Por Humberto Campodónico
El argumento del actual gobierno para justificar el incumplimiento de su promesa electoral de aplicar un impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras y petroleras fue que eso acarrearía litigios legales con las empresas, lo que ahuyentaría la inversión.
Pero el gobierno no lo hizo y se contentó con un pequeño “óbolo” de 3.75% de las utilidades. Muy mal. Dicho esto, ¿qué ha pasado desde el 2006? ¿Es que se ha modificado la Constitución para derogar la figura de los contratos-ley (solo pueden ser cambiados previo acuerdo entre las partes), que no aparece en ninguna otra Constitución en América Latina? No. Ojo, estabilidad tributaria puede haber, pero no tiene por qué estar blindada constitucionalmente.
Otro punto: ¿Existe una nueva legislación para que, del 2006 en adelante, el país pueda aprovechar las sobreganancias mineras? Recordemos que Antamina recuperó su inversión de US$ 2,300 millones en solo dos años. Hoy los precios siguen altos, apenas más bajos que en el 2007 y 2008.
No se ha hecho nada. Y hacerlo no es difícil porque, hoy, las empresas aceptan de buena gana que los gobiernos tengan una mayor participación en las ganancias siempre y cuando recuperen su inversión y obtengan una adecuada tasa de retorno.
Eso es lo que ha sucedido en el contrato para explotar la mina de oro Pueblo Viejo, firmado en el 2009 por el gobierno de la República Dominicana y Barrick Gold (en el Perú explota Pierina y Laguna Grande). La inversión será de US$ 2,700 millones y producirá un millón de onzas anuales (Yanacocha produjo 2 millones en el 2008). En ese contrato se establece una regalía del 3.2% y un impuesto a la renta del 25%, algo parecido a lo que sucede aquí, donde la regalía es 3.75% y el impuesto a la renta es 30%. Lo novedoso es que cuando se recupere la inversión y Pueblo Viejo obtenga una tasa interna de retorno (TIR) del 10%, Barrick pagará al Estado una Participación en la Utilidad Neta (PUN) de 28.75%. De esta manera, la participación del Estado en los flujos netos del proyecto llegaría al 50%.
Esto demuestra que sí es posible negociar de otra manera los contratos mineros y petroleros para obtener una participación adecuada de la sobreganancia. En el Perú, con los altos precios del 2005 al 2008, todas las minas ya superaron largamente la TIR del 10% (en el caso de Antamina la tasa es infinita), pero siguen pagando solo la regalía y el impuesto a la renta.
No se trata de “copiar” a Pueblo Viejo (ojo que la República Dominicana no es ni de lejos el país minero que es el Perú), pues podría haber otras propuestas y fórmulas técnicas que cumplan el mismo objetivo. Además, toda nueva inversión minera debe tener, previamente, licencia social y licencia ambiental para poder operar (algo que no analizamos aquí, pero que es determinante).
Lo que queremos enfatizar es que –con voluntad política– sí es posible participar de las sobreganancias que se obtienen por la venta de los recursos naturales de la nación. Con una participación del 28.75%, en el Perú se hubiera obtenido cerca de US$ 2,000 millones anuales del 2006 al 2008. Pero no. Y tampoco la habrá cuando las nuevas minas comiencen a ganar dinero. ¿Por qué tanta desidia?
Esas ganancias deberían servir de palanca para la inversión en infraestructura, salud y educación, de manera a entrar de lleno en el siglo XXI. Pero no. Los inversionistas, que están dispuestos a aceptar nuevas condiciones legales, deben sentir vergüenza ajena por las extraordinarias ganancias que les ofrece la legislación peruana. Pero, ¿qué pueden hacer si los gobernantes de este país pobre les regalan la plata?
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