Alan Fairlie Reinoso
La acelerada digitalización que trajo la pandemia en el mundo ha impulsado en gran medida la expansión del comercio electrónico en las actividades económicas, como la venta de bienes y servicios, pero también se ha evidenciado las carencias y dificultades que afrontan algunos de los agentes económicos que han tenido que adaptarse a estas nuevas formas a fin de poder llegar a sus clientes.
En el caso latinoamericano, al igual que en el Perú, las pequeñas empresas tienen un gran peso en nuestra economía no solo en términos económicos sino en la generación de puestos de empleos. Según el BID, las Mipymes representan el 99.5% de las empresas, el 60% de la población ocupada, y aportan el 25% del PBI regional. Pese a ello los problemas de informalidad, exclusión del ámbito financiero y escasa digitalización de estas (solo representan el 1% de participación en el comercio electrónico regional), pone sobre la mesa la necesidad de abordar estos temas y afrontar los desafíos que se presentan.
Uno de los primeros retos se centra en la necesidad de ampliar la conectividad y el acceso a las plataformas digitales por parte de las personas y empresa, tanto los que son vendedores como los que son potenciales clientes, lo que va de la mano con las posibilidades de uso de los medios de pago digitales y los servicios financieros que se ofrecen de manera virtual. Dada la escasa bancarización que existe en la región (menos de la mitad de la población está bancarizada) y, más allá del crecimiento de la banca tradicional en su forma digital, hay un enorme potencial de crecimiento de las FinTech que apuntan a revolucionar la forma en que se hacen los negocios, ofreciendo servicios digitales que empiezan con ofertas financieras, pero que pueden llegar a complementarse con otros servicios, tales como reparto de comida, pedir un taxi, market place, etc.
El otro desafío está en la necesidad de reforzar las capacidades de las micro y pequeñas empresas para aprovechar los beneficios de usar los medios de pago digitales y ofrecer sus productos y servicios en las plataformas digitales, lo que implica contar con acceso a internet, así como computadoras y personal capacitado en la gestión del comercio electrónico.
También deben tomarse en cuenta aspectos de gestión y tecnológicos de este nuevo nicho que intenta expandir el uso del comercio electrónico, a la vez de generar mejores condiciones para evitar el contacto físico al realizar los pagos. El desarrollo de los medios de pago digitales ayuda no solo al comercio, sino también a canalizar las ayudas o subsidios económicos que los Estados han bridado a personas y empresas para afrontar los efectos de la pandemia. Pero este desarrollo solo se podrá lograr con la promoción de la competencia y el apoyo a la innovación de manera constante, que permita abaratar costos e incluir a la mayor cantidad de agentes posible.
Por otro lado, es importante desarrollar la interoperabilidad entre las distintas plataformas de forma que se permita la interacción entre distintas formas de pago, así como poder llegar a mercados transfronterizos. Asimismo, es importante asegurar que los datos personales y la privacidad sean protegidos, así como brindar la mayor seguridad en las transacciones para evitar los fraudes y robos.
El informe de BID y Finnovista (2018), muestra que la industria Fintech en América Latina ha venido creciendo de forma sostenida, con un sistema digital que estaba integrado por 1,166 empresas en el 2018, un 65% más respecto al año 2017 y el doble respecto a 2016[1]. Según el mismo estudio, entre los principales sectores en que se desarrolla la industria Fintech en la región, se pueden destacar: (i) la consolidación del ecosistema; (ii) prestación de servicios para MiPyMEs, y (iii) colaboración con aquellos que brindan servicios financieros tradicionales (bancos, compañías de seguros, bolsas de valores, entre otros).
A pesar de los avances observados en la región, se deben tomar medidas que permitan el desarrollo de estas tecnologías y promover el uso de parte de los diversos agentes, especialmente las Mipymes. Por lo que el BID (2021)[2] recomienda las siguientes medidas:
• La inclusión financiera debe empezar por universalizar el acceso a cuentas de modo que se facilite no solo el comercio electrónico, sino también las transferencias estatales y las remesas entre personas, pero para ello deben crearse las condiciones legales, tributarias, comerciales y tecnológicas.
• Implementar programas de asistencia técnica y financiera para fortalecer las competencias de las empresas en materia de gestión y habilidades digitales, llevando a cabo además eventos y talleres que permitan informar de los beneficios a lo largo de toda la cadena de valor.
• Promover una mayor competencia por medio de incentivos comerciales para que ingresen al mercado un mayor número de actores, no solo a nivel nacional, sino también fomentando la entrada a otros países de la región, generando un dialogo permanente con las entidades de regulación financiera.
• La colaboración público-privada es necesaria para establecer objetivos y planes de trabajo comunes que establezcan de forma coordinada el marco normativo e institucional necesario para la regulación e incentivar la inversión.
• Definir una política en relación a los datos y su importancia en la era digital, que reglamente cuales son privados, cuales públicos y aquellos que son bienes comunes, lo cual además tiene un valor que genera ganancias. También es necesario tomar todas las medidas para lograr que los sistemas sean seguros y de grata experiencia para el usuario.
• Realizar las coordinaciones necesarias entre los gobiernos para implementar un sistema de pagos a nivel regional, el que podría contribuir a desarrollar el comercio transfronterizo, de forma tal que los usuarios puedan realizar compras electrónicas internacionales y pagarlas en moneda local, sin necesidad de hacer operaciones de cambio de monedas.
Teniendo en cuenta que muchos de estos problemas ya venían siendo arrastrados por las Pymes previo a la pandemia, desde el Parlamento andino hemos venido trabajando para promover la internacionalización de las pymes a través de un mayor apoyo técnico y financiero, pero sobre todo promoviendo la adopción de herramientas tanto tecnológicas como digitales, asimismo se ha promovido la inclusión financiera y el fomento de los pagos electrónicos, además de impulsar el comercio electrónico bajo un enfoque integral y a favor de las pequeñas empresas lo cual se ha visto reflejado en la publicación de los siguientes instrumentos normativos: i) Marco Normativo para Promover el Desarrollo e Internacionalización de las Pymes en la Región Andina, ii) Marco Normativo Sobre Inclusión Financiera, iii)Recomendación N.° 357: Hacia la Inclusión Financiera Universal Mediante el Fomento y Desarrollo de los Medios de Pago Electrónicos en los Países de la Región Andina, iv) Recomendación N°429: para Impulsar el Comercio Electrónico a fin de Generar un Crecimiento más Inclusivo en los Países de la Región Andina
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[1] BID y Finnovista (2018). Fintech: América Latina 2018: Crecimiento y consolidación. Banco
Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/fintech-america-latina-2018-crecimiento-y-consolidacion
[2] BID(2021) Expansión de herramientas financieras digitales para impulsar el comercio electrónico de las MiPyMEs de América Latina
