo interés para desarrollar cultivos propios de la zona, tales como el camu camu, sacha inchi, cocona, aguaymanto, entre otros.
Pero la gestión de Vásquez introdujo cambios sustanciales en la administración de los créditos. Por un lado, aumentó irregularmente el monto máximo de un crédito agrario. Según estipula la ley, lo máximo que se puede recibir por un crédito de este tipo equivale a12 UIT, aproximadamente 43 mil soles. Infos posee la relación de una docena de empresas que han recibido montos más de tres veces mayores a esa suma, que no han pagado los créditos y que incluso se han disuelto.
LA INTERMEDIACIÓN
Por otra parte, el gobierno regional contrató “a dedo” a tres empresas que se encargarían de todo el proceso crediticio a cambio de cobrar un porcentaje del préstamo al campesino.
Las empresas fueron elegidas por el gerente de Desarrollo Económico, VíctorVillavicencio, y refrendadas por Yván Vásquez. La elección fue hecha soslayando el sistema de concurso público y atropellando incluso la opinión de la propia oficina de Asesoría Legal del Gorel, que, a tiempo, advirtió que este tipo de contratos no podían firmarse sin una convocatoria pública con la participación de varios ofertantes.
amaña irregularidad no pasó desapercibida en Loreto, donde el abogado Jorge Morante denunció el hecho en el 2009 ante la Fiscalía de Iquitos, instancia que tiene abierta una investigación contra Yván Vásquez y sus funcionarios, así como contra los representantes de las empresas, a quienes acusa de colusión y peculado. Mientras que para la Fiscalía el gobierno regional se valió de una serie de figuras “con la finalidad de beneficiar a empresas del sector privado”, la explicación del Gorel es que como el dinero para pagar a las empresas se debitó de los préstamos ya aprobados a los agricultores, este ya no era dinero del Estado.
Lo cierto es que este sistema de intermediación, por el que el monto aprobado al campesino no era el que recibía –pues de él se descontaban servicios como la elaboración de garantías, venta de insumos y asesoría técnica–, no funcionó. Los testimonios recogidos por Infos coinciden en que la asesoría técnica fue brindada por inexpertos y que los insumos y herramientas eran de mala calidad, además de que estaban sobrevalorados.
LAS EMPRESAS
Servicios Integrados fue creada en julio de 2008 y un mes después ya tenía un convenio suscrito con el Gorel por el cual se comprometía a la elaboración de contratos de préstamo y minutas de garantía. A cambio de ello recibiría el 3% de cada crédito aprobado a los agricultores. Además, el Gorel se comprometía a entregar una suma indefinida correspondiente a los gastos operativos en los que incurriera la empresa como parte de su trabajo.
Según los informes del Ministerio Público, el monto que el Gorel le depositó a Servicios Integrados por concepto de ese 3% asciende a dos millones de soles, dinero prácticamente líquido si se tiene en cuenta que, por convenio, el gobierno regional cubría los gastos de sus operaciones.
El siguiente descuento por el que debían atravesar los créditos de los agricultores era el dePromotores y Asesores del Agro (Proasa). Esta empresa tampoco participó de un proceso de selección y su función era brindar asesoría técnica a los agricultores. El monto con el que Proasa se benefició asciende a 723 mil 288 soles. Así, el dinero líquido de los préstamos se iba reduciendo. Y faltan dos empresas más.
MOTIVO: LA CELERIDAD
El tercer filtro era Agroprocesos. Su función consistía en vender los insumos para que los prestatarios lleven adelante su proyecto. Desde botas de jebe para el campo, fertilizantes, hasta el tipo de alambre que se debía usar. Una vez más, el costo de estos insumos también era descontado del préstamo aprobado, con lo que el monto seguía disminuyendo. Según el Ministerio Público, esta empresa recibió 2 millones 306 mil soles producto de los descuentos.
Sin embargo, el convenio con Agroprocesos y Proasa se mantuvo pese a que en el 2008, en sesión ordinaria del concejo regional, se dio cuenta de que existían “constantes quejas de productores que denotan que el servicio de asistencia técnica no se presta con eficiencia, así como por la nula información sobre la aplicación de los insumos”.
La cuarta empresa en participar de este modelo fue Edpyme Proempresa. Su función era “administrar el desembolso y registro de créditos”. El Gorel le transfirió 3 millones de soles como patrimonio fideicometido.
Pero ninguna de estas cuatro empresas presentó una propuesta técnica. Se presentaron por invitación del gerente de Desarrollo Económico, Víctor Villavicencio. En entrevista con Infos, Villavicencio reconoció que todo “se hizo por motivos de celeridad”, y que, al menos en un caso, invitó a participar a un amigo suyo, el gerente de Servicios Integrados, Guillermo Lecca.
