Por Jorge Manco Zaconetti
La minería debe sembrar agua
Próximos al mensaje presidencial por fiestas patrias y a un año de celebrar el bicentenario de la independencia del coloniaje español, es importante señalar e incidir sobre los problemas más urgentes que tiene la sociedad y economía peruana desde la perspectiva del sector más importante de la economía peruana: el sector minero/energético.
Algunos dirán sobre todos los ambientalistas que la agricultura es el sector más importante de la economía peruana, pero se podría discutir que el sector agrario tradicional y no tradicional no emplea más del 25 % de la población económicamente activa (PEA) con una baja productividad en los minifundios, y más del 50% de los alimentos que cubren la canasta familiar son de contenido importado, lo cual demuestra la ausencia de una política agraria.
En cambio el sector minero/energético explica más del 65 % de las divisas sea por las exportaciones de productos mineros, gas y petróleo. Con esas divisas se compran medicinas, alimentos, maquinaria y equipo, insumos para el funcionamiento de la economía.
A ello debe sumarse que la generación eléctrica en casi un 50% tiene su origen en la quema de recursos hidrocarburíferos como el gas natural y el petróleo diésel 2. ¡Sin energía no hay desarrollo!
El debate sobre estos problemas, es más urgente y necesario en la presente coyuntura donde se reproduce la oposición política al proyecto minero de Tía María anteponiendo la minería a la agricultura, como si fueran incompatibles, con el viejo lema de “agua sí, minería no”, “agro sí minería no”.
Esta falsa oposición que ha paralizado la inversión minera como en Cajamarca, y hoy dicho departamento tiene el triste privilegio de estar considerado como una región semiparalizada, en una reproducción simple para la subsistencia con una pobreza creciente, a pesar del gran potencial minero que tiene en el subsuelo.
Ventajas comparativas
Siempre he sostenido que la minería formal es una fuente de riquezas, y es el motor de la economía peruana, gracias a unas ventajas comparativas, tales como los bajos costos de producción, bajos salarios y una permisiva tributación, que debe superarse.
Sin embargo, los efectos benéficos de la inversión minera, son tales que generan los ingresos, el poder de compra a los actores económicos que nos permite crecer como economía, con todos los problemas. El levantamiento y construcción de Tía María ¿cuánto empleo directo e indirecto generaría en el valle del Tambo?
Por ahora, no existe sector económico alguno salvo el narcotráfico que concentre el interés económico de las transnacionales mineras y del mercado mundial. Por tal motivo, el problema no son las empresas sino los términos de negociación que hace un “estado mercantilista y entreguista” de sus recursos naturales, con el gran capital y las empresas transnacionales.
Por ello, una nueva política minera debe incidir y comprometer un “mayor valor de retorno”, es decir ¿qué y cuánto vas a comprar a la industria local, y a nuestros agricultores? En el valle del Tambo, cuánto empleo y qué compraría la SPCC a los agricultores.
En el mismo sentido, se debe tener mayores ingresos fiscales por la actividad minera, sin devoluciones tributarias que convierten al estado en un estado insolvente para resolver las necesidades de salud, educación y seguridad para sus ciudadanos.
Complementariedad
Desde mi punto de vista siempre he apostado por la viabilidad conjunta de la minería y la agricultura, pues ambas actividades resultan complementarias y necesarias, la minería ligada al mercado externo (divisas) y la agricultura para la alimentación, y básicamente ligada al mercado interno, con una mayor productividad.
En el conflicto político, la oposición de parte de la población del valle del Tambo/ Islay en Arequipa tendría la razón cuando se opone y protesta ante lo que considera una agresión de una empresa transnacional mexicana Grupo México, que tiene oscuros antecedentes de contaminación en sus operaciones en el país azteca, y en la región no genera la confianza necesaria para el desarrollo del proyecto Tía María.
Sin embargo, se soslaya las importantes inversiones que tuvo que asumir SPCC (Grupo México) en la unidad de refino y fundición de Ilo (Moquegua) en el 2005/2007 con la construcción de la planta de ácido sulfúrico para la captación del dióxido de azufre (SO2) que se vertía al medio ambiente, y que con su captación hoy se produce ácido sulfúrico, un insumo que se utiliza en la gran minería, y que también se exporta a Chile y otras partes.
Es decir, fue una política de estado la que obligó a una gran transnacional a la construcción de una planta industrial para preservar el medio ambiente, según las normas que se impusieron a partir de mediados de los años noventa del siglo pasado.
Lo mismo se debe asegurar para hacer viable la inversión minera en el proyecto de Tía María donde se han de explotar yacimientos de cobre por más de 120 mil toneladas anuales equivalentes en fino, cuyo tratamiento se hará en la refinería de Ilo (Moquegua)
Por tanto, no existiría peligro de contaminación mediante humos ni gases contaminantes pues el concentrado de cobre que se extraiga será tratado en la unidad de Ilo, como se refinan los concentrados de Cuajone, unidad de la SPCC que está ubicada a una mayor altitud del rico valle de Moquegua, a menos de una hora de trasporte.
Minería con valles
A cerca de 90 kilómetros al sur de Lima, en el distrito de Mala/Cañete, se ubica la unidad minera de Mra. Condestable que emplea a más de 3,000 trabajadores directos e indirectos, con una producción anual de concentrados de cobre, en un equivalente de 25 mil toneladas de cobre en fino, sin mayores efectos sobre la contaminación.
