Artimaña de «El Comercio» para sepultar demanda contra concentración de medios

Y la cereza en la torta es que el abogado del decano es Juan Monroy Gálvez quien, a su vez, fue defensor, en el año 2013, de los jueces a nivel nacional. Es decir, tiene todo el Poder Judicial a su favor

Se trata de tres pruebas falsas presentadas como verdaderas en una queja disciplinaria (en la OCMA) y una denuncia penal (en la Fiscalía) contra la jueza Lizy Magnolia Béjar Monge, la magistrada que falló en contra del grupo de medios de la familia Miró Quesada

Juan Carlos Chamorro @juancchamorro

El objetivo de la estratagema del grupo El Comercio es sancionar, en el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) y la Fiscalía, a la magistrada Lizy Magnolia Béjar.

De esa forma, al final, la magistrada será expectorada del Poder Judicial ya que su carrera se verá truncada con tremendo antecedente.

Pero eso no será todo lo que el grupo El Comercio podrá conseguir con una denuncia penal y/o una sanción contra Béjar.

Ocurre que el juez Juan Ricardo Macedo Cuenca podrá tener, además, un elemento para que la demanda de acción de amparo contra El Comercio pueda ser archivada.

Así empezó todo

El vía crucis de la jueza Magnolia Béjar Monge comenzó el 27 de noviembre de 2013.

Ese día, la magistrada —que estaba a cargo temporalmente del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima en reemplazo del magistrado Macedo— otorgó la admisión a trámite de la demanda de acción de amparo contra el grupo El Comercio en favor de ocho periodistas.

En lenguaje técnico de abogados, Béjar calificó la demanda y dio una “resolución admisoria” ya que cumplía, según Béjar, “los requisitos establecidos por ley”.

Mario Saavedra Pinón Castillo, Rosa María Augusta Palacios McBride, Luz María Helguero Seminario, Gustavo Adolfo Mohme Seminario, Fernando Valencia Osorio, Miroslav Lauer Holoubek, Augusto Aníbal Álvarez Rodrich y Enrique Alberto Zileri Gibson, son las personas que rubricaron dicha demanda.

Ellos solicitaron —en su escrito ante el Poder Judicial— la anulación del acto jurídico del 54 por ciento de las acciones transferidas de la empresa EPENSA y Alfa Beta (grupo familia Agois, diario Correo) en favor del grupo El Comercio (familia Miró Quesada).

Según la referida demanda, con esa acción, “se produce una alta concentración en un solo grupo empresarial de más del 80 – 90 por ciento de los medios de comunicación escritos en el Perú”.

“Ese acto —añadieron en su demanda— afecta el derecho constitucional a la libertad informativa al afectar directamente el pluralismo y la diversidad que constituye la base de todo ordenamiento democrático”.

El 3 de enero de 2014, una vez que el abogado del grupo El Comercio, Juan Monroy Gálvez, tomó conocimiento del fallo de la jueza Béjar, presentó una queja disciplinaria contra ella, en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

Al criterio de Monroy, la actuación de la magistrada no fue la correcta.

Posteriormente, a fines de enero, Monroy presentó una denuncia penal contra la jueza, en la 47 Fiscalía Provincial, por usurpación de funciones.

El titular de ese despacho, Humberto Méndez, falló a su favor.

Pero, El Comercio apeló.

Esa denuncia se ventila, actualmente, en la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima, a cargo del fiscal Francisco Avellaneda  (ver entrevista).

LA ARTIMAÑA

Sin embargo, lo sorprendente es que el abogado Monroy, en la sustentación de su queja ante el OCMA, presenta tres hechos que faltan a la verdad, en su intento por desacreditar a la jueza Béjar, expectorarla del Poder Judicial y archivar la acción de amparo que falló en contra de la concentración de medios.

Sin embargo, el OCMA ya se ha pronunciado, en primera instancia, en favor de la magistrada.

Esto quiere decir que ha comprobado que los argumentos de El Comercio no son ciertos.

Se ha basado en una auditoría de la Unidad de Investigación y Anticorrupción del OCMA que reposa en la investigación preliminar N.º 002-2014.

La Quinta Fiscalía Superior, a cargo de Wilfredo Avellaneda, aún no se ha pronunciado, pero Béjar teme que el fallo, motivado por intereses de El Comercio, pueda ser contra él.

Estas son las pruebas de que el defensor de El Comercio no ha dicho la verdad sobre la actuación de la jueza Béjar.

1)LAS FECHAS. Monroy ha asegurado en su queja contra la jueza Béjar que ella firmó la resolución N.º 1 —la referida acción de amparo— el 2 de enero de 2014 y no el 27 de diciembre de 2013.

Por lo tanto, según El Comercio, ella ejerció funciones supuestamente fuera de tiempo porque –de acuerdo al CNM- ella solo reemplazaba al juez titular del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, Juan Ricardo Macedo Cuenca, entre el 28 de octubre y el 27 de diciembre de 2013.

No obstante, esto es mentira. El sistema de Consulta de Expedientes Judicial (CEJ), del caso N.º 35583-2013-0-1801-JR-CI-04, indica que la resolución, con la firma de la jueza,  fue admitida el 27 de diciembre de ese año.

Entonces, la jueza no usurpó funciones del juez Macedo. Punto a favor de Béjar.

2)LA FIRMA DEL ESPECIALISTA LOLOY. El representante legal de El Comercio ha afirmado que la resolución de la jueza Béjar lleva la rúbrica del especialista Miguel Ángel Loloy Príncipe, quien no trabajaba en ese despacho desde hacía tres meses antes a esa fecha.

Ese hecho no es cierto. Según la primera hoja de la resolución presentada por el mismo Monroy, en su queja en el OCMA, el citado documento no lleva la firma de Loloy sino aparece su nombre y apellidos.

Ocurre que el nombre del especialista Loloy no fue sacado del sistema de información judicial de trabajo interno de los jueces.

Por eso, aparece impreso en la resolución. El hecho fue aclarado por la jueza Béjar y por el OCMA. Otro punto a favor de la magistrada.

3)LA JUEZA TUVO RECARGA PROCESAL Y DEJÓ DE CALIFICAR DEMANDAS.: Esta demanda fue presentada, increíblemente, por el juez Ricardo Macedo Cuenca y El Comercio.

Sin embargo, la OCMA resolvió que ese hecho no fue así ya que la recarga procesal provenía del trabajo retardado del propio Macedo a la que Béjar lo reemplazó ya que él fue suspendido dos meses de sus funciones. Otro punto a favor de la jueza.

Diario 16, 26.02.2015