Zonzos e incentivos tributarios
Por Humberto Campodónico
La Ley 29482, que otorga una serie de incentivos a las inversiones futuras (ojo) en actividades productivas en zonas andinas por encima de los 2,500 metros, es un claro indicador de lo que será el comportamiento de Alan García en este año electoral. Diversos representantes de la derecha neoliberal lo han criticado porque “tira a la basura el modelo económico”, que se pronuncia por un solo juego de reglas para todos, lo que quiere decir NO a los incentivos tributarios sectoriales o geográficos.
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La Ley 29482, que otorga una serie de incentivos a las inversiones futuras (ojo) en actividades productivas en zonas andinas por encima de los 2,500 metros, es un claro indicador de lo que será el comportamiento de Alan García en este año electoral. Diversos representantes de la derecha neoliberal lo han criticado porque “tira a la basura el modelo económico”, que se pronuncia por un solo juego de reglas para todos, lo que quiere decir NO a los incentivos tributarios sectoriales o geográficos.
Pero la gran mayoría de los presidentes de los gobiernos regionales la han apoyado, mientras que García llamó “zonzos” a los opositores. Más allá de los adjetivos, los presidentes regionales y García tienen razón (aunque García no da puntada sin nudo). Veamos por qué.
Los incentivos tributarios (en jerga económica, Gastos Tributarios) se aplican en todo el mundo. En China, India, Taiwán, Singapur y Corea del Sur han sido la regla y no la excepción, como tuvo que admitirlo, tan lejos como en 1993, el propio Banco Mundial en su libro “El milagro del sudeste asiático”.
En América Latina, según reciente estudio de CEPAL, los gobiernos neoliberales de México y Colombia tienen incentivos tributarios de 5.9 y 3.5% del PBI, mientras que en Chile y Brasil estos son el 5.0 y 2.3% del PBI. En Perú “solo” ascienden a 2.1% del PBI (el desagregado está en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF).
En teoría económica, el premio Nobel Paul Krugman (entre otros) argumenta que existen situaciones donde las “industrias nacientes” de los países en desarrollo deben tener incentivos de algún tipo pues, de otra manera, no podrían competir con aquellas ya establecidas en los países industrializados.
Es el caso de Camisea, que tuvo estos incentivos: 1) depreciación acelerada (5 años, en lugar de 15), 2) devolución anticipada del IGV, 3) arrastre de pérdidas por 8 años (en lugar de 4), 4) pago fraccionado de aranceles en 7 años (y no “al toque”), 5) garantía de ingresos mínimos para el gasoducto (que pagamos todos en la factura eléctrica), 6) garantía de demanda mínima para los productores (el “take or pay” fue asumido por Electroperú).
Sin esos incentivos (algunos tributarios y otros no) el gas se hubiera quedado bajo tierra porque no era rentable. ¿Qué mejor prueba de que, en determinadas circunstancias (ojo), los Estados pueden y deben otorgar incentivos? No solo eso. En el Perú estos ya existen; la devolución de los aranceles a los exportadores por el 8% de sus ingresos (S/. 900 millones en el 2009) y la exoneración del IGV a los seguros de vida (S/. 252 millones en el 2009).
Hay más. Las empresas mineras con estabilidad tributaria pueden reinvertir sus utilidades (hasta en un 80%) sin pagar impuesto a la renta. Fue el caso de Cerro Verde (se dejó de percibir US$ 240 millones) y ahora de Antamina (se dejarán de recaudar US$ 270 millones). ¿Algún neoliberal ha levantado la voz contra estos incentivos, a los que se añade la exoneración del impuesto a la renta a las ganancias de capital en la BVL (que recién en el 2010 comenzarán a pagar)?
La Ley 29482 demuestra que la “conversión” de García al neoliberalismo es una cuestión de conveniencia, siempre y cuando los tributos en cuestión no afecten su relación con los grandes empresarios (la Confiep apoya la Ley 29482). Dicho esto, la Ley es solo un primer paso para el desarrollo de la Sierra y no cambia el modelo económico. Igual, feliz 2010 para todos.
www.cristaldemira.com
Los incentivos tributarios (en jerga económica, Gastos Tributarios) se aplican en todo el mundo. En China, India, Taiwán, Singapur y Corea del Sur han sido la regla y no la excepción, como tuvo que admitirlo, tan lejos como en 1993, el propio Banco Mundial en su libro “El milagro del sudeste asiático”.
En América Latina, según reciente estudio de CEPAL, los gobiernos neoliberales de México y Colombia tienen incentivos tributarios de 5.9 y 3.5% del PBI, mientras que en Chile y Brasil estos son el 5.0 y 2.3% del PBI. En Perú “solo” ascienden a 2.1% del PBI (el desagregado está en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF).
En teoría económica, el premio Nobel Paul Krugman (entre otros) argumenta que existen situaciones donde las “industrias nacientes” de los países en desarrollo deben tener incentivos de algún tipo pues, de otra manera, no podrían competir con aquellas ya establecidas en los países industrializados.
Es el caso de Camisea, que tuvo estos incentivos: 1) depreciación acelerada (5 años, en lugar de 15), 2) devolución anticipada del IGV, 3) arrastre de pérdidas por 8 años (en lugar de 4), 4) pago fraccionado de aranceles en 7 años (y no “al toque”), 5) garantía de ingresos mínimos para el gasoducto (que pagamos todos en la factura eléctrica), 6) garantía de demanda mínima para los productores (el “take or pay” fue asumido por Electroperú).
Sin esos incentivos (algunos tributarios y otros no) el gas se hubiera quedado bajo tierra porque no era rentable. ¿Qué mejor prueba de que, en determinadas circunstancias (ojo), los Estados pueden y deben otorgar incentivos? No solo eso. En el Perú estos ya existen; la devolución de los aranceles a los exportadores por el 8% de sus ingresos (S/. 900 millones en el 2009) y la exoneración del IGV a los seguros de vida (S/. 252 millones en el 2009).
Hay más. Las empresas mineras con estabilidad tributaria pueden reinvertir sus utilidades (hasta en un 80%) sin pagar impuesto a la renta. Fue el caso de Cerro Verde (se dejó de percibir US$ 240 millones) y ahora de Antamina (se dejarán de recaudar US$ 270 millones). ¿Algún neoliberal ha levantado la voz contra estos incentivos, a los que se añade la exoneración del impuesto a la renta a las ganancias de capital en la BVL (que recién en el 2010 comenzarán a pagar)?
La Ley 29482 demuestra que la “conversión” de García al neoliberalismo es una cuestión de conveniencia, siempre y cuando los tributos en cuestión no afecten su relación con los grandes empresarios (la Confiep apoya la Ley 29482). Dicho esto, la Ley es solo un primer paso para el desarrollo de la Sierra y no cambia el modelo económico. Igual, feliz 2010 para todos.
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