MONTOS INCOMPLETOS
Merita Roque es la teniente alcalde de La Unión, un centro poblado a una hora en deslizador de Iquitos, yendo por el Amazonas. Roque, al igual que las 46 personas a las que representa, fue víctima del sueño de los créditos agrarios: cuando solicitaron sus préstamos les dijeron que el primer requisito era elaborar un proyecto.
“Nos dieron el nombre de un ingeniero, el ingeniero Medina, que trabajaba en el gobierno regional. Él nos ha cobrado cuatro mil soles por hacer el proyecto”, asegura.
Ya con el proyecto, les aprobaron el préstamo de 17 mil 700 soles para cada agricultor. El desembolso, les dijeron, se realizaría en cuatro partes. Sin embargo, la gran mayoría de campesinos solo recibió dos desembolsos. Esto, lejos de ayudarlos, los perjudicó: los dejaba sin el dinero para culminar la mitad del proceso de siembra. En muchos casos, los campesinos de La Unión tuvieron que limitarse a ver cómo sus tierras se secaban, sin que pudieran hacer nada.
Pero el caso más crítico de La Unión es el de Francisco Cachique Ricopa. Él también solicitó un crédito por 17 mil 700 soles, pero solo le entregaron seis mil. Cuando pidió que se hicieran los demás desembolsos le dijeron que ya le habían entregado todo. A través de una declaración jurada, Cachique asegura solo haber recibido seis mil, y no diecisiete mil, como asegura el Gorel; sin embargo, le vienen cobrando el total. Mientras tanto, su tierra está hipotecada a favor del gobierno regional.
PAGARÉS Y RECIBOS
A los integrantes del Comité de Productores Copasimol, formado por 600 campesinos, les dijeron que sembrar sacha inchi era un negocio redondo.
“Nos ilusionaron diciendo que íbamos a producir diez toneladas por hectárea”, dice Ricardo Montes, presidente de la asociación.
Entusiasmados con las posibles ganancias, aprovecharon el crédito que lanzó el Gorel. Los créditos que les iban a entregar eran de entre 12 mil y 18 mil soles. No obstante, uno de los requisitos para obtener el primer desembolso consistía en firmar un pagaré en blanco junto con un documento en el que afirmaban haber recibido la totalidad del préstamo.
“Antes de firmar el pagaré en blanco yo he sacado una copia. Otros no. Como sabían que les iban a dar dinero han firmado nomás, y ahora ellos (el Gorel) lo han llenado a su conveniencia”, señala Montes.
A pesar de que la firma de pagarés en blanco es una práctica avalada por las entidades financieras, las sospechas de Ricardo eran fundadas: Robert Ríos es uno de los agricultores de su asociación que firmaron esos documentos y accedieron a un préstamo de 18 mil soles. Sin embargo, solo le entregaron cinco mil. Ahora el Gorel le exige que pague el monto total del crédito más los intereses acumulados. Solo para la producción de sacha inchi, 1.700 agricultores recibieron los engañosos créditos agrarios.
La situación de todos los campesinos con los que Infos conversó es igual de dramática: a pesar de no haber recibido el dinero que les exigen, se encuentran atados de pies y manos.
RADIOGRAFÍA DE UN DESASTRE
En tan solo cuatro años, el Gorel colocó más de 11 mil préstamos por 76 millones de soles, de los que, a la fecha, solo ha logrado recuperar ocho millones.
Este escenario resultó catastrófico aun para las propias autoridades del Gorel. Ya en el2008, Lira Reátegui, gerente de Recaudaciones, remitió un oficio a la Dirección de Agricultura en el que describía como “desastre” al sistema de créditos: “Podría decirse que esta información es la radiografía de un desastre”, señaló, al conocer el alto porcentaje de créditos impagos.
Si el Gorel fuera una empresa del sector financiero estaría absolutamente quebrada. Ninguna entidad crediticia podría sobrevivir con un margen de morosidad del 88% de sus fondos, de acuerdo con diversos especialistas consultados para este informe. Otra conclusión obvia es que si Yván Vásquez fuera el gerente de esa empresa financiera, tampoco habría mantenido su cargo.
Sin embargo, el Gorel sigue recibiendo anualmente millones de soles del canon petrolero, cifra que varía de acuerdo a la producción, para ser destinados a este irregular y quebrado programa de créditos.
Yván Vásquez, pese a haber sido requerido en dos oportunidades vía correo electrónico, una solicitud vía mesa de partes, e incluso cuatro intentos a través de su gerente de Imagen Institucional, no ha accedido a brindarle una entrevista a Infos sobre este tema.
La República, 01.04.2013
