En medio del ruido mediático por las denuncias de corrupción en el Poder Judicial y por el caso Odebrecht, el Gasoducto Sur se ha posicionado nuevamente en la agenda nacional, y no precisamente por alguna decisión del Gobierno Nacional, sino por la iniciativa de dos gobernadores regionales: Walter Aduviri (Puno) y Zenón Cuevas (Moquegua), quienes se aventuraron a solicitar una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para tratar temas de interés de la denominada megarregión continental; entre ellos, el abastecimiento del sur con gas boliviano.
Esta reunión puso en alerta al Gobierno Nacional, que prontamente envió una misión ministerial para tratar el tema del gas de Estado a Estado, pues su importación no pasa por una decisión de política regional, sino de nivel nacional. A pocos días de esta reunión, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara Dodds, les desinfló el globo a los gobernadores del sur, asegurando que la masificación del gas es prioridad del Gobierno, pero «solo con el gas peruano».
Al margen de lo que suceda hacia adelante con Bolivia —pues habrá otra reunión bilateral a nivel de viceministros, en la ciudad de Lima, en febrero—, hay que reconocer que la iniciativa de los gobernadores del sur ha respondido a una demanda de la población de la Macro Región Sur, que viene siendo «mecida» hace varios años con el proyecto del Gasoducto Sur Andino, después denominado Gasoducto Sur Peruano y ahora, Sistema Integrado de Transporte de Gas. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas está decidiendo sobre un nuevo trazo del ducto, sin que nuevamente, medie ninguna consulta a los gobernadores del sur, ni una definición clara sobre si el nuevo diseño del proyecto incluirá la petroquímica. Tampoco hay información respecto al estado de la infraestructura (avance del gasoducto) que quedó instalada, luego de la anulación del contrato al concesionario de la obra, donde Odebrecht figuraba como socio mayoritario del consorcio que la ejecutaba.
Tras la paralización del gasoducto, el Gobierno anunció el proyecto de distribución de gas “Siete Regiones”, para masificar su uso en la zona centro sur (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali). El cronograma de adjudicación de este proyecto también se ha ido dilatando, inicialmente se dijo que sería en mayo de 2018, luego en el tercer trimestre de ese año y posteriormente, en 2019, sin precisar el mes. Lo único claro desde el Gobierno, respecto al proyecto, es que esta infraestructura de energía será alimentada por gas peruano.
Actualmente, tres distritos de Arequipa ya cuentan con el servicio de gas domiciliario que es suministrado por dos plantas de gas, que a su vez son abastecidas por camiones cisterna. La concesión es para ocho distritos y la empresa Naturgy (antes Fenosa) está a cargo de la distribución de gas natural (la instalación de conexiones domiciliarias). Lo mismo se proyecta para Ilo, Moquegua y Tacna, bajo la misma modalidad. La empresa tiene como meta instalar 40 162 conexiones de gas natural en la región y 64 000 en el suroeste del país.
El Gasoducto Sur Andino, lo reiteramos, es vital para el desarrollo de la Macro Región Sur, por lo pronto abarataría los costos del gas domiciliario ya instalado y luego, con el desarrollo de la industria petroquímica, se podrá avanzar en la tan anhelada diversificación productiva, que hasta el momento no pasa de ser una declaración. Por otro lado, el interés de exportación del gas boliviano por Moquegua es estratégico para el sur, pues permitiría la repotenciación del Puerto de Ilo, por ello nos parece importante que el Gobierno Nacional facilite la ejecución de este proyecto boliviano. Queda en el tintero volver sobre el contrato vigente de exportación del gas de Camisea, y revisar el costo de la molécula de gas peruano para la exportación, un negociado donde el Perú viene perdiendo muchísimo dinero. Señor Presidente, hay mucho por hacer.
desco Opina – Regional / 25 de enero de 2019
Programa Regional Sur – descosur
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