María Eugenia Lima
Montevideo, 24 abr (Sputnik).- Una guerra se ha desatado en el puerto de Montevideo entre las empresas Katoen Natie y Montecon luego de que el Gobierno de Uruguay cerrara un acuerdo con la primera para evitar un juicio millonario. Ahora la segunda denuncia que fue perjudicada y no descarta llevar al Ejecutivo a la justicia.
El 25 de febrero pasado, el Gobierno y la empresa belga Katoen Natie llegaron a un acuerdo por el cual la compañía dio marcha atrás a su intención de iniciar un juicio al Estado por 1.500 millones de dólares y accedió en cambio a invertir 460 millones de dólares en el puerto de Montevideo, informó el miércoles la Presidencia en un comunicado.
A cambio, el Ejecutivo extendió por 50 años la concesión de la terminal especializada en contenedores a la empresa mixta Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo principal accionista es Katoen Natie (80 por ciento). El 20 por ciento restante pertence a la estatal uruguaya Administración Nacional de Puertos (ANP).
La concesión a TCP comenzó en 2001 y vencía en 2031.
Katoen Natie había decidido realizar un juicio al Estado, según comunicó la empresa en 2019 al entonces presidente Tabaré Vázquez (2005 -2010 y 2015-2020), porque el país "a través de sus acciones y omisiones" le "ha causado un daño" a TCP "y a los inversores al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por otro operador en los muelles públicos del puerto, esto es, Montecon S.A".
El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado que el Gobierno no dio "nada a cambio" en el acuerdo con la firma belga, "salvo decir que se va a aplicar la Ley de Puertos y el decreto que la reglamentó, que era lo que no se venía cumpliendo", consigna el diario local El País.
TCP y Montecon se dedican a la operación y almacenaje de contenedores en el puerto de Montevideo. La primera opera en una modalidad de terminal especializada y la segunda como operador portuario.
ATRAQUE
La empresa Montecon, de capitales chilenos y canadienses, entiende que la principal razón por la que se vería afectada por el acuerdo que firmó el Gobierno con Katoen Natie es la prioridad de atraque que tendrá la firma belga, dijo a Sputnik el gerente general de la compañía, Juan Olascoaga.
En el acuerdo, afirmó el gerente general de Montecon, se modificó el reglamento de atraque "otorgándole un privilegio de prioridad a la terminal especializada donde de alguna manera se obliga a la compañía naviera a operar en la terminal TCP".
Eso es una "violación flagrante a la libre competencia porque de alguna manera limita la actividad de Montecon, pero también viola el derecho de elección de las líneas navieras para operar donde quieran operar", opinó.
ACCIONES LEGALES
"Al igual que TCP es un referente del puerto de Montevideo, Montecon también lo es; Montecon hoy mueve más de la mitad de los contenedores. No vamos a dejar de recurrir a ninguna herramienta legal para hacer valer nuestros derechos", afirmó Olascoaga en diálogo con esta agencia.
Olascoaga informó que el jueves estuvo reunido con el director de la ANP, Juan Curbelo, quien le anunció que "las medidas de prioridad de atraque (para Katoen Natie) estarían en vigencia a partir de febrero del año que viene y que durante este año se darían tiempo, y hay voluntad del Gobierno de encontrar soluciones o negociaciones".
"O sea que ahí abrimos una cuota de esperanza para ver si podemos encontrar soluciones", enfatizó.
Montecon tiene dos accionistas extranjeros "que han invertido mucho en el país y han demostrado un gran compromiso, como son Ultramar, chilena, y la empresa Atco, canadiense, que van a hacer valer sus derechos y defender los puestos de trabajo (700 en forma directa e indirecta) y a los clientes que han confiado en nosotros", agregó.
Aclaró que la empresa apela "primero al diálogo" con el Gobierno.
Hay acciones legales locales, explicó, que son recursos de amparo, y también está la medida final que es la invocación de los tratados de protección de inversiones que el Gobierno uruguayo tiene firmado tanto con su contraparte chilena como la canadiense.
Este último argumento es el que esgrimió Katoen Natie para hacer un juicio al Estado, es decir el de las violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay, que fue frenado por el acuerdo. (Sputnik)
