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Alan Fairlie Reinoso
América Latina, es una de las regiones que se ha visto severamente golpeada a causa de la pandemia, originando una de las más grandes crisis económicas, llevándonos a situar al PIB per cápita a niveles similares al 2010. Sus efectos se han hecho sentir no solo en el aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza, sino también en la caída en el flujo comercial regional, pese a que esta fue menor en comparación a la registrada durante la crisis financiera de 2008-2009. De otro lado, la pandemia tuvo implicancias significativas en los patrones de comercio y consumo, pues se observó que el comercio de servicios basados en las TIC y tecnología digital presentó mejoras como consecuencia de las medidas de confinamiento tomadas por los países de la región, que llevó a que tanto las empresas como los consumidores migren hacia canales de venta o compra digitales.
De acuerdo con la CEPAL, la penetración del comercio electrónico aceleró el lento proceso de transformación digital en la región. Entre los principales cambios que se observaron en los patrones del comercio electrónico fue el del perfil socioeconómico de los consumidores, pues aumentaron las compras de hogares con menores ingresos. Asimismo, se registró un aumento en cuanto a los servicios de educación en línea, y la transmisión de música y video y los juegos.
Sin embargo, la región presenta algunos obstáculos que han frenado el impulso del comercio electrónico y digital, producto de los problemas estructurales que los países vienen arrastrando, siendo el principal el acceso a Internet, pues este servicio no llega a todos, existiendo grandes brechas entre las zonas rurales y urbanas, y en caso de que llegue suele ser de baja calidad y costosa. Aunado a ello, las competencias digitales no se encuentran adecuadamente desarrolladas y las tecnologías digitales en las empresas, particularmente en las pymes, es escasa; lo que, combinado a la baja inclusión financiera, constituyen cuellos de botella para el desarrollo del comercio electrónico en los paises latinoamericanos.
Asimismo, la CEPAL resalta que las “medidas de facilitación del comercio carecen de coordinación entre los organismos fronterizos y los operadores privados, mientras que la adopción de nuevas tecnologías sigue siendo escasa”. Además, los acuerdos comerciales preferenciales incluyen pocas disposiciones para facilitar el comercio digital, tanto de bienes como de servicios. Asimismo, en términos de bloques económicos, se observa diferencias en términos de marcos regulatorios para el comercio digital transfronterizo. La Alianza del Pacífico, ha adoptado el mayor número de disposiciones sobre comercio electrónico y ha iniciado conversaciones para establecer un protocolo adicional para el comercio digital transfronterizo y el comercio electrónico, incluidas disposiciones sobre el reconocimiento mutuo de la firma digital y electrónica, la protección del consumidor en línea y los productos transmitidos digitalmente (como software, videojuegos, video y sonido). En cambio, el MERCOSUR ha participado en pocas negociaciones fuera del bloque, y se encuentra llevando a cabo negociaciones para establecer un protocolo para el comercio electrónico, lo que ha dado lugar a una brecha sustancial entre las disposiciones reales y potenciales sobre comercio electrónico.
Es así que, pese a que durante el 2020 la región haya tomado un conjunto de medidas para promover la transformación digital y con ello el comercio electrónico y digital, se observa que las estrategias nacionales varían sustancialmente de un país a otro. Son pocos los países que han hecho un esfuerzo multidimensional y coordinado para promover el comercio electrónico. En ese sentido, la CEPAL, a través de su reciente publicación “POST PANDEMIC COVID-19 ECONOMY RECOVERY: Enabling Latin America and the Caribbean to better harness e-commerce and digital trade”, plantea las siguientes recomendaciones:
• Planes de infraestructura digital. Orientado a que los gobiernos establezcan medidas que no solo atiendan la emergencia, sino que sean de largo plazo, proporcionando para ello el adecuado marco regulatorio que fomente la coordinación público-privada para garantizar un acceso universal asequible a Internet de alta calidad.
• Mejorar la facilitación del comercio y la logística para sostener el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo. A través del desarrollo de capacidades y la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y blockchain, que permitan automatizar los procesos de evaluación, así como los procedimientos.
• Modernizar los marcos regulatorios y legales para los pagos electrónicos y digitales, especialmente los pagos digitales transfronterizos. Profundizar la penetración de los sistemas de pago electrónicos y digitales, preservando al mismo tiempo la privacidad y garantizando la confianza.
• Apoyo a las MIPYMES. Adoptar medidas para reducir los costos del comercio y los obstáculos a la entrada de las MIPYMES al comercio electrónico y plataformas digitales. Capacitar a las MIPYMES en habilidades digitales básicas y nuevos modelos de negocio para garantizar su participación en el comercio digital.
• Intensificar los esfuerzos para medir el comercio electrónico y las transformaciones digitales. Asociado a procesos de políticas más responsables, efectivas y basados en la evidencia.
La recuperación económica de nuestras economías requiere del establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo. El comercio electrónico debe ser visto como una herramienta para ello y los países de la región deben promover el intercambio de experiencias entre sí, pero también con otras regiones, así como participar en los esfuerzos de cooperación internacional para cerrar las brechas digitales y regulatorias en la materia.
Para aportar al desarrollo y recuperación económica de la región andina, desde mi labor como Parlamentario Andino presenté y se aprobó la Recomendación N.° 429: para Impulsar el Comercio Electrónico a fin de Generar un Crecimiento más Inclusivo en los Países de la Región Andina, la misma que promueve el enfoque integral en la formulación de políticas de comercio electrónico, donde se incluya la coordinación de políticas de comercio exterior, tributarias y de protección del consumidor; así como, la cooperación de todos los niveles gubernamentales. Además, busca establecer políticas que ayuden a las micro, pequeñas y medianas empresas a comerciar por Internet.
