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Lourdes Gómez
París y Londres se han enzarzado en un duelo de palabras y mutuas amenazas de represalias en defensa de sus respectivas flotas pesqueras, que corre el riesgo de desatar una guerra comercial entre Reino Unido y la Unión Europea (UE).
La disputa se centra en el derecho de pescar, en el pos-Brexit, en aguas territoriales del Reino Unido. Y, particularmente, de faenar en los ricos caladeros en torno a las islas de Jersey y Guernsey, territorios dependientes de la corona británica, con sus propias administraciones autonómicas, que se ubican a corta distancia de la costa noroccidental francesa.
DERECHOS HISTÓRICOS
El acceso de los pescadores comunitarios se acordó en un apartado especial del Tratado de Comercio y Cooperación entre Reino Unido y la UE, aprobado a contrarreloj la Nochebuena de 2020. Entre otras medidas, reconoce derechos históricos de pesca en la franja de seis a 12 millas del litoral del Reino Unido y el entorno de las islas para los pesqueros de los Estados comunitarios que así lo puedan probar.
Embarcaciones pequeñas, sin avanzados sistemas tecnológicos de ubicación, están tropezando con dificultades para demostrar a las autoridades británicas y de Jersey que capturaban marisco y pescado en sus aguas antes del Brexit, según se queja el sector. Sin la apropiada evidencia documental, las autoridades pertinentes les deniegan la licencia de pesca, en una actuación acorde con la letra de los acuerdos del pos-Brexit, según alega Londres.
Defensa está en alerta y dispuesta a movilizar a la Armada Real para proteger a sus territorios dependientes. Así lo hizo en la primavera cuando envió dos navíos a la zona para hacer frente al bloqueo del puerto de la Saint Helier, capital de Jersey, por parte de una decena de pesqueros franceses.
FRANCIA AMENAZA
La disputa subió de grados esta semana. Francia anunció un paquete de medidas de represalia que activaría el 2 de noviembre si Londres no resuelve antes el embrollo de las licencias de pesca. Ambas partes están en desacuerdo respecto al número exacto de navíos afectados, aunque comentaristas hablan de unos 200 en total.
La pesca aporta una mínima porción de los ingresos económicos en los dos países, pero su peso simbólico es tan elevado como el fuerte arraigo de sus respectivas comunidades.
Ahora, el Gobierno británico amenaza con tomar sus propias represalias si París ejecuta las medidas anunciadas, que incluyen más estrictos controles aduaneros en el tráfico de mercancías, en ambos sentidos entre Francia y Reino Unido, inspecciones sanitarias de los envíos de pescado y el cierre de sus puertos a pesqueros británicos.
Una segunda ronda de actuaciones se enfocaría en el suministro de electricidad que Francia proporciona a Jersey, según recoge la declaración del pasado 27 de octubre.
BRONCA ANTE MARCO INTERNACIONAL
El gesto amenazante francés, que se ha producido en vísperas de las cumbres del G20 en Roma y de la Cop26 en Glasgow, ha enfurecido al primer ministro británico, Boris Johnson, y al resto de su gabinete. Se espera que el mandatario conservador aborde la rencilla con el presidente galo, Emmanuel Macron, antes de abandonar Italia con destino a Escocia, donde presidirá la reunión del cambio climático a partir del domingo 31.
«Dos pueden jugar a este juego y nos reservamos la capacidad de responder de una forma proporcionada», desafió ante las cámaras de televisión el ministro de Medio Ambiente, Alimentación Asuntos Rurales, George Eustice, en alusión a las represalias galas.
David Frost, secretario de Estado para las relaciones con Europa, coincidió en que Londres está estudiando «respuestas prácticas» al potencial ataque galo contra la vital ruta fronteriza Calais-Dover y otros puertos franceses, que incluirían «procesos rigurosos e inspecciones de la actividad pesquera de la UE en aguas territoriales del Reino Unido».
BARCO APRESADO
La tensión escaló otro punto más con la retención, en el puerto normando de Le Havre, del pesquero escocés Cornelis Gert Jan, al que la fiscalía regional acusa de pescar sin licencia en aguas francesas. El patrón se enfrenta a una multa de 75.000 euros, la pérdida de 2.160 kilógramos de vieiras que había recogido antes de arresto y una citación judicial para 2022.
El propietario de la embarcación, Macduff Shellfish, defendió la legalidad de sus operaciones y denunció que los pescadores se han convertido en «instrumentos» en la batalla política entre Londres, París y Bruselas.
Con información de Sputnik
