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Se acaba de firmar en Manaos el “Acuerdo para el Suministro de Electricidad al Perú y la Exportación de Excedentes al Brasil”. Se trata de la construcción de centrales hidroeléctricas en la selva peruana que abastecerán el mercado nacional y, también, exportarán electricidad a Brasil.
Miramos con simpatía todo intento de integración energética pues se trata de un objetivo que permite que dos países (o más) exploten sus recursos de manera tal que ambos obtengan beneficios. El anuncio, además, es refrescante pues son pocos los avances en integración energética en los últimos años, aparte de la construcción de redes de transmisión entre algunos países (Perú-Ecuador y en toda América Central).
Por el contrario, se vinieron abajo los planes de construcción del gasoducto del Sur (que iría desde Venezuela hasta Argentina) y, también, se rompieron los acuerdos de exportación de gas entre Argentina y Chile. Así, lo que queda son las antiguas represas de Salto Grande, Yacyretá e Itaipú y los gasoductos que unen a Bolivia con Brasil y Argentina.
No solo eso. Ahora pareciera que a varios países de la Región más les interesa “la seguridad del suministro”, venga de donde venga la energía, lo cual se demostraría con la construcción de plantas regasificadoras de Gas Natural Licuado (GNL) que permiten el abastecimiento vía tanques metaneros que traen el gas de cualquier parte del mundo.
No es el caso del Acuerdo Perú/Brasil, que establece que se construirán centrales por un máximo de 6,000 MW (con una tolerancia de 20%) y la energía se venderá, primero al mercado regulado peruano, luego al mercado libre peruano y, de haber excedentes, estos serán exportados al Brasil. Y excedentes va a haber porque la actual capacidad peruana de generación es de 5,000 MW y no vamos a utilizar 6,000 MW más en ningún futuro cercano.
Una vez establecida la cantidad necesaria para el mercado peruano —y sus respectivos precios— se determinará la cantidad de electricidad para la exportación, lo que tendrá una duración de 30 años y no podrá ser modificado.
Así, parecería un Acuerdo que cumple con los objetivos elementales de la deseada integración energética, a los cuales se añade una meta geopolítica: un acuerdo con la sétima economía del mundo que es, además, la primera potencia económica, productiva y comercial de la Región implica la puesta en marcha de intereses comunes, lo que desemboca en lazos políticos importantes.
Pero cuando se mira con más detalle se encuentran las falencias propias de la concepción abiertamente liberal adoptada por el Perú desde hace más de 20 años. Veamos. Brasil establece claramente sus intereses estratégicos en el campo energético sobre la base de dos empresas estatales eficientes (Petrobrás y Eletrobrás), que se apoyan en uno de los bancos de fomento más grandes del mundo (el BNDES).
En este acuerdo, los proyectos fueron desarrollados por Eletrobrás, que invertirá, con la participación de grandes empresas como Odebrecht y Andrade Gutierrez, los US$ 15,000 millones que cuestan las centrales. En el Perú lo que prima no son los objetivos estratégicos del Estado (no tenemos un Plan Energético de Largo Plazo) sino los objetivos de negocios de las empresas energéticas que se afincan en el país. Una muestra: Electroperú está excluida del proceso.
Ese es el problema principal, al cual se agregan —con igual calidad y mérito— una serie de objeciones acerca de los impactos negativos en el medio ambiente y en el banco genético de especies, algo que ha sido resaltado, entre otros, por Marc Dourojeanni y organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Si un Estado no tiene claras sus prioridades nacionales, el objetivo deseado de la integración energética del Acuerdo Perú-Brasil podría terminar en su contrario, como ha sido, por ejemplo, la exportación del gas de Camisea por el consorcio Peru LNG. Esperemos que eso no suceda.
www.cristaldemira.com
Por el contrario, se vinieron abajo los planes de construcción del gasoducto del Sur (que iría desde Venezuela hasta Argentina) y, también, se rompieron los acuerdos de exportación de gas entre Argentina y Chile. Así, lo que queda son las antiguas represas de Salto Grande, Yacyretá e Itaipú y los gasoductos que unen a Bolivia con Brasil y Argentina.
No solo eso. Ahora pareciera que a varios países de la Región más les interesa “la seguridad del suministro”, venga de donde venga la energía, lo cual se demostraría con la construcción de plantas regasificadoras de Gas Natural Licuado (GNL) que permiten el abastecimiento vía tanques metaneros que traen el gas de cualquier parte del mundo.
No es el caso del Acuerdo Perú/Brasil, que establece que se construirán centrales por un máximo de 6,000 MW (con una tolerancia de 20%) y la energía se venderá, primero al mercado regulado peruano, luego al mercado libre peruano y, de haber excedentes, estos serán exportados al Brasil. Y excedentes va a haber porque la actual capacidad peruana de generación es de 5,000 MW y no vamos a utilizar 6,000 MW más en ningún futuro cercano.
Una vez establecida la cantidad necesaria para el mercado peruano —y sus respectivos precios— se determinará la cantidad de electricidad para la exportación, lo que tendrá una duración de 30 años y no podrá ser modificado.
Así, parecería un Acuerdo que cumple con los objetivos elementales de la deseada integración energética, a los cuales se añade una meta geopolítica: un acuerdo con la sétima economía del mundo que es, además, la primera potencia económica, productiva y comercial de la Región implica la puesta en marcha de intereses comunes, lo que desemboca en lazos políticos importantes.
Pero cuando se mira con más detalle se encuentran las falencias propias de la concepción abiertamente liberal adoptada por el Perú desde hace más de 20 años. Veamos. Brasil establece claramente sus intereses estratégicos en el campo energético sobre la base de dos empresas estatales eficientes (Petrobrás y Eletrobrás), que se apoyan en uno de los bancos de fomento más grandes del mundo (el BNDES).
En este acuerdo, los proyectos fueron desarrollados por Eletrobrás, que invertirá, con la participación de grandes empresas como Odebrecht y Andrade Gutierrez, los US$ 15,000 millones que cuestan las centrales. En el Perú lo que prima no son los objetivos estratégicos del Estado (no tenemos un Plan Energético de Largo Plazo) sino los objetivos de negocios de las empresas energéticas que se afincan en el país. Una muestra: Electroperú está excluida del proceso.
Ese es el problema principal, al cual se agregan —con igual calidad y mérito— una serie de objeciones acerca de los impactos negativos en el medio ambiente y en el banco genético de especies, algo que ha sido resaltado, entre otros, por Marc Dourojeanni y organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Si un Estado no tiene claras sus prioridades nacionales, el objetivo deseado de la integración energética del Acuerdo Perú-Brasil podría terminar en su contrario, como ha sido, por ejemplo, la exportación del gas de Camisea por el consorcio Peru LNG. Esperemos que eso no suceda.
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