Si bien es verdad, dicha explotación es de operaciones en subterráneo, y cada madrugada se escuchan las explosiones producto de las actividades de minado y exploración, los efectos negativos están por el lado de las externalidades, tales como la violencia y delincuencia urbana, el incremento del valor de las tierras, prostitución, aumento de precios en un valle que supera los 100 mil habitantes.
Es decir, la actividad minera de la Mra. Condestable se desenvuelve entre el circuito turístico comercial de Asia, con construcciones en varios balnearios, y un rico valle de más de 4,500 hectáreas, que produce manzanas, uvas, plátanos, sin una afectación ambiental que lamentar por el manejo responsable de los relaves y residuos mineros.
En tal sentido, los casos de convivencia de la minería con la actividad agraria y ganadería son múltiples tanto a nivel nacional e internacional, si se asumen los principios de la responsabilidad social y ambiental.
Es más, gracias a la “ley de cierre de minas” que se aprobó en el mandato del ex presidente Alejandro Toledo, existe la obligación de deducir año por año un valor para la remediación del territorio cuando se agote el mineral. Ello significa que se deben abandonar las hectáreas de la concesión en tierras aptas para la agricultura y la ganadería, y esta es una obligación legal de todas las empresas mineras formales.
¡El problema es que SPCC del Grupo México no genera confianza y su pasado la condena!
Inversiones en la región
Al margen de la importancia sobre la necesidad de la inversión minera, con más de US $ 1,400 millones de dólares que deben “gatillar” otras inversiones en la región y en el país, el conflicto reproduce la debilidad del estado ante las presiones de los grupos empresariales tipo “Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía” y de la población movilizada con alcaldes distritales, bajo las banderas ambientalistas, que rechazan sí o sí la actividad minera por el peligro de contaminación al valle en razón de su cercanía.
En verdad, en dicha localidad se está definiendo el futuro minero del país, y por tanto el crecimiento económico de los próximos años pues está demostrado hasta la saciedad que existe una correlación positiva entre la inversión minera y el PBI del Perú.
Pero resulta evidente que ello significa poco o nada para la población de los distritos que conforman el valle del Tambo (Cocachacra, Punta de Bombón etc.), pues el crecimiento y la riqueza no llega o no se materializa en la vida cotidiana de la población de agricultores que no son campesinos, pues como pequeños granjeros, independientes con acceso a la información y a los medios de comunicación, hacen respetar sus derechos.
Agricultores con una larga tradición de lucha que producen cebollas, ajos, arroz, verduras y que en algunos casos, producen y exportan hasta papas para abastecer las pollerías de la ciudad de Arequipa y La Paz (Bolivia). Es decir, están ligados al mercado, y tienen una grave desconfianza a la inversión minera y la posible contaminación del valle.
En tal sentido, lo que está en juego es el modelo primario exportador que con todos sus defectos y debilidades nos ha permitido crecer en los últimos años con una importante reducción de la pobreza, de allí la importancia de generar confianza, un diálogo sin presiones, “maximizando las coincidencias y minimizando las diferencias”
Diálogo de sordos
En tal sentido, no ayudan las presiones ni ultimátum ni las poses políticas radicales como la del gobernador de Arequipa que amenaza al Presidente de la República, y “le da setenta y dos horas” para anular el permiso de construcción al proyecto minero Tía María.
La región de Arequipa con todas las críticas que se pudiera hacer, es una de las principales regiones perceptoras de canon y regalías gracias a la actividad minera.
Allí, operan mineras como Cerro Verde, Arcata, Ares, Orcopampa, Batea, San Juan de Churunga, etc. y bajo su subsuelo existe un gran potencial minero que debe monetizarse con responsabilidad social y ambiental.
En lo particular me asombra la debilidad del sector empresarial minero que no genera una corriente de opinión favorable en términos sociales en los trabajadores y jóvenes, a favor de la actividad minera y su ligazón con la industria en la generación de empleo.
Los sectores fundamentalistas contrarios a la minería formal, con una serie de organizaciones no gubernamentales (ONGs), que apuestan por “el buen vivir”, soslayan e ignoran los efectos nefastos de la minería informal e ilegal sobre el medio ambiente.
Allí, los líderes y voceros políticos de la izquierda tradicional, si alguna vez fueran gobierno, cabría preguntarse ¿qué harían frente a las inversiones mineras? y ¿cómo plantearían sus relaciones frente a la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía? ¿Se estatizarían las minas como el programa comunista del siglo pasado?
Epílogo
Estamos lejos del 2010 cuando el gobierno de ese entonces encargó a un organismo internacional de las Naciones Unidas (UNOPs) la evaluación del estudio del impacto ambiental (EIA), donde con rigor científico se hicieron más de 125 observaciones, varias de ellas de singular importancia.
De allí el compromiso de la empresa SPCC de usar agua de mar para sus operaciones de lixiviación del cobre, y no utilizar las aguas del río Tambo, es más sería positivo el compromiso de construir en la cabezera de cuenca una serie de reservorios que permitan el acceso al agua en época de sequía. ¡La minería debe sembrar agua!
Esta era una de las principales observaciones que supongo han sido levantadas en el Ministerio de Energía y Minas, y las mismas debieron ser difundidas masivamente, pues era predecible la oposición social de parte de la población hacia el proyecto, y el aprovechamiento de los “anti mineros de siempre”.
