Entidades públicas deben informar a la PCM sobre avances en simplificación de trámites
Los ministerios tendrán plazo hasta el 10 de diciembre, las demás entidades tendrán plazo hasta el 15 de diciembre próximo
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha publicado en su página web un formato para que las entidades públicas informen sobre los avances de la simplificación administrativa, estableciendo un cronograma perentorio para el envío de esta información.
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha publicado en su página web un formato para que las entidades públicas informen sobre los avances de la simplificación administrativa, estableciendo un cronograma perentorio para el envío de esta información.
El formato de actualización de datos será utilizado por las 2,184 entidades del sector público de los tres niveles de gobierno, que involucran a los ministerios, organismos públicos descentralizados, gobiernos regionales y municipalidades, entre otras entidades.
Los ministerios y los organismos públicos descentralizados deberán presentar el referido informe hasta el jueves 10 de diciembre, los demás organismos autónomos, gobiernos regionales y municipalidades deberán de hacerlo hasta el martes 15 de diciembre de 2009, refiere la CCL.
El objetivo de la encuesta publicada por la SGP es verificar el real cumplimiento de las disposiciones en materia de simplificación administrativa. Esta encuesta servirá para conocer cuál es el número de procedimientos contenidos en el TUPA vigente de cada entidad, si cuentan o no con un sistema de trámite documentario, cuáles son los procedimientos en los que se han reducido los requisitos, así como los datos de los funcionarios responsables de la implementación de las normas exigidas por la PCM.
En efecto, las entidades deberán informar a la PCM cuáles han sido los avances en la simplificación de sus trámites entre setiembre 2008 a octubre 2009, anotando el número de mejoras en sus procedimientos.
Por ejemplo, deberán informar en cuántos procedimientos han reducido los requisitos, en cuántos han rebajado los derechos de trámite, cuántos procedimientos han pasado de silencio negativo a silencio positivo, cuántos procedimientos califican como de aprobación automática, cuántos procedimientos han sido eliminados por innecesarios, entre otros.
Como se recordará, en el año 2007 se publicó la Ley de Silencio Administrativo - Ley N.º 29060, que a la fecha ya tiene un año y 11 meses de vigencia. Sin embargo, se constata que los avances en la simplificación de los trámites aún siguen siendo lentos y que la gran mayoría de entidades (74%), especialmente municipalidades no ha cumplido con adecuar su TUPA a las disposiciones de la nueva ley
La CCL espera que una vez vencido el plazo que tienen las entidades para informar sobre los avances en la simplificación de los trámites, la PCM difunda los resultados de la encuesta a fin que la ciudadanía pueda identificar a las entidades que han cumplido y a las que aún están en mora y a casi dos años de vigencia vienen desacatando la Ley del Silencio Administrativo.
Para el gremio empresarial, es importante que la PCM identifique la lista de entidades que no han actualizado su TUPA pero además, en coordinación con el INDECOPI y la Contraloría de la República, identifiquen a los funcionarios que vienen desacatando la ley, a quienes se debe investigar y aplicar las sanciones que van desde la amonestación, la suspensión hasta la destitución del cargo, tal como lo dispone la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Los ministerios y los organismos públicos descentralizados deberán presentar el referido informe hasta el jueves 10 de diciembre, los demás organismos autónomos, gobiernos regionales y municipalidades deberán de hacerlo hasta el martes 15 de diciembre de 2009, refiere la CCL.
El objetivo de la encuesta publicada por la SGP es verificar el real cumplimiento de las disposiciones en materia de simplificación administrativa. Esta encuesta servirá para conocer cuál es el número de procedimientos contenidos en el TUPA vigente de cada entidad, si cuentan o no con un sistema de trámite documentario, cuáles son los procedimientos en los que se han reducido los requisitos, así como los datos de los funcionarios responsables de la implementación de las normas exigidas por la PCM.
En efecto, las entidades deberán informar a la PCM cuáles han sido los avances en la simplificación de sus trámites entre setiembre 2008 a octubre 2009, anotando el número de mejoras en sus procedimientos.
Por ejemplo, deberán informar en cuántos procedimientos han reducido los requisitos, en cuántos han rebajado los derechos de trámite, cuántos procedimientos han pasado de silencio negativo a silencio positivo, cuántos procedimientos califican como de aprobación automática, cuántos procedimientos han sido eliminados por innecesarios, entre otros.
Como se recordará, en el año 2007 se publicó la Ley de Silencio Administrativo - Ley N.º 29060, que a la fecha ya tiene un año y 11 meses de vigencia. Sin embargo, se constata que los avances en la simplificación de los trámites aún siguen siendo lentos y que la gran mayoría de entidades (74%), especialmente municipalidades no ha cumplido con adecuar su TUPA a las disposiciones de la nueva ley
La CCL espera que una vez vencido el plazo que tienen las entidades para informar sobre los avances en la simplificación de los trámites, la PCM difunda los resultados de la encuesta a fin que la ciudadanía pueda identificar a las entidades que han cumplido y a las que aún están en mora y a casi dos años de vigencia vienen desacatando la Ley del Silencio Administrativo.
Para el gremio empresarial, es importante que la PCM identifique la lista de entidades que no han actualizado su TUPA pero además, en coordinación con el INDECOPI y la Contraloría de la República, identifiquen a los funcionarios que vienen desacatando la ley, a quienes se debe investigar y aplicar las sanciones que van desde la amonestación, la suspensión hasta la destitución del cargo, tal como lo dispone la Ley del Procedimiento Administrativo General.
