Entre noviembre del 2020 y julio pasado se aprobaron 22 instrumentos de gestión ambiental para desarrollar nuevas campañas exploratorias.
El ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, destacó que entre noviembre del 2020 y julio de este año, se aprobó el 50% de los instrumentos de gestión ambiental presentados a su sector para desarrollar exploraciones mineras.
De los 34 instrumentos de gestión ambiental recibidos, se aprobaron 17, que equivalen a una inversión mayor a los US$ 33 millones, detalló Gálvez en la exposición realizada en Transferencia con Transparencia.
A ello se suma otros cinco expedientes ingresados antes de noviembre del 2020, pero que fueron aprobados en la gestión dando como resultado un total de 22 solicitudes autorizadas por una inversión mayor a los US$ 51 millones en exploración minera.
“Es fundamental seguir promoviendo nuevas inversiones en exploración, pues de ahí saldrán los grandes proyectos del futuro”, señaló el ministro al destacar que hay importantes proyectos por ser desarrollados en el país.
Es el caso de las inversiones en exploración de los proyectos Yumpag, en Pasco, por casi US$ 40 millones, y Michiquillay, en Cajamarca, con US$ 26.2 millones, los cuales se encuentran en evaluación.
Destacó, asimismo, que durante su gestión se acompañó a las inversiones en ejecución como el proyecto Mina Justa, que inició su operación comercial en junio; a Quellaveco, que ha logrado un avance de 65% al mes pasado; y Ampliación Toromocho, habiendo destrabado la ejecución de la segunda fase de las obras.
En el primer semestre del año, acotó, se inició la construcción de los proyectos medianos Ampliación Shouxin, en Ica, y Expansión Pampacancha, en Cusco, que representan una inversión mayor a los US$ 240 millones. Para este año, también se espera el inicio de la ejecución de otros cinco proyectos, entre los que destaca Yanacocha Sulfuros, en Cajamarca, con una inversión de US$ 2,100 millones.
Gestión de los conflictos sociales
Gálvez resaltó que uno de los esfuerzos de su gestión fue el fortalecimiento del trabajo preventivo frente a los conflictos en regiones con actividad minera.
En tal sentido, detalló que se implementaron mejoras a la Oficina General de Gestión Social; se instaló el Comité de Gestión Minero-energético en nueve regiones, espacio de diálogo que tiene por finalidad promover la coordinación y articulación entre el Estado, empresas y sociedad civil; y que su despacho autorizó la transferencia de S/ 81.8 millones de su presupuesto para ejecutar obras prioritarias en distritos mineros de Apurímac, Cusco y Ayacucho.
