Creciente informalidad aurífera
Jorge Manco Zaconetti
Es de todos conocidos la crítica situación de Bolivia tanto a nivel económico, político y social, en gran parte explicados por el fin de la bonanza gasífera, por la exportación que se hacía del gas natural hacia Argentina y Brasil desde el 2008. Socialmente masificaron la cultura del gas natural para satisfacción del 60 % de la población a precios subsidiados, como también subsidiaban los combustibles importados, tales como las gasolinas y el diésel 2. Esta realidad, no es sustentable en el tiempo, y la bomba social debe detonar en el corto plazo.
Si bien desde la nacionalización del gas natural efectuada durante el primer gobierno del expresidente Evo Morales en el 2006, mejoraron los ingresos fiscales y se regularon las utilidades de las empresas privadas sobre todo de aquellas que operan en la producción en el sector de los hidrocarburos, sobre todo de las empresas que explotaban el gas natural. Pues por ley el 100 % de los hidrocarburos son comercializados por la empresa Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB).
Con una agresiva política social para reducir la pobreza extrema en Bolivia durante el gobierno del MAS, (Movimiento de Afirmación Socialista), tuvo resultados positivos pues de una población en extrema pobreza del 38.16% en el 2005, se redujo a niveles de 10.96 % en 2022.
Es decir, la política social fue exitosa con un mix de subsidios pero el manejo económico, agotado el ciclo de la bonanza del gas natural, enfrenta graves problemas, empezando por la escasez de dólares, el bajo nivel de reservas internacionales, la pobre credibilidad financiera internacional, el déficit fiscal, y las fuertes presiones inflacionarias, en un país que en los últimos diez años ha tenido un tasa de inflación anual menor al 3 %. Es más, en algún momento el Banco Mundial hacia el 2016 puso a Bolivia como un país modelo en la lucha contra la pobreza, y en la redistribución social de la riqueza.
En la presente coyuntura, esta situación es insostenible por el creciente déficit fiscal que genera, y más tarde que nunca deberá haber un sinceramiento de los precios de los combustibles, que tendrá una grave oposición social, profundizando la crisis política del país altiplánico, en una población acostumbrada a los subsidios estatales.
Los buenos precios del gas natural son cosas del pasado, no se han repuesto las reservas consumidas, y lo más grave, la producción y las reservas probadas de gas natural en los yacimientos bolivianos se encuentran en los niveles más bajos de su historia, por debajo de los 6.7 trillones de gas natural. Con tales volúmenes apenas tendrían gas natural para abastecer el mercado interno en los próximos años. Si a ello se agrega el bajo nivel de reservas internacionales que no llegan a los US$ 4,000 millones de dólares para un país que expresa un PBI de casi US $ 51 mil millones de dólares, con una población de casi 13 millones de habitantes está considerado como uno de los países más pobres de América Latina, a pesar de las grandes riquezas naturales que posee en el subsuelo.
Según la reconocida World Minnig Data de 2024, ubica al hermano país de Bolivia como el 6.º productor mundial de bismuto, 6.º en antimonio. El sexto productor mundial de tungsteno; el 8.º productor de plomo; y sobre todo el 6.º productor mundial de estaño, donde en algún momento tuvieron el liderazgo mundial, siendo superado en el 2023 por Indonesia con 69 mil toneladas seguida por la República de Birmania con 54 mil toneladas, y la República Popular China con 52 mil toneladas anuales, y luego el Perú con 23 mil toneladas gracias a la empresa Minsur del grupo Brescia que opera en la conflictiva región de Puno, colindante con Bolivia.
De haber tenido el liderazgo mundial en el estaño con los famosos “barones del estaño” como los Patiño, Aramayo, Hochschild, cuyas empresa fueron nacionalizadas con la Revolución del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en 1952, dirigido por el viejo líder populista Víctor Paz Estenssoro. Hoy Bolivia ocupa el 6.º lugar con una producción de estaño para 2023 de 18,693 toneladas.
