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La Comisión Europea abrió una investigación para evaluar el laudo arbitral favorable al fondo Antin por el que se condenó a España a pagar 101 millones de euros por la modificación del régimen de apoyo a las energías renovables.
«La Comisión Europea ha iniciado una investigación en profundidad con objeto de evaluar si el laudo arbitral por el que España debe pagar una compensación a Antin debido al apoyo cesante tras la modificación de una medida de apoyo a la electricidad procedente de fuentes renovables se ajusta a las normas de la UE en materia de ayudas estatales», informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.
La consideración preliminar de Bruselas es que la indemnización millonaria, ordenada por un tribunal de arbitraje, pudo constituir una ayuda estatal ilegal conceder a Antin una «una ventaja equivalente a las que otorgaba el régimen español no notificado de 2007».
El caso se remonta a 2007, cuando España instauró un régimen de apoyo a la producción de electricidad procedente de fuentes renovables que no fue notificado a la Comisión para su autorización de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales.
Posteriormente, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy ejecutó una reforma que modificó las condiciones en las que las instalaciones de renovables podían obtener apoyo, afectando a las que se habían beneficiado del régimen anterior.
Bruselas resolvió en 2017 que el nuevo marco se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales, pero un año más tarde un laudo arbitral dictaminó que España había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía con su reforma.
El tribunal ordenó a España compensar con 101 millones de euros a Antin, constituido por dos fondos en Luxemburgo y Países Bajos, que había invertido en las renovables españolas bajo el régimen de 2007 y sufrió pérdidas por las modificaciones.
En su comunicado, Bruselas afirma que el arbitraje entre inversores y Estados, cuando se aplica entre miembros de la UE, «socava el sistema de recursos legales previsto en los Tratados de la UE para resolver esos litigios» y «supone una amenaza para la autonomía del Derecho de la UE y el principio de confianza mutua».
También cuestiona si este procedimiento «puede generar discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad y su capacidad de recurrir al arbitraje internacional, dado que los inversores españoles no tienen la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal de arbitraje por las modificaciones del régimen de 2007».
La Comisión investigará si el apoyo adicional concedido por el laudo «es necesario para el desarrollo de una actividad económica, tiene efecto incentivador y es proporcionado», y también «si conceder ese apoyo únicamente a Antin puede falsear indebidamente la competencia».
El Ejecutivo comunitario precisó que el inicio de la investigación «otorga a todas las partes interesadas una oportunidad de formular observaciones» y «no prejuzga en ningún modo el resultado de la investigación».
Con información de Sputnik
