Federico Arnillas
Con la llegada al Perú del COVID-19 y ante la precaria capacidad de atención médica, fue necesario decretar el estado de emergencia y declarar la situación de cuarentena a nivel nacional. Hay que señalar que a pesar de que se conocía la naturaleza particular de la crisis generada por el COVID19, lejos de prestar atención a las mismas, la inercia natural del gobierno, del aparato del Estado, de las empresas y de gran parte de la sociedad política y civil ha sido la de responder a ella como si se tratara de un “desastre” o una “guerra”.
En una “guerra” o un “desastre” los medios de producción resultan destruidos o seriamente dañados y NO se requiere inmovilizar la fuerza laboral obligándola a mantenerse en cuarentena. Por el contrario, en la crisis actual los medios de producción no están destruidos, sino: “apagados”. En ese sentido, los efectos de la cuarentena son inmediatos y son los siguientes:
1.ro: Las personas solo consumen alimentos y medicinas. Resultado inmediato: se paralizan las ventas y la producción de todas las actividades no esenciales.
2.do. Sin ventas las empresas (formales o informales) no pueden pagar a sus proveedores. Se rompe la cadena de pagos y se dejan de pagar o se reducen los salarios.
3.ro. Sin ingresos, los trabajadores (formales, informales y auto empleados) especialmente los que viven de la venta del día a día, no pueden comprar alimentos; en consecuencia, se ven forzados a romper la cuarentena para garantizar el sustento.
Para hacer frente a los efectos sociales de la cuarentena, el gobierno adoptó en un primer momento dos líneas de medidas; las medidas para dar recursos a los trabajadores: a) en la entrega de canastas básicas de alimentos insuficientes. b) la entrega de bonos de supervivencia. c) El uso forzado de los ahorros de los trabajadores de las AFP y CTS. Y las medidas para dar recursos a las empresas: a) la entrega de líneas de crédito con mínimos interés. b) subsidios al 35% de la planilla. Sin embargo, estas medidas de corte “emergentista” y pensadas en el corto plazo, aunque aplaudidas por la población, resultaron intrascendentes. Hoy más de la tercera parte del país está resistiendo las medidas económicas sin canasta, sin bono, sin dinero. Según encuesta de IPSOS Apoyo del mes de abril[1], el 66% de la población carecía de ingresos o estos se redujeron considerablemente. Mientras que, según encuesta del INEI realizada en mayo para Lima Metropolitana y Callao, el 78.7% de la población no había realizado ningún trabajo a cambio de un pago o ganancia. Entre las principales expresiones de este fracaso tenemos que mencionar: a) el retorno masivo de familias hacia sus lugares de origen. b) La ruptura de la cuarentena para salir a buscar ingresos. Expresiones que han tenido un impacto en la propagación del COVID19 en todo el territorio nacional y en el aumento exponencial de contagios, un ejemplo de ello es que el sábado 20 de mayo alcanzó el récord de 7,386 casos diarios.
Con la finalidad de remediar el fracaso de la estrategia en la lucha contra el COVID-19, el gobierno anunció (23 de abril) la entrega de un “bono familiar universal” de S/.760. Este bono que al NO ser realmente universal demoró 26 días en tener la primera lista (no la final) de personas beneficiarias. La entrega de este bono representa un importante apoyo al 75% de familias que carecen de ingresos. Sin embargo, sigue siendo una medida extraordinaria y dispersa[2], que no alcanza para garantizar el bienestar de la población, especialmente de los que han perdido sus trabajos o los que tienen que esperar 3, o más meses para iniciar sus actividades.
Para corregir este error se debe pasar a tener un Plan Integral para proteger a las personas, combatir el COVID19 y reactivar la economía. El principal fin de este plan debe ser garantizar el bienestar de las personas. Bajo situación de cuarentena obligada total o parcial, ello significa garantizar un ingreso mensual de bienestar. Es decir brindar un Bono Universal por Persona que garantice al mismo tiempo ingresos para: asegurar el bienestar, eliminar la necesidad de las personas de romper la cuarentena para buscar ingresos y favorecer la reactivación económica al estimular la demanda.
Según el informe técnico “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018” publicado por el INEI, el gasto por persona en el año 2018 fue de S/. 758 soles, si quitamos aquellos gastos que no se realizan en periodo de cuarentena[3], los gastos per cápita mensual serían de S/. 502. Según el Censo del año 2017[4] el 83.3% de los hogares está formado por 2 o más personas. Si a ello, se añade que el gasto promedio por persona en cuarentena es de S/. 502 soles; se puede concluir que Bono de S/. 760 no alcanza a cubrir el gasto mensual.
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Este análisis refleja el error de enfoque de la estrategia social-económica implementada por el gobierno para contener el avance del COVID-19 y reactivar la economía. En este sentido, resulta necesario realizar un giro en la estrategia social-económica, la cual debe estar basada en dos objetivos fundamentales:
1ro. Garantizar el bienestar de la población.
2do. Garantizar la cuarentena total y la cuarentena parcial durante las diversas fases de reactivación.
3ro. Garantizar que se mantenga la cadena productiva.
Con la finalidad de alcanzar estos objetivos es necesario que el gobierno establezca un Bono universal de S/. 1,000 soles mes a toda persona con DNI mayor de edad. El bono servirá para cubrir los gastos que aseguren alimentación, salud y pago de servicios (agua, luz, telefonía e internet). Garantizando el bienestar de todo ciudadano durante la cuarentena. Y al mismo tiempo permitirá por un lado, congelar la cadena de pagos de las empresas no activas (incluido el pago de planilla, dado que los trabajadores contaran con el bono de S/. 1,000 por persona); y por otro, permitirá mantener el consumo y estimular la demanda, aspectos necesarios para la reactivación económica.
Respecto al Bono Universal es imprescindible señalar que este no puede ser visto como una medida aislada y mucho menos como una medida “asistencial” o “social”. Por el contrario, el bono universal es un componente fundamental para proteger a las personas, la liquidez de las empresas y estimular la reactivación económica. En línea con lo anterior, es importante incidir en la idea de que para “salvar la economía hay que salvar las empresas, porque las empresas son las que darán trabajo y aseguran los ingresos”, es una idea que debe ser desestimada. Hoy la crisis social-económica tanto a nivel global como a nivel nacional, es una crisis por falta de ingresos de las familias y por falta de demanda en la economía.
El país que más rápido se recupere del impacto de la cuarentena, no será el país que tenga más liquidez en las empresas, sino el que tenga mayor capacidad de consumo. El país con mayor consumo interno será el primero en reactivar sus empresas, construir sus cadenas de pagos y estimulará más rápidamente la inversión y tendrá una mayor y más rápida recaudación de impuestos.
Debido a que es el consumo el que estimulará la producción, es necesario dejar detrás fantasmas “economicistas” o “populistas” en el bono universal. Por ello, es necesario verlo como una inversión social y al mismo tiempo, económica que garantice el bienestar de las personas, reduzca las brechas sociales, elimine la pobreza y cree mejores condiciones para un cambio económico sostenible que promueva la igualdad.
[1] En un estudio que solo abarco a los sectores A, B, C y D dado que el sector E no ha sido considerado dado que solo se puede llegar a él con trabajo de campo.
[2] Que no forma parte de una estrategia integral y de largo plazo
[3] Gastos que no se realizarían en cuarentena: a) gastos en bebidas alcohólicas. b) prendas de vestir. c) transporte. d) recreación y cultura. e) restaurantes y hoteles. f) bienes y servicios diversos
[4] Ver: Perfil Sociodemográfico 2017
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