El gasoducto del sur andino y el rol del estado
Con el fortalecimiento de Petroperú.
Escribe: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)
La seguridad energética, la masificación del gas natural, la apuesta por las políticas de valor agregado y la petroquímica, el desarrollo regional y la lucha contra la pobreza, demandan una participación sensata y promotora del Estado en el Gasoducto del Sur Andino para superar la “herencia colonial” y las profundas fracturas sociales existentes en nuestro país.
Por tanto el discurso neoliberal que apuesta por la intervención subsidiaria del Estado está fuera de lugar, no sintoniza con la realidad económica, ni con la historia ni con la demanda de los pobres del sur andino que requieren las condiciones mínimas, entre ellas la energía barata para salir del atraso y miseria.
Sin energía no hay desarrollo posible por ello es obligación del Estado promover las inversiones para que ello sea efectivo, con la debida responsabilidad social y ambiental. Por tanto, aquellos que afirman dogmáticamente que el Estado “no debe invertir ni un dólar en el gasoducto del sur”, no solamente están contra la historia en tiempos de crisis, sino que están condenando a la mayor pobreza a los compatriotas del sur de nuestro país.
En el sur peruano existen extraordinarias condiciones naturales y económicas que debidamente aprovechadas en una generación -25 a 30 años- podrían convertir a nuestro país en una plataforma de exportación de productos petroquímicos, agroindustriales, mineros y electricidad, elevando los niveles de empleo e ingresos de la población.
¿DÓNDE ESTÁ EL MERCADO?
La experiencia para hacer realidad el proyecto Camisea entre 1996 y el 2004 nos demuestra la intervención del Estado, como promotor generando un marco legal que permita la existencia y viabilidad del mercado para el gas natural. Al respecto se debería recordar y analizar en su momento la serie de normas al respecto, a pesar de la existencia de reservas probadas del lote 88 que fueron descubiertas en 1984.
En esa época incluso de limitó la construcción de centrales hidroeléctricas para priorizar el mercado en la generación eléctrica a base del gas de Camisea. Es más, se dispuso que la empresa estatal de generación hidráulica ElectroPerú compre 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en un contrato “take or pay” para que estos volúmenes sirvan a la transnacional Endesa y los utilice en su unidad térmica de Ventanilla al norte de Lima. Con ello se aseguraba una demanda mínima que rentabilice el gaseoducto de Camisea (Malvinas) a Lima.
También se debe recordar que todos los usuarios eléctricos del país financiamos de manera adelantada con un plus en nuestros recibos de energía, desde agosto del 2002 hasta el 2009, la Garantía de Red Principal (GRP) por más de 470 millones de dólares que permitió hacer posible y rentable el gaseoducto bajo responsabilidad de Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde están, dicho sea de paso, los mismos accionistas que conforman el Consorcio Camisea.
Se establecieron una serie de beneficios tributarios que permitieron a los accionistas del llamado Consorcio la realidad de los importantes montos de inversión, a pesar que no asumieron los riesgos en el descubrimiento de las reservas del gas y líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56. Beneficios que van desde el fraccionamiento en el pago de los aranceles de importación, la exoneración del pago de IGV en las actividades de exploración/explotación cuando las actividades de inversión de riesgo eran mínimas.
También se aprobó una ley que permitía la posibilidad del recupero de la inversión mediante los cargos de depreciación con el efecto “arrastre de pérdidas” hasta 8 años, lo cual significaba un escudo tributario y pagar mínimos abonos por concepto de impuesto a la renta. Es más, el ministro de energía y minas de ese entonces acompañaba indebidamente a los funcionarios del Consorcio Camisea en la solicitud de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avalando con su presencia un negocio privado.
Es decir, fue una política deliberada de Estado que involucró a cuatro gobiernos (Fujimori, Paniagua, Toledo y García) lo que hizo posible la realidad y los beneficios socioeconómicos de la cultura del gas que ahora deben ser extendidos a nuestros compatriotas del sur.
Por ello, cuando los críticos a la participación del Estado y la intervención de PetroPerú señalan que el Estado “no debe invertir ni un dólar” en el gasoducto del sur soslayan la necesidad de construir un mercado, negando la posibilidad de una nueva industria, donde debiera apostarse por una alianza pública/privada entre el Estado y el Consorcio Kuntur, o con cualquier otra empresa que tenga la decisión y el financiamiento requerido por los altos niveles de inversión que pueden superar los 5,000 millones de dólares.
