Por Raúl Allain
En estos días la economía peruana ha revelado que algunas proyecciones indican que el PBI del Perú caerá más de 12% al final de este año. La razón resulta ser la pandemia del coronavirus y la crisis política que venimos enfrentando producto de los casos de corrupción y la salida precipitada de dos presidentes. Según el exministro de Salud, Víctor Zamora, quien asumiera el cargo durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, la precariedad y las condiciones de la cuarentena hacen insostenible la economía del Perú.
El domingo pasado, con el término de las protestas en las calles de Lima, miles de peruanos estuvieron pendientes de la sesión virtual del Pleno del Congreso donde se propondría el presupuesto del sector público para el año 2021 y se debatieron multimillonarios proyectos.
En esta ocasión la población también participó, cuando los especialistas son los únicos representantes de un país en crecimiento. La situación ha dado un giro en el Perú: llegamos a la conclusión de que se ha pasado por períodos de estabilidad y crecimiento económico, pero también de turbulencia política y crisis fiscal. Hoy en día existe el temor de que el presente año marque el fin de la era en que la política y la economía se manejaban “por diferentes vías”, como señalan diversos expertos.
En noviembre de este año, el director general del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Olivares, señaló en declaraciones a la Agencia Andina que “el mercado está valorando el gran paquete de estímulo económico que está presentando el Gobierno, siendo el más grande de la región latinoamericana, que asciende a aproximadamente 12% del producto bruto interno (PBI)”. Este hecho fue aplaudido por los especialistas como medida frente a la crisis económica, pero ocho meses después los resultados no fueron los que se esperaban. La economía se redujo en un 30% en el segundo trimestre del año, su peor registro en la historia y cayó de nuevo en el tercer trimestre.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía peruana se contraiga en casi 14% este 2020. Durante estos últimos meses de crisis sanitaria y mientras la tasa de mortalidad en el Perú era una de la más alta del mundo, el Congreso de la República votó dos veces para destituir al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por incapacidad moral, consiguiendo la destitución. Durante el mes pasado, el país tuvo tres nombres diferentes en la Presidencia de la República y las calles de Lima estallaron en protestas. La administración de Martín Vizcarra falló en el plan de apoyo a la economía peruana porque no tenían identificados a los ciudadanos pobres que debían favorecer.
«La colocación del bono a más de 100 años representa el bono de más largo plazo emitido alguna vez por la República del Perú (el bono más largo en su momento fue el emitido a 40 años) y en el mundo», explica el MEF mediante nota de prensa. De acuerdo con la institución, los fondos de la emisión de estos bonos están destinados a financiar gastos relacionados con la prevención y contención del COVID-19, así como a la reactivación económica. Existe una corrupción estructural, porque la fallida implementación del paquete no se debe sólo a la incapacidad del gobierno por llegar al 70% de la población de la población económicamente activa que trabaja en medio de la informalidad, sino también a que existe un componen de corrupción e irregularidades.
La Contraloría General de la República identificó que más de 4200 funcionarios públicos, con ingresos de entre S/ 1200 a S/ 10000, recibieron las canastas básicas familiares de alimentos que las Municipalidades debieron destinar a la población vulnerable. Según la abogada Romy Chang, en estos casos se habrían configurado los delitos de malversación y peculado.
El Estado tiene un papel fundamental para reactivar la economía mediante la inversión pública: el Poder Ejecutivo estableció medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para asegurar el financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión previstos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a fin que contribuir con la reactivación económica, mediante la inversión pública.
“En los considerandos de la norma, se señala que debido al riesgo de alta propagación del covid-19 en el territorio nacional resulta necesario dictar medidas extraordinarias que contribuyan a la reactivación económica vía la inversión pública y el fortalecimiento de los equipos de los gobiernos subnacionales, a fin de dinamizar la economía y acelerar el proceso de recuperación económica, considerando el contexto atípico y de emergencia en el que se encuentra el país”, especifica la agencia Andina.
Lima Gris, Lima 06-12-2020
(*) Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director del sello independiente Río Negro.
