Manueñ Dammert Ego Aguirre
El Gobierno no enfrenta la crisis recesiva que azota actualmente al país. Está dedicado a incrementar gollerías plutocráticas. Se ha visto obligado a retroceder en algunos aspectos, pero lo fundamental del paquete continúa. Su orientación es clara: beneficiar estructuralmente a un puñado de grandes empresas endeudadas, mientras aumenta la precarización del trabajo y la vida social.
El sector privado está siendo beneficiado al condonarse deudas tributarias, e incrementarse el endeudamiento público para Asociaciones Público Privadas (APP) y obras por impuestos, además de la precarización laboral. Según el MEF los proyectos de APP del 2012 al 2042 suman $ 9,803 millones. Es previsible una duplicación de la cartera de proyectos entre 2014 y 2015 por más de $10 mil millones de dólares, equivalente a casi el 5% del PBI del 2013 (José Luis Bonifaz, El Comercio 11 /11/2014). Estos recursos que son aportes del Tesoro Público, en créditos o exoneraciones, y que el gobierno no supo invertir en reactivar la economía nacional, se entregan a un reducido grupo de empresas.
La situación es escandalosa. El sector privado beneficiario no tiene obligación directa para invertir estos regalos del presupuesto. Más bien, les servirán para cancelar su creciente endeudamiento e incrementar fáciles sobreganancias. En julio del 2012, según cifras del BCR, el sector privado tenía una deuda de $20, 981 millones de dólares, la que se ha incrementado a julio del 2014 a $31, 326 millones de dólares. Si agregamos la deuda de corto plazo privada, subiría al 18.6% del PBI. El Estado ha ido en sentido contrario: en julio del 2012 tenía deudas por $ 26,254 millones de dólares y a julio del 2014 la redujo a $24,042 millones de dólares (Artículo de Raúl Mauro, “Rescatando al sector privado”).
El paquete económico, además, pretende transferir la rentabilidad de las empresas públicas, las rentas estratégicas y los bienes públicos, como en los sectores eléctricos e hidrocarburos, a un grupo de las poderosas y endeudadas empresas del sector privado. Para las APP, según el MEF, transfiere S/.3,850 millones de nuevos soles. Es decir, un monto similar al presupuesto total del MIDIS.
La otra cara de la desigualdad es la precarización del empleo y la vida social. El cholo barato es la consigna. El mecanismo: un régimen sin derechos para los jóvenes, a fin de bajar el precio general del salario e incrementar la flexibilización de las empresas. Este régimen de vigencia de cinco años, contrata cada año, reduce las vacaciones a 15 días, anula la asignación familiar, las gratificaciones, las CTS, el seguro de riesgo, el seguro de vida, y el Estado asume parcialmente aportes a Essalud y a pensiones. Ciertamente no podrán formar sindicatos ni protestar. Está diseñado hasta el 25 % de cada empresa, y sus efectos reales son de precarización inmediata del régimen laboral general.
Diario Uno, 13.11.2014
