Gobierno protegería corrupta exportación de gas
Como si no fuese suficiente incumplir las promesas de no exportar gas, todo parece indicar que el gobierno de Ollanta Humala es muy reacio a afirmar la soberanía del Perú, y se pronostica que el Procurador del Estado apelará la sentencia judicial que anula la exportación del gas del Lote 98. Los felipillos y entreguistas más radicales que rodean a Ollanta Humala están enfurecidos ante la posibilidad de que el consorcio extranjero pierda el faenón y deje de exportar el gas de todos los peruanos a Chile y otros países.
Leamos lo que informa el diario La Primera sobre este escándalo de corrupción y de traición a la patria.
Sentencia es un llamado de atención al Ejecutivo
“Dictamen del Poder Judicial que anula normas que permitieron entrega del Lote 88 es defendido por especialistas y cuestionan la intención oficial de apelar sentencia."
Tras la sentencia de la Cuarta Sala Civil de Lima que declaró nulos, sin efecto e inconsistentes los D.S 050-2005-EM y D.S 006-2006-EM que facilitaron el faenón gasífero, diferentes especialistas saludaron la “valentía” del Poder Judicial para dictaminar dicha sentencia y dijeron que el dictamen es un jalón de orejas al gobierno para reiniciar las conversaciones, en la brevedad posible, con el Consorcio Camisea. Cuestionan la intención del Ejecutivo de apelar la sentencia, pues, en lugar de defender los intereses nacionales, protegen los intereses del privado.
Los especialistas César Gamboa y Jorge Manco Zaconetti esperan, si es que el Ministerio de energía y Minas (MEM) decide apelar la sentencia que es lo más probable pues ya lo dejó entrever Perúpetro, que las otras instancias judiciales ratifiquen el dictamen que defiende los intereses nacionales.
El director de políticas de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, indico que la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima “es una llamada de atención” al Poder Ejecutivo para reiniciar las conversaciones con el Consorcio Camisea para recuperar los 2.5 TCF (trillones de pies cúbicos) de Gas Natural del Lote 88 que el privado mantiene como garantía en entidades financieras internacionales.
“Es necesario que se reinicie las conversaciones en vista que el anterior ministro (Carlos Herrera Descalzi) no fue claro en este tema. Han pasado casi cinco meses desde que ingresó esta nueva administración y no se avanzó nada. Lo que hizo el Poder Judicial con dicha sentencia es simplemente lo que no se atreve hacer el Poder Ejecutivo”, dijo Gamboa.
Sobre este punto, hay que recordar que Perúpetro, la empresa estatal que representa al Estado frente a las conversaciones con el Consorcio Camisea para recuperar el gas del Lote 88 y equiparar las regalías que paga la exportación, decidió a pedido del Consorcio suspender las negociaciones hasta el primer cuatrimestre de 2012. De esta manera, pasarían más de 22 meses desde que se inició las conversaciones en junio 2010 y no se ven avances.
“La suspensión de las negociaciones despierta muchas suspicacias y preocupación. No se puede dar tanto tiempo, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es asegurar la demanda interna de Gas Natural en la brevedad posible pero no hace mucho. En la práctica el Poder Judicial con esta sentencia ha hecho más que el Ejecutivo para que el gas del Lote 88 (2.5 TCF) retorne al consumo interno”, indicó.
El especialista de DAR ve una división de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en lo referido al Gas Natural de Camisea. Una muestra de ello se aprecia en las primeras declaraciones del presidente de Perúpetro Aurelio Ochoa quien vislumbro la intención del Ejecutivo que sería apelar la sentencia.
El funcionario dijo “una cosa es el Poder Judicial y otra el Poder Ejecutivo (…) no hay una sentencia oleada y sacramentada. Hay instancias superiores donde se tendrá que ver este caso, pero es una noticia que merece reflexión”. Si bien el Ejecutivo está en su derecho de apelar la sentencia, la misma de hacerse va en contra del discurso oficial y presidencial que prometieron a la ciudadanía recuperar el gas del Lote 88 para el mercado interno.
“Mientras que el Poder Judicial ordena algo, el Poder Ejecutivo tiene una visión diferente. El Ejecutivo tiene otra estrategia para recuperar el gas del Lote, el problema es que a la fecha no ha dado ninguna salida al problema. Han pasado casi cinco meses y no se avanzó nada”, advirtió.
El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, resume este comportamiento del Presidente de la República y de las autoridades gubernamentales frente al gas de Camisea con la siguiente frase: “Es una paradoja de la historia, ganas con la izquierda y gobiernas con la derecha”, dijo. Añadió “parece que hay un distanciamiento con lo afirmado sobre el Gas Natural en la campaña presidencial”.
Coincide con la sentencia de la Cuarta Sala Civil e indica que los decretos supremos (D.S. 050-2005-EM y D.S 006-2006-EM) no tienen rigor jurídico. Es decir, una norma de menor rango como dichos decretos no pueden modificar una norma de mayor valía como lo es una ley.
ESPERAN APELACIÓN DEL ESTADO
En opinión de Manco Zaconetti, la sentencia de la Cuarta Sala Civil de Lima “es valiente” desde el punto de vista legal, pero recalcó que es LA PRIMERA instancia y es muy probable que el procurador del estado peruano apele la sentencia.
“Fuera de la valentía y honestidad del juzgado, esos decretos supremos no tienen rigor jurídico. Y lo más probable es que el procurador apele la sentencia y con el poder político que lo respalda, lo mas probable es que dicha sentencia duerma el sueño de los justos en el Poder Judicial”, advirtió.
Sobre este punto, el ciudadano cusqueño Mario Hanco Chuco quien junto a la excongresista y ahora viceministra de Minas Susana Vilca (según Hanco, abandonó el proceso en los primeros meses del presente año) interpuso la Acción Popular en contra de los mencionados decretos supremos dijo a LA PRIMERA que la parte demandada (el MEM) tiene hasta el próximo miércoles para apelar la sentencia.
Pedro Pacheco, abogado de Hanco Chuco, vislumbra lo que se viene. Prevé que mañana (si es que no se hizo el viernes, fecha en que el Poder Judicial notificó a las partes) el Gerente Legal de Perúpetro informe a los miembros del Directorio determinando la legalidad o no del fallo judicial.
Posteriormente la OCI órgano de control Institucional de Perúpetro notifique al Contralor General de la Republica indicando si hay responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios que participaron en la modificación del contrato.
Por último, se espera el informe del Procurador Público de Asuntos Constitucionales (PPAC) al Ministro de Justicia y de energía opinando por impugnar o no impugnar la sentencia desfavorable a la posición del anterior Poder Ejecutivo.
“Todo indica que van apelar y seguiremos con el proceso. Nuestra denuncia es en defensa de los intereses nacionales. El gas es para los peruanos”, dijo el abogado.
La Primera, Lima 19-12-2011
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