Las cortes británicas confirmaron la orden de congelamiento que impide a la empresa minera Monterrico Metals quedarse con un patrimonio menor a los 11,7 millones de dólares.
La medida está destinada a evitar que la compañía minera eluda su responsabilidad de indemnizar a las personas que sufrieron torturas en el 2005, desprendiéndose de su patrimonio y trasladando sus oficinas a la ciudad de Honk Kong.
La diligencia de las cortes británicas contrasta notablemente con el funcionamiento del sistema de justicia en el Perú, que hasta la fecha no ha permitido responsabilizar a los funcionarios de la empresa minera y su personal de seguridad por los luctuosos hechos del 2005.
Ello pese a que las torturas fueron cometidas en el interior del campamento minero, pese a la evidencia que el personal de seguridad de la empresa estuvo comprometido en los hechos y pese a la presencia de numerosos elementos que muestran la existencia de un estrecho nivel de coordinación entre los directivos de la minera y la policía.