ORO PARA BOLIVIA
Y, en el caso del oro el país altiplánico según la fuente consultada World Minnig Data, Bolivia ocupaba el puesto 18.º en la producción mundial. Y según el Instituto Nacional de Estadístico de Bolivia, en el 2000 la producción anual de oro de 314 mil onzas de oro troy, en 2006 incluso se produjo menos, llegando a las 269 mil onzas de oro, y en el 2012 trepan a las 959 mil onzas, para mantenerse en el 2014 sobre 1.1 millón de onzas, y escalar a los 1.6 millones de onzas en 2022.
Si se recuerda en el periodo 2012 durante el gobierno de la pareja presidencial corrupta de Humala & Heredia, se procesó una agresiva campaña de interdicción del oro extraído en Madre de Dios y Puno, persiguiendo a la minería ilegal e informal altamente contaminante de ríos, cochas, lagunas por el intensivo uso de mercurio.
Era tan agresiva la campaña de intervención del Estado que se penalizó, criminalizó la explotación informal, que usaba dragas, motores, cisternas, sistemas electrógenos, camiones Volvo entre otros equipos que distaban mucho de la definición legal de la pequeña minería y minería artesanal. Por ello intervino con energía represiva la Policía Nacional y las propias Fuerzas Armadas, destruyendo el capital físico que hacía posible la explotación aurífera en Madre de Dios y en las provincias de Puno, sobre todo Sandia, en plena ceja de selva.
Por tanto, existe la razonable certidumbre de que buena parte de la producción aurífera registrada como producción boliviana proviene de las provincias auríferas de Madre de Dios y Puno de nuestro país, que encuentran mejores posibilidades de realización ante las limitaciones de vigilancia y seguridad de nuestras fronteras.
En términos gruesos entre el 2014 al 2024 en especial cuando se dispara el precio del oro por encima de los US $ 2,000 dólares la onza, podemos estimar que el “oro peruano” que fuga a Bolivia y aparece como producción propia de dicho país promedia el millón de onzas de oro.
Es evidente que un país donde existe una escasez de dólares a pesar de los ingresos provenientes de la coca, sin inversiones importantes en el sector minero, más la necesidad de obtener activos líquidos, nada más valioso que el oro incluso en relación a los dólares.
Lamentablemente el oro que fuga a Bolivia como oro ilegal no abona regalías ni mucho menos impuesto a la renta de allí los ridículos montos percibidos por la región Madre de Dios entre 2004 y 2023, que no superaban los 22.7 millones de soles, cuando es de conocimiento público que la producción promedio es de 15 toneladas anuales es decir más de 15 mil kilos de oro.
De allí que la propia estadística de Bolivia declare los ingresos de exportaciones de minerales manufacturados, siendo el oro el principal producto. Así, en 2010 declaraban US $ 94 millones de dólares por la exportación de oro manufacturado; en 2014 declaraban por el mismo concepto exportaciones por un valor de US $ 1,361 millones de dólares, para subir en 2019 a los US $ 1,739 millones y trepar a los US $ 3,003 millones de dólares en 2022.
Ello de por sí agrava la propia situación de informalidad en nuestro país, por las importantes diferencias entre el oro registrado como volúmenes exportados según el Banco Central de Reserva del Perú, y la producción de oro declarado por el ministerio de Energía y Minas.
Según la información procesada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería. Solamente en los últimos tres años 2021, 2022, y 2023, la diferencia llegó a ser de 7.4 millones de onzas, de procedencia informal e ilegal.
Debiera ser evidente que la producción aurífera del Perú es superior a los seis millones de onzas si se contabilizara la producción que fuga a Bolivia y al Ecuador, donde debemos suponer que el metal amarillo debe tener un mejor precio, una mayor cotización ante la crónica carencia de divisas de Bolivia y Ecuador.
Ello demuestra que la explotación informal, ilegal y delincuencial es un negocio transnacional, que exige una intervención de los Estados afectados, pues no solamente se afecta gravemente el medio ambiente, se perciben menores recursos fiscales, pero sobre todo demuestra la inseguridad de nuestras fronteras. Es decir, se ha convertido en un problema propio de la Defensa Nacional y defensa territorial.
Diario Uno, 13.07.2024