Es más, serán los estudios de mercado de organismos internacionales responsables como la CAF, COFIDE u otros los que establecerán el valor de las inversiones que generan naturales suspicacias, todo ello en el marco de la debida transparencia. Si se tiene presente que la tonelada de hierro en el 2007 tenía un precio de 39 dólares para superar los 100 dólares en el 2011, resulta evidente el incremento de los montos de inversión para el levantamiento del gasoducto, como que han subido el conjunto de equipo y maquinaria utilizada en el sector.
Existe un potencial mercado identificado en el sector minero. Solamente en proyectos mineros en el sur del Perú existe una inversión estimada por encima de los US $ 30 mil millones de dólares, sea en Apurímac (Las Bambas, Los Chancas, Hierro Apurímac), en Cusco (Constancia, Antapaccay, Quechua, La Granja etc.), en Arequipa (Ampliación de Cerro Verde, Tía María, Pampa de Pongo entre otras), Moquegua (Ampliación de Cuajone, Ampliación de la Fundición y Refinería más Quellaveco, Los Calatos etc.), en Puno (Corani, Ollachea, Bear Creck) y Tacna (Ampliación de Toquepala y Pucamarca)
Si a ello se agregan las inversiones en plantas petroquímicas para aprovechar los hidrocarburos de metano y etano contenidos en el gas natural de los lotes 88, 57 y 58 que serían transformados en Ilo Moquegua. Allí se levantaría nuestro polo petroquímico con inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares, que permitirán producir no solamente fertilizantes sino sobre todo polietilenos a partir de la transformación del etano en etileno que permitan obtener una serie de subproductos desde plásticos hasta productos sintéticos, fibras, envases, etc.
En esta propuesta el Estado tiene que intervenir como promotor y protagonista si es que de verdad se quiere masificar la cultura del gas en
los departamentos del sur peruano que por razones institucionales e históricas concentran a la mayor cantidad de peruanos que se reproducen en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Los 30 mil millones de dólares en proyectos mineros que requieren energía a precios competitivos, ambientalmente limpia, las inversiones en la generación eléctrica y petroquímica con montos superiores a los 15 mil millones de dólares requieren una participación e inversión inicial de parte del Estado por lo menos en el tramo del gaseoducto que va desde Camisea a Quillabamba por estrictas razones de seguridad energética.
GAS PARA LOS POBRES
En tal sentido, la masificación del gas natural es un instrumento para alcanzar el desarrollo, para dotar a las pequeñas, medianas y grandes empresas la suficiente energía en cantidad y calidad que permita una mayor competitividad y bienestar. Ello permitiría que los departamentos del Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, y Tacna que representan apenas un poco más del 12% del Producto Bruto Interno (PBI), en especial su población se beneficie de la “cultura del gas natural”.
Por experiencias de otros países el consumo residencial y vehicular siempre representan participaciones que no superan el 5% de la demanda total, por ello es importante la intervención del Estado y PetroPerú en su representación para la construcción de la demanda en el sur del país. Articular los intereses mineros, eléctricos, la petroquímica, las exportaciones con los intereses de la población demanda la participación del Estado.
En cuanto a la pobreza no estamos señalando solamente a los departamentos de Ayacucho y Huancavelica que con la estimación del índice de desarrollo humano (IDH) para medir la pobreza ocupan los puestos, 21º y 24º respectivamente que se benefician conjuntamente con Ica y Región Lima del Fondo de Desarrollo Socio Económico de Camisea (FOCAM), sino a departamentos como Puno que se ubica en el puesto 22º y Cuzco con el 17º, además de las poblaciones consideradas de Arequipa, Moquegua y Tacna. Mantener esta realidad recrea las condiciones para mayores conflictos sociales que ponen en riesgo la gobernabilidad del país.
Estos y otros aspectos se analizaron en el evento organizado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú, el viernes 11 pasado ante un auditorio calificado de profesionales ávido de conocimiento e información. En el Foro: “El Gasoducto Andino y el Rol del Estado con PetroPerú”, participaron como expositores centrales el Ing. Humberto Campodónico actual Presidente del Directorio de PetroPerú, y el analista estratégico Alfredo Barnechea acompañados por un calificado panel destacando Miguel Vega Alvear, Presidente de la Cámara de Comercio Perú/Brasil, Johnny Nahui ingeniero especializado en eficiencia energética y el suscrito.
