De la codicia al homicidio
Por Alberto Piris*
La multinacional holandesa Trafigura, que opera en casi medio centenar de países, ha tenido que reconocer las mentiras con las que intentó ocultar los graves daños ecológicos que causó. Se ha visto obligada a aceptar un arreglo de compensación económica para unos 31.000 ciudadanos de Costa de Marfil, que sufrieron en sus carnes los efectos del capitalismo globalizado del que hoy disfrutamos.
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La multinacional holandesa Trafigura, que opera en casi medio centenar de países, ha tenido que reconocer las mentiras con las que intentó ocultar los graves daños ecológicos que causó. Se ha visto obligada a aceptar un arreglo de compensación económica para unos 31.000 ciudadanos de Costa de Marfil, que sufrieron en sus carnes los efectos del capitalismo globalizado del que hoy disfrutamos.
Todo empezó a finales del 2005, con unos correos electrónicos entre altos ejecutivos de la empresa, dedicada a la comercialización de productos petrolíferos, la tercera del mundo, con unos beneficios de 440 millones de dólares en el año pasado. Esos mensajes habían permanecido ocultos hasta que su revelación, hace unas semanas, en un informativo de la BCC británica, destruyó la tapadera con la que la multinacional había pretendido encubrir el asunto. Y anuló los intensos esfuerzos de su departamento “antilibelos”, que había logrado imponer rectificaciones a lo publicado por la BBC y ciertos diarios británicos, además de ejercer presiones sobre algunos periodistas de Holanda y Noruega.
Una refinería estatal mexicana había puesto a la venta una gran partida de la llamada “nafta de coque”, una gasolina contaminada que no podía tratar en sus instalaciones. Esto fue descubierto por un directivo de la citada multinacional: “Es lo más barato que uno puede imaginarse —escribía en un correo electrónico— y nos va a proporcionar un buen montón de dólares”. La oficina londinense de la empresa confiaba en obtener unos beneficios de 7 millones de dólares por cada cargamento procesado. Pero para esto era preciso convertir el producto, al que en los mensajes se aludía como “mierda”, en algo vendible. Se decidió emplear sosa cáustica para eliminar las impurezas sulfurosas.
Ese tratamiento tuvo lugar a bordo de un petrolero fondeado en aguas de Gibraltar, entre abril y junio del 2006, donde se mezcló el producto adquirido en México con sosa cáustica y un catalizador. Pero ahí empezaron los problemas, porque como subproducto se obtenía un hediondo y peligroso desecho tóxico del que era preciso deshacerse. Los correos electrónicos prueban que los directivos de la empresa sabían lo que estaban haciendo: “Esta operación está prohibida en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Singapur”, así como en otros muchos países “a causa de la peligrosa naturaleza de los residuos”. La empresa calificó a esos residuos de “agua sucia” y afirmó que eran como la mezcla de agua y petróleo obtenida cuando un petrolero lava sus tanques.
El buque fue rechazado por una compañía de Rotterdam, especializada en la eliminación de residuos tóxicos, que no tragó la mentira y exigía el pago de una elevadísima tarifa para procesar ese tipo de residuos. Se abrió un proceso judicial en Holanda contra la multinacional. Por último, el buque puso proa a Costa de Marfil, donde la carga fue trasvasada a los camiones cisterna de una compañía nativa que se prestó a la operación a precios irrisorios. Entonces se inició la terrible catástrofe medioambiental, pues los peligrosos residuos tóxicos fueron arrojados, sin más contemplaciones, en quince vertederos de los alrededores de Abiyán, la capital del país. Durante 2006, los hospitales de la ciudad no dieron abasto; miles de personas tuvieron que ser atendidas, y al menos doce murieron a causa de los elevados niveles de anhídrido sulfuroso.
