Si bien las facultades legislativas emitidas van en sentido correcto, aún falta mucho por hacer en diversos aspectos como el tema laboral, tributario, económico, entre otros.
Las perspectivas de crecimiento de la economía para este año se prevé en 4,2% del PBI si las condiciones de inversión pública y privada retoma la senda de crecimiento, la misma que en los últimos cuatro años se ha reducido de manera considerable, opinó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi.
En los últimos días, el Ejecutivo emitió decretos legislativos que llegan a 77 en total, donde resaltan las medidas de corte administrativo como la simplificación y la eliminación de barreras burocráticas.
Los decretos legislativos están empezando a ir en un ruta correcta –prosiguió- ello permite que el sector empresarial baje costos y el Perú gane competitividad con otros países y retome la senda de crecimiento económico.
En efecto, consideró que las medidas, dentro de los 6 meses iniciales del gobierno, son adecuadas si se desea hacer algún cambio a largo plazo. Por ello, indicó que persiste un 75% de informalidad dentro del régimen laboral y que es consecuencia del mal manejo de este sector a lo largo de los años. Sin embargo, precisa que deben incorporarse medidas creativas para incorporar a este sector que lo único que hace es estar al margen de la ley en desmedro no sólo del erario nacional, sino que incluso esta gran masa de trabajadores no pueden acceden a servicios básicos ni tienen beneficios sociales.
Con relación a los sectores que atraen mayor mano de obra, mencionó a la industria textil y manufactura, ambas de mucha importancia para la economía nacional por lo que pasó a explicar que estas industrias son muy relevantes para competir con China, sin embargo, Perú podría mejorar su situación si es que costos de fletes bajan, entre otros factores que hacen perder competitividad a las empresas peruanas.
De otro lado, el empresario sostuvo que la decisión del Presidente del Poder Judicial de suspender las vacaciones judiciales para no perjudicar a los litigantes y los procesos judiciales son positivos para el país, en la medida que no se puede paralizar más de dos meses la administración de justicia. “Eso no ocurre en ningún país del mundo, el Perú no puede ser la excepción”, acotó.
