Por César Córdova Ponce
A más de uno les habrá sorprendido que César Álvarez haya mostrado su conformidad con el Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE. Pues claro, cómo no va a estar de acuerdo, si con las medidas complementarias contenidas en la Resolución Ministerial 433-2012-PRODUCE la ministra Triveño dio marcha atrás en los objetivos iniciales del gobierno en frenar la producción de harina con anchoveta destinada al consumo humano directo y cedió ante la presión política ejercida por el presidente regional de Ancash. Es decir, el ilegal negocio de la harina negra resistió el embate y sigue firme, y ahora hasta con espaldarazo ministerial.
Por otro lado, la reciente publicación de la resolución del PRODUCE que autoriza la reducida cuota de 810 mil toneladas de anchoveta para la segunda temporada de pesca 2012, fue acompañada por las preocupantes declaraciones de la ministra Triveño en el sentido que la biomasa de anchoveta está estimada por IMARPE en 5.3 millones de toneladas, por lo que señaló que era recomendable dictar medidas urgentes para preservar el recurso y evitar consecuencias fatales en el futuro. En esa dirección, determinó reducir dicha cuota en un 68% con respecto a la del año pasado, lo que ha motivado lógica reacción en los pescadores industriales, quienes acatan de manera responsable año tras año, las cuotas que dispone PRODUCE al amparo de los informes científicos y las recomendaciones del IMARPE.
Pues bien, en esa línea austera que se ha propuesto el gobierno en el uso del recurso, es sumamente contradictorio que se mantenga vigente el Decreto Supremo 017-2011-PRODUCE que establece el 40% como descarte de la anchoveta destinada al consumo humano directo para ser usada en la elaboración de harina de pescado. Una norma netamente pro harinera que no se debe admitir y con mucha más razón, en los actuales momentos en los que la ministra Gladys Triveño ha declarado que la preservación de la anchoveta es un objetivo nacional.
En ese sentido, la fiscalización del recurso anchoveta debe ser observada en todos los actores que ejercen presión sobre su biomasa, no solamente en la extracción sino también en su uso como materia prima, de tal manera que llama la atención la poca voluntad del gobierno en optimizar su uso destinado al consumo humano directo y no se percate del impacto negativo de esta norma en mención que solamente alienta su desvío a la producción de harina.
La derogatoria de esta norma, que fue arrancada por César Álvarez al ministro de ese entonces Kurt Burneo luego de presionarlo políticamente, es urgente y necesaria en los actuales momentos en que se busca preservar el recurso y debe ser el primer paso que tiene que dar el gobierno para fiscalizar el destino y el uso racional del recurso tanto en las embarcaciones de menor escala como en las plantas conserveras instaladas en nuestro litoral, que permita mantener el equilibrio responsable que debe existir entre la pesca extraída y su demanda real en esta actividad productiva.
El Decreto Supremo 017-2011-PRODUCE simplemente es una clara oposición al objetivo nacional de preservar el recurso anchoveta expresado por la ministra Triveño, por lo que su derogatoria es de urgente necesidad.
