Multas de fiscalizadores no deben ingresar a presupuesto de instituciones multantes

Por el contrario, la Cámara de los Gremios sugiere que dichos montos deberían ser destinados al Tesoro Público.

En el marco del incremento presupuestal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que se origina del dinero recaudado por multas impuestas, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) hace un llamado a reflexionar sobre dicha práctica por tratarse de un mecanismo perverso de financiación que puede ser replicado por otras entidades.

Como se sabe, desde su origen, el presupuesto de los organismos del Estado debe estar fijado en el Presupuesto General de la Nación, por lo cual, consentir ingresos adicionales por conceptos de multas resulta perverso, toda vez que en cumplimiento de las obligaciones para sostener sus funciones, el ente regulador tendría que verse obligado a imponer cada vez más sanciones.

“Las multas no deben tener fin recaudatorio, pues ello conlleva a un incentivo perverso de aplicar sanciones indiscriminadas y así captar más recursos para la entidad que la impone”, señaló el presidente de la CCL, Jorge von Wedemeyer.

Este problema fue atendido en parte con la Ley 30230 (12.07.14), que estableció que los ingresos que obtienen las entidades del Poder Ejecutivo cuya función es la fiscalización, deben formar parte del Tesoro Público. Sin embargo, la propia ley estableció excepciones para aquellas entidades que a julio del 2014 contaban con una ley que les asignaba como recursos propios un porcentaje de tales multas. Ese es el caso de la SUNAFIL que antes de julio de 2014 ya contaba con una ley que le asignaba un porcentaje de las multas como ingresos propios.

Asimismo, la Ley 30230 estableció que la PCM en coordinación con el MEF, debían establecer los criterios y parámetros, a fin de precisar qué entidades públicas podían financiarse con la imposición de multas y cuáles no. Esta reglamentación está pendiente, y es por eso que la CCL solicita a la PCM y al MEF su pronta reglamentación, al mismo tiempo que solicita que se deje sin efecto la disposición que permite a algunas instituciones hacer uso de las multas con fines presupuestales.