Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)
Todos los 9 de Octubre se conmemora un aniversario más en la partida de nacimiento de Petróleos del Perú S.A. la empresa más importante de la economía peruana tanto por los ingresos generados como por el abastecimiento seguro y oportuno de combustibles a lo largo y ancho del país, donde necesariamente no llega la competencia sea Repsol/YPPF y/o Pluspetrol empresa vinculada a la transnacional española. Todo ello a pesar de no producir un barril de crudo ni una molécula de gas natural ni envasar un balón de gas licuado de petróleo (GLP)
Por tanto, cabe preguntarse puede ser considerada acaso una empresa petrolera aquella que no produce o extrae un barril de crudo por un lado y por el otro, que no tiene “bocas de salidas” para la venta al público a través de estaciones de servicios (grifos) de los combustibles que procesa. Evidentemente la respuesta es negativa. En tal sentido, la racionalidad técnico-económica impone la integración vertical de sus operaciones, entre la producción, refino, distribución y comercialización de combustibles.
La presencia de PetroPerú es motivo de controversia, a pesar de la simpatía e identificación de las mayorías nacionales con la petrolera estatal. Por ello, a pesar de sus debilidades internas, de las limitaciones que le impone un modelo económico que restringe sus actividades al rol subsidiario, a la castración de sus ingresos por parte del ministerio de Economía y Finanzas, a los múltiples usos de los gobiernos de turno, desde una política indiscriminada de subsidios (1985-1990) a un descuartizamiento de sus activos y filiales por medio de la privatización, PetroPerú constituye un baluarte de la peruanidad. Es más, por estrictas razones de servicio al interés público, la petrolera estatal debe ser fortalecida y modernizada
En tal sentido, el compromiso de este gobierno tanto en su plataforma programática de la “Gran Transformación” como de la “Hoja de Ruta”, pasaba por el necesario fortalecimiento de la petrolera estatal que se desdice con la práctica y el discurso de los principales hacedores de la política energética, sea el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Energía y Minas como la responsable de Perúpetro, al margen de la soledad, indecisiones y buenas intenciones del representante de PetroPerú.
Por ello, sirvan estas líneas mi homenaje a todos los que hacen e hicieron posible la realidad de PetroPerú. Me refiero no solamente a los militares nacionalistas representados por el General Juan Velasco Alvarado que sintetizó una vieja aspiración nacional en la recuperación de los campos petroleros a manos de IPC, sino a todos los que desde los años treinta del siglo pasado lucharon por el derecho que sean los peruanos los que decidan los destinos y gocen de los beneficios de la explotación de los hidrocarburos, al servicio de millones de peruanos generando competitividad a la industria nacional.
SOBRE LAS EXPECTATIVAS
El camino al infierno está preñado de buenas intenciones señala un refrán popular. Por ello, las declaraciones de los máximos hacedores de la política energética apuntan a promover la presencia de PetroPerú en más de 35 lotes de hidrocarburos próximos a licitar en una campaña de promoción de las inversiones de riesgo.
En verdad, resultan laudables las intenciones de Perúpetro de condicionar la participación de PetroPerú como socio minoritario con una participación mínima de 25% a una máxima de 49%. Si al mismo tiempo el organismo promotor de las inversiones y encargado de supervisar los contratos de hidrocarburos pretende superar el abono de regalías, que en las últimas licitaciones han promediado una tasa de 26%.
Estos contratos de asociación, más conocido como “joint ventures” tienen múltiples fórmulas y constituyen viejas prácticas en el negocio petrolero, y aparentemente serían favorables al Estado peruano y por tanto a PetroPerú, como afirman las más altas autoridades del sector.
Lamentablemente no comparto tales expectativas, pues si se exige una participación minoritaria de PetroPerú del 25%, las más altas regalías, los mayores compromisos de inversión más el pago del 30% por concepto de impuesto a la renta, esta figura no resiste el mayor análisis económico, y en lugar de alentar la inversión de riesgo, que requiere el país, se terminará por el contrario desalentando el capital de riesgo, máximo cuando se requiere perforar no menos de 15 pozos de exploración para encontrar un pozo económicamente rentable.
En verdad, estas propuestas a mi real entender constituyen un distractor de la opinión pública y del interés nacional en relación a los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento entre los años 2013 al 2015, tales como los contratos de los lotes II, III y IV, VI y VII y sobre todo el lote 1-AB, todos con reservas probadas, y probables de hidrocarburos que superan los 310 millones de barriles.
De allí nuestra posición directa, sin medias tintas, transparente, respetuosa de los contratos y las leyes. Estas reservas de hidrocarburos deben ser asignadas directamente a PetroPerú, en el marco de la ley de fortalecimiento y modernización, y debiera ser la petrolera estatal la que evalúe su asociación con operadores privados, y la modalidad de contratación en función de las características de cada contrato, regalías comprometidas y lote de explotación, que insisto tienen reservas probadas y probables donde el riesgo es mínimo.
Así, será PetroPerú la que debiera analizar la conveniencia de la explotación directa o en participación en aquellos lotes con una producción de 600 barriles diarios y tasas de regalías de 52%, con compromisos de inversión en los llamados lotes marginales que alguna vez fueron parte de sus activos.
Lo cierto es que PetroPerú no puede ser socio minoritario en las reservas probadas y probables que le pertenecen o son patrimonio de la Nación, y que evidentemente constituyen un negocio atractivo y rentable en su explotación, como sería el caso del lote 1-AB, el más importante de todos los contratos próximos a su vencimiento, en cuanto a los volúmenes de reservas probadas y probables, con más de 259 millones de barriles al 2011.
Por ello, resulta inaceptable promover la participación minoritaria en lotes con reservas probadas de hidrocarburos que tienen un valor económico, sujeto a crédito internacional por cualquier entidad financiera, y que resultan fundamentales para que la petrolera estatal pueda financiar en el largo plazo la modernización de su activo más importante la Refinería de Talara, cuyo costo final superará los 2,500 millones de dólares.
En tal sentido, los promotores de la fórmula en PerúPetro bajo inspiración y presión de los titulares del ministerio de Energía y Minas, que propone la participación mínima de PetroPerú del 25% en los contratos de los lotes próximos a licitar, con las mismas tasas y/o mayores tasas de regalías, máximos compromisos de inversión más las actividades propias de la consulta previa, debieran explicar los resultados del DS 017-2003 norma que promueve la inversión exploratoria de riesgo en nuestro país.
Así, desde la vigencia del DS 017 en los inicios del gobierno del Presidente Alejandro Toledo, se han firmado más de 50 contratos de hidrocarburos con tasas mínimas de regalías del 5% que podrían llegar al 20% siempre y cuando la producción supere los 100 mil barriles diarios de hidrocarburos o su equivalente en gas natural. Por tanto, a pesar de los atractivos de la norma para promover la inversión de riesgo no se han obtenido los resultados esperados.
Por ello, resulta un contrasentido económico o mejor aún un interesado distractor la propuesta de Perúpetro de condicionar la participación mínima del 25% de PetroPerú en todos los contratos de hidrocarburos, tengan reservas probadas o por descubrir, exigiendo el máximo en las tasas de regalías y los compromisos de inversión. En fin, de este gobierno se puede esperar cualquier sorpresa en cuanto al uso y abuso de PetroPerú en una serie de aventuras empresariales sin racionalidad económica.
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