Urgente integración vertical
Jorge Manco Zaconetti*
Aunque parezca contradictorio el Premio Nóbel de Economía 2001 y ex Vicepresidente del Banco Mundial en la década de los noventa del siglo pasado, profesor Joseph Stiglitz recomendaba para los países en vías de desarrollo la presencia de empresas estatales en los sectores estratégicos como los hidrocarburos y la minería, pues constituyen “los casos más eficientes en proveer ingresos para los ciudadanos probablemente sean los de las empresas estatales” (Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia 2008).
Por ello no constituye una casualidad histórica que más del 78 por ciento de la producción y de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial correspondan a poderosas empresas estatales. Sin embargo en nuestro país Petroléos del Perú en razón de un cuestionado proceso de privatización no explota ni un solo barril de petróleo ni procesa una molécula de gas natural, sin embargo tiene que asumir una serie de “cargas excepcionales”, partidas inusuales, y respetar contratos lesivos a sus intereses por mandato de los gobiernos de turno, que van desde la dictatura fujimontesinista al gobierno del presidente Humala y su consorte.
Estas partidas inusuales constituyen parte de la rentabilidad social que genera PetroPerú al país, en una empresa que tiene el imperativo de satisfacer de manera segura y eficiente el mercado interno de combustibles, cubriendo un 48 por ciento de la demanda doméstica en competencia desigual con empresas del sector privado.
La petrolera estatal es un enérgico contribuyente fiscal tanto por los ingresos tributarios recaudados por la empresa en los precios de los combustibles que sumaron en el 2013 más de 4,072 millones de nuevos soles, y por los ingresos generados para el fisco por las operaciones propias como empresa. Así para el mismo año abonó más de 137 millones en especial por impuesto a la renta superando la contribución de la competencia (Refinería La Pampilla)
En el mismo sentido forma parte de esta rentabilidad social el abono de las pensiones de jubilación a sus extrabajadores en el marco de la ley 20530 particularmente. Por ello, PetroPerú para cumplir con estas obligaciones pensionarias tiene que asumir como pasivo corriente un promedio anual de 76 millones de nuevos soles, que debieran formar parte del excedente económico.
Si se tiene presente que tales obligaciones pensionarias corresponden en su mayoría a trabajadores de las diversas unidades de PetroPerú que fueron privatizadas absurdamente tales como los lotes petroleros, las filiales y en especial la refinería La Pampilla. Es decir, con la privatización se vendió el “lomo fino” y la petrolera estatal asumió la obligación del pago de las pensiones.
Así, por mandato legal PetroPerú tiene que asumir una deuda, como una obligación de largo plazo, es decir como pasivo no corriente un fondo jubilatorio superior a los 600 millones de nuevos soles que no asume ninguna empresa petrolera en el mundo.
Es más, como si ello no fuera suficiente PetroPerú para abastecer la demanda de combustibles en la Amazonía tiene que vender los derivados sin recuperar el impuesto general a las ventas (IGV 18%) ni siquiera como crédito fiscal como es usual en materia tributaria, y como lo practican las empresas mineras en la recuperación del IGV por sus exportaciones.
Como se debe recordar la venta de los derivados del petróleo en la Amazonía (Loreto, Ucayali, Madre de Dios etc. ) está exonerada de los impuestos como el rodaje, selectivo al consumo y del IGV. Sin embargo, PetroPerú para poder cubrir la demanda regional tiene que asumir en las compras de crudo que realizan sus refinerías de Iquitos, y El Milagro (Bagua), el IGV correspondiente sin poder recuperarlo.
Es decir, compra el principal insumo, el crudo con IGV y vende los combustibles en la Amazonía sin IGV lo cual significa un promedio anual de 224 millones de nuevos soles en promedio que se dejan de percibir. Con el agravante que ni siquiera el MEF con Castilla o sin Castilla le permite usar dichos montos como crédito fiscal, es decir que le permitan ser deducibles del impuesto a la renta por pagar, lo cual constituye una discriminación tributaria por su naturaleza de empresa pública.
Por tanto, estos 224 millones de nuevos soles anuales que no son recuperados por las ventas de combustibles en la Amazonía debieran formar parte de excedente económico, de la rentabilidad social que hace PetroPerú como contribución al país.
En el mismo sentido, debiera ser evidente que su rentabilidad empresarial sería mayor si cobrase “precios de mercado” por el alquiler de sus activos, bienes y equipos que son operados por terceros, como la merced conductiva por las plataformas marinas del Z-2B, el alquiler de los terminales o de los campos petroleros de Ucayali incluida las tarifas subvaluadas de la refinería de Pucallpa y su planta de venta.
Sirva de ejemplo el caso del alquiler por las plataformas marinas del Z-2B, Zócalo Continental frente a las costas de Talara, alquiladas primero a Petrotech desde 1994 y luego a Savia desde el 2009 al presente.
Si se tiene presente que Savia está conformada por dos empresas estatales exitosas, tales como Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur, con regímenes políticos liberales pero que asumen el carácter estratégico de los hidrocarburos para sus estados negando en la práctica el fundamentalismo económico del “libre mercado”.
Las plataformas marinas, las embarcaciones marinas, equipos usados en el Z-2B son propiedad de PetroPerú que percibe un ingreso por el alquiler de tales activos de 10 millones de dólares anuales. Se debiera tener presente que las plataformas son vitales pues a partir de allí se extrae el crudo contenido en los pozos. De allí que un ejercicio económico debiera determinar ¿Cuál es el costo de oportunidad de dichos activos?
Al respecto Savia por la explotación de crudo, gas y líquidos de gas natural obtiene ingresos superiores a los 370 millones de dólares y utilidades netas por encima de los 70 millones, y paga un ridículo alquiler de 10 millones de dólares por año por unos activos que no perciben el debido mantenimiento lo cual constituye una violación contractual.
Debiera ser evidente que la rentabilidad económica de PetroPerú sería más importante si la petrolera estatal tuviese acceso a la renta petrolera a partir de la explotación directa o asociada con terceros de las reservas probadas de los lotes petroleros que debe devolver Interoil enTalara III y IV o de la Selva Norte lote 64, lote cedido por Talisman sin costo a PetroPerú.
Sin embargo, el sesgo ideológico, el dogma liberal y los intereses privados que hacen estupendos negocios con los recursos naturales que corresponden a todos los peruanos argumentarán que PetroPerú es ineficiente, que no tiene capital ni experiencia ni personal calificado en las áreas de explotación y producción.
Al respecto sería interesante recordar que en la privatización de las reservas del lote Z-2B la empresa ganadora fue la norteamericana PetroTech que no calificaba como empresa petrolera pues no operaba lote alguno ni acreditaba reservas probadas. En su origen Petrotech era una empresa de transporte marítimo que operaba las barcazas llevando personal y equipo para la Belco Corporation, y a partir de las operaciones marinas sin invertir un monto significativo pues asumió la producción en marcha con reservas probadas se capitalizó, creando una serie de empresas filiales y vinculadas para maximizar utilidades y minimizar los pagos al fisco.
Por tanto, para maximizar las utilidades de PetroPerú que permita financiar la modernización de la refinería de Talara, se debe alcanzar la integración vertical con lotes de explotación propios, como lo hace Ecopetrol con el respaldo de la clase política de Colombia o como lo hace Chile con su petrolera estatal ENAP, todo lo demás es cuento chino de nuestros liberales criollos que controlan ideológicamente a PerúPetro, la empresa estatal responsable de la promoción y supervisión de los contratos petroleros, y al ministerio del sector.
*Investigador UNMSM
