Antamina: invirtiendo con nuestros impuestos
Por Humberto Campodónico
En la convención minera de Arequipa, en setiembre pasado, el presidente de Antamina anunció que las reservas habían aumentado en más de 70% y que se tenían planes para expandir la capacidad de producción de mineral en 40%, pasando de 94,000 a 130,000 toneladas por día. Agrega el portal de la canadiense Teck, socia de Antamina, que “el estudio de factibilidad está en revisión y los accionistas esperan tomar una decisión en el IV Trimestre” (www.teck.com). El costo de la expansión sería de US$ 920 millones.
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Claro, para que la inversión se materialice deben cumplirse todos los requisitos legales y ambientales. Respecto al financiamiento de la inversión, el presidente de Antamina dijo que “la empresa estaba explorando todas sus opciones financieras”.
Pues bien, ahora se sabe que Antamina ha pedido al Ministerio de Energía y Minas acogerse al Programa de Inversión con cargo a Utilidades No Distribuidas. ¿Qué significa esto? Que de la inversión de US$ 920 millones la empresa dejará de pagar impuestos al fisco peruano por la suma de US$ 276 millones (920 x 30%).
¿Por qué? Porque el programa permite que se reinviertan anualmente hasta el 80% de las utilidades de la empresa minera sin pagar impuesto a la renta (IR). La cuestión es que este programa ―aprobado en 1992, cuando el país salía del proceso de hiperinflación y de la guerra interna― fue derogado en setiembre del 2000 porque, de un lado, las condiciones económicas y sociales ya habían cambiado y, de otro, porque significaba una pérdida importante de ingresos fiscales.
Pero el programa sigue rigiendo para quienes tienen contratos de estabilidad tributaria. Así, tanto Buenaventura como Cerro Verde se acogieron durante Toledo. Lo mismo está pidiendo Antamina. De aprobarse el programa, la región Áncash dejaría de percibir por canon minero el 50% del IR que se deja de pagar: US$ 138 millones.
El gobierno y las empresas argumentan que, con el incremento de la producción, el IR aumentará cuando se culmine la inversión, con lo cual todos saldrían ganando. Cierto, la producción va a aumentar pero lo central es que, con las ganancias obtenidas anteriormente y con los altos precios del cobre y el zinc (bajaron en el 2008 pero han vuelto a subir en el 2009), la empresa tiene la suficiente capacidad financiera para llevar a cabo dichas inversiones. Y las haría de todas maneras, porque le significan ganancia.
No solo eso. En el 2000, Antamina proyectaba recuperar su inversión inicial de US$ 2,200 millones en un plazo de 10 a 15 años. Sin embargo, debido a los altos precios, la inversión fue recuperada en los primeros 3 años (ver cuadro) y su tasa interna de retorno bordea el infinito.
En el 2006 se planteó poner un impuesto a las sobreganancias mineras, incluso por el candidato García. Pero no cumplió, optando por un irrisorio “óbolo minero”. No se anotó el gol cuando había que hacerlo. Hoy, a pesar de las enormes utilidades obtenidas por Antamina en los últimos años (US$ 6,300 millones), la empresa recurre al Programa de Reinversión, con un costo para el fisco de US$ 276 millones.
¿Cuánto se podría mejorar la educación e invertir en ciencia y tecnología con ese dinero? Habrá que preguntárselo al ministro Pedro Sánchez del MEM y también al ministro Carranza del MEF ―que seguramente dará pase a esta reducción de impuestos, pero que sí se pone duro con los reclamos de los trabajadores y docentes universitarios—. Sería bueno que el Congreso y los gobiernos regionales tomen cartas en este asunto que demuestra, una vez más, adónde se sitúan las prioridades gubernamentales (y las de las empresas mineras).
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