El capital sí tiene patria

Esta premisa es falsa y no es aceptada por la enorme mayoría de países en desarrollo (PED) que consideran clave el derecho soberano de otorgar tratamiento diferenciado a sus empresas. Por eso, en la Ronda Doha de la OMC, los PED acordaron excluir de la agenda a la inversión extranjera (Cancún, 2003), pues consideraron que ello es materia de negociación entre los países (repitámoslo, de negociación) y que no era conveniente incluirla ahora.

Pero Fujimori lo incluyó en la Constitución de manera unilateral y “graciosa”, cediendo el mercado nacional a cambio de nada. Esto no figura en la Constitución de EE. UU, de ningún país europeo y, tampoco, de América Latina.

Por eso, el Art. 63 se debe derogar ya para volver al pensamiento mundial mayoritario, que está en la Constitución de 1979 de Haya de la Torre: “Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede también el Estado establecer reservas de dichas actividades en favor de los peruanos” (Art. 114). Así de simple.

Lo segundo es que para el neoliberalismo no hay sectores estratégicos, donde  el Estado debe cumplir un papel central, ya sea en una función reguladora o con actividad empresarial directa. Eso sucede en EE. UU., donde no se permitió a Dubai Ports (de Emiratos Árabes) adquirir el puerto de Nueva York, ni que la estatal china CNOOC compre la petrolera Unocal. Hay muchos ejemplos más, como por ejemplo que todo el servicio de cabotaje doméstico tiene que ser realizado por empresas norteamericanas.

Así, cada país define “su” sector estratégico y actúa en consecuencia. Pero aquí no. El petróleo y el gas es todo extranjero (Petroperú agoniza), así como todas las minas. Lo mismo va a suceder con los puertos y aeropuertos. Pero en Chile la estatal ENAP es dueña de las dos únicas refinerías de petróleo, y la minera estatal de cobre Codelco es la primera del mundo (además le da un canon del 10% de las exportaciones a sus FF. AA.).

Lo negativo del “trato nacional” se eleva exponencialmente cuando los gobiernos neoliberales permiten que empresas de países vecinos controlen sectores estratégicos, como el espacio aéreo, el transporte naviero y los servicios de carga, así como la distribución nacional de combustibles (Primax es 50% de ENAP y 50% del Grupo Romero). Más grave aún: con Chile tenemos un diferendo marítimo.
Por lo expuesto, la derogatoria del Art. 63 no tiene nada que ver con el “cambio del modelo económico”. Lo único que hace es volver a igualarnos con las leyes mundiales (incluida la chilena), que se reservan el derecho de otorgar trato diferenciado a sus empresas y ejercer soberanía nacional sobre los sectores estratégicos.

La aparición del “espía peruano” debiera hacer reflexionar a toda la clase política y empresarial sobre la absoluta necesidad de devolver al Estado los roles ya señalados. Pero no. Alan García se llena la boca de adjetivos bravucones (muchos fuera de lugar), pero no mueve un dedo para derogar el Art. 63 ni para definir sectores estratégicos ni, menos, tomar medidas que permitan revertir la actual situación, como la revisión del actual TLC con Chile.

El problema de fondo es que “el capital sí tiene patria” (incluso en la globalización) y sí existen sectores estratégicos. Eso lo saben todos los políticos del mundo (incluidas la derechas nacionalistas), menos los gobiernos peruanos, que siguen abrazando el fundamentalismo neoliberal de la Constitución de 1993. Su lema es “no cambiar nada, para que nada cambie”.  Mientras siga el inmovilismo, nuestros problemas se agravarán.
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Nota: Hubo un error en el cuadro de nuestro artículo “No uno, sino varios PBI per cápita” (18/11/09). El cuadro corregido aparecerá mañana sábado.

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