Por Humberto Campodónico
"Todos los analistas dijeron siempre que era económicamente inviable que se desarrollaran dos gasoductos paralelos. Por eso todos apostaban a que en algún momento las 2 empresas se iban a poner de acuerdo y hacer un solo gasoducto. Sin embargo, finalmente no primó la racionalidad y se construyeron los dos gasoductos".
La construcción tenía un objetivo central: abastecer de electricidad barata (producida con gas) a las grandes minas de cobre de la II Región. Entre las más importantes están: la estatal Codelco (Chuquicamata y Radomiro Tomic), Collahuasi, Mantos Blancos y Quebrada Blanca (Angloamerican), El Abra (Phelps Dodge), Escondida y Cerro Colorado (BHP Billiton).
Gasatacama tendría una capacidad de 300 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) y el Norandino de 250 mmpcd, para un total de 550 mmpcd. Solo ese dato ya indicaba sobreoferta, pues la demanda inicial no excedía los 200 mmpcd, lo que incluía a las minas y, también, a las industrias y ciudades de la zona.
A pesar de las tratativas para unificar los gasoductos, no hubo acuerdo, se construyeron los dos (Gasatacama costó US$ 425 millones y se terminó en mayo del 99; el Norandino, a un costo de US$ 400 millones, en enero del 2000) y comenzó una "guerra a muerte":
"Se produjo una masiva licitación de contratos para abastecer a los grandes clientes industriales y mineros, adjudicados en su mayoría por Gasatacama, al tener precios de generación mucho más baratos. Al mismo tiempo, hubo una sobreinstalación de plantas de generación, del orden de casi 3.5 veces la demanda de energía" (ídem). En solo 3 años, de 1998 a 2001, se construyeron plantas térmicas a gas natural con una capacidad de 2,111 MW.
La irracionalidad se vio agravada por la sobreestimación de la demanda, lo que se corrobora por las exportaciones de gas. En efecto, según la Comisión Nacional de Energía, en el 2003 solo se transportaron, por los 2 gasoductos, 168 mmpcd, bastante menos que la demanda estimada y a la capacidad total de los gasoductos (550 mmpcd).
Todo lo reseñado aquí ocurrió antes de que Argentina restrinja las exportaciones de gas, en el 2004. Actualmente (abril del 2008), solo el 5% de los volúmenes acordados en los contratos es cubierto por las exportaciones argentinas.
La lección clave es que el Estado no puede estar ausente en las grandes decisiones de política energética. Es el caso de los contratos de exportación entre Argentina y Chile: si bien hubo un acuerdo marco entre los Estados, toda la responsabilidad por la compra/venta de gas la asumieron los privados, como sucede aquí con la exportación a México. Y si nos faltara gas, ¿el Estado peruano le cortaría el suministro a México para abastecer nuestro mercado interno, como hizo Argentina con Chile? Obvio.
Lo mismo se puede decir sobre los 2 gasoductos: un adecuado rol regulador del Estado en el otorgamiento de las concesiones de transporte hubiera evitado el despilfarro de centenas de millones de dólares y la quiebra de numerosas empresas. En el Perú, ahora que hay dos propuestas, una andina y otra costeña, para llevar el gas a Ilo, hay que aprender de la experiencia de nuestro vecino y construir un solo gasoducto.
Además, y más importante, no se trata solo de dinero despilfarrado por privados: se trata de la inclusión social de millones de peruanos a partir de una fuente energética barata. El presidente García no debe autorizar la construcción de 2 gasoductos, sino solo de uno: el gasoducto andino.
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