Un informe del ministerio de Agricultura de Argentina advierte sobre un plan para despojar de nueve millones de hectáreas a campesinos e indígenas de ese país, por la voracidad de empresas privadas e incluso sectores estatales.
Según el informe, el número de disputas por terrenos comprende un área 455 veces mayor que la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con conflictos que involucran a 63.843 personas.
En la mitad de los casos las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, mientras que el 64% de los conflictos comenzaron en las últimas dos décadas.
El informe concluye que es necesario dar “pasos políticos para acabar con la exclusión social en el campo».
El investigador Rolando Núñez afirma que existe «toda una trama» que se dedica a buscar y detectar a los pequeños productores en situaciones de crisis económica para empujarlos a vender o abandonar sus tierras.
«Se acercan a ellos, les prometen pagar buen precio, y cuando aceptan, los desalojan inmediatamente», explica el investigador, agregando que «cuando no aceptan, comienzan con la segunda estrategia, que es el hostigamiento» y agregó que en muchos casos recurren directamente «a la violencia, a la presión, a la intimidación e incluso a los castigos».