Los productos desprendidos por los residuos produjeron quemaduras, náuseas, diarreas, pérdidas de conciencia y muerte entre quienes entraron en contacto con ellos. La multinacional, sin aceptar responsabilidad alguna, indemnizó a las familias de los fallecidos en 2007 y contribuyó a la limpieza de lo contaminado. El empresario marfileño que esparció los residuos fue condenado en su país a 20 años de prisión; es el único encarcelado. El resto de la trama permanece a salvo, dada su condición de compañía multinacional asentada a la vez en todas partes y en ninguna.
Cada una de las víctimas recibirá 1.600 dólares y... ¡aquí no ha pasado nada! Al fin y al cabo, con ese dinero serán felices esos “miserables subsaharianos”, capaces de vivir con menos de un par de dólares al día. El viejo cóctel de aristocracia sin escrúpulos, dinero fácil y capitalismo global (antes, “colonial”) parece seguir haciendo de las suyas ya entrado el siglo XXI.
* General de Artilería en Reserva
www.solidarios.org.es
Una refinería estatal mexicana había puesto a la venta una gran partida de la llamada “nafta de coque”, una gasolina contaminada que no podía tratar en sus instalaciones. Esto fue descubierto por un directivo de la citada multinacional: “Es lo más barato que uno puede imaginarse —escribía en un correo electrónico— y nos va a proporcionar un buen montón de dólares”. La oficina londinense de la empresa confiaba en obtener unos beneficios de 7 millones de dólares por cada cargamento procesado. Pero para esto era preciso convertir el producto, al que en los mensajes se aludía como “mierda”, en algo vendible. Se decidió emplear sosa cáustica para eliminar las impurezas sulfurosas.
Ese tratamiento tuvo lugar a bordo de un petrolero fondeado en aguas de Gibraltar, entre abril y junio del 2006, donde se mezcló el producto adquirido en México con sosa cáustica y un catalizador. Pero ahí empezaron los problemas, porque como subproducto se obtenía un hediondo y peligroso desecho tóxico del que era preciso deshacerse. Los correos electrónicos prueban que los directivos de la empresa sabían lo que estaban haciendo: “Esta operación está prohibida en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Singapur”, así como en otros muchos países “a causa de la peligrosa naturaleza de los residuos”. La empresa calificó a esos residuos de “agua sucia” y afirmó que eran como la mezcla de agua y petróleo obtenida cuando un petrolero lava sus tanques.
El buque fue rechazado por una compañía de Rotterdam, especializada en la eliminación de residuos tóxicos, que no tragó la mentira y exigía el pago de una elevadísima tarifa para procesar ese tipo de residuos. Se abrió un proceso judicial en Holanda contra la multinacional. Por último, el buque puso proa a Costa de Marfil, donde la carga fue trasvasada a los camiones cisterna de una compañía nativa que se prestó a la operación a precios irrisorios. Entonces se inició la terrible catástrofe medioambiental, pues los peligrosos residuos tóxicos fueron arrojados, sin más contemplaciones, en quince vertederos de los alrededores de Abiyán, la capital del país. Durante 2006, los hospitales de la ciudad no dieron abasto; miles de personas tuvieron que ser atendidas, y al menos doce murieron a causa de los elevados niveles de anhídrido sulfuroso.
Los productos desprendidos por los residuos produjeron quemaduras, náuseas, diarreas, pérdidas de conciencia y muerte entre quienes entraron en contacto con ellos. La multinacional, sin aceptar responsabilidad alguna, indemnizó a las familias de los fallecidos en 2007 y contribuyó a la limpieza de lo contaminado. El empresario marfileño que esparció los residuos fue condenado en su país a 20 años de prisión; es el único encarcelado. El resto de la trama permanece a salvo, dada su condición de compañía multinacional asentada a la vez en todas partes y en ninguna.
Cada una de las víctimas recibirá 1.600 dólares y... ¡aquí no ha pasado nada! Al fin y al cabo, con ese dinero serán felices esos “miserables subsaharianos”, capaces de vivir con menos de un par de dólares al día. El viejo cóctel de aristocracia sin escrúpulos, dinero fácil y capitalismo global (antes, “colonial”) parece seguir haciendo de las suyas ya entrado el siglo XXI.
* General de Artilería en Reserva
www.solidarios.org.es
