Por: Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.Más allá de nuestro posicionamiento como líderes en producción aurífera en Latinoamérica, se sabe que nuestro país viene acortando su cuota productora de oro en los últimos años. Ello debido al agotamiento de reservas en la mayoría de importantes compañías mineras y a la ausencia de nuevos hallazgos en nuestro territorio.
Sin embargo, la reciente edición de PERUMIN Convención Minera nos trajo algunas gratificantes novedades, como el inicio de producción de un nuevo proyecto de oro, ubicado en el norte de nuestro país. Se trata de mina Isabelita operada por la compañía minera peruana Summa Gold, en la región La Libertad.
Esta operación producirá entre 100 a 150 mil onzas de oro anuales y tendrá una vida útil de ocho años, con proyección a aumentar este periodo a través de más campañas de exploración. Sin duda, este tipo de noticias nos llenan de gran optimismo, en medio de la crisis política que atraviesa nuestro país.
Sobre esta crisis podemos decir que sus efectos ya vienen causando cierta preocupación en los inversionistas a nivel general en los distintos sectores, así como en nuestra industria minera. Por lo cual exigimos un manejo inteligen-te y responsable de parte de nuestras autoridades, para resolver los temas más urgentes.
En el caso del sector minero, el gobierno no puede dejar de atender problemáticas como la del Corredor Minero del Sur, que actualmente viene siendo bloqueado en diferentes puntos de Chumbivilcas, afectando el normal traslado de concentrados de la compañía minera Las Bambas, una de nuestras principales empresas productoras de cobre.
A pesar de los intentos de acercamiento de la empresa para dialogar y llegar a entendimientos, las comunidades han decidido continuar con estas acciones ilegales obstruyendo esta vía de carácter nacional, enfrentándose abiertamente a las fuerzas del orden.
Vemos que más allá de las preocupaciones ambientales y las medidas ordenadas a la empresa por parte de la OEFA para mejorar esta situación, lo que se busca desde el otro lado es imponer pagos por el uso de esta vía, como sucedió anteriormente en otros puntos del corredor.
En ese sentido, desde nuestra institución esperamos sinceramente un pronunciamiento inmediato de parte de las autoridades competentes para evitar el escalamiento de este tipo de hechos que atentan contra la inversión privada y dañan la imagen del Perú como país destino de inversiones.
