Más de US$ 110 el barril de crudo
¿Qué hacer: frente al petróleo caro y gas natural barato?
Por Jorge Manco Zaconetti (*)
Existen varios factores que explican la subida persistente del precio internacional del petróleo que van desde los problemas del Medio Oriente y la ocupación norteamericana en Irak, país que tiene más reservas en relación a la Arabia Saudita, hasta la desvalorización del dólar frente al euro, oro, y también el petróleo que desde hace mucho tiempo se le denomina también “oro negro”. Por tanto, mientras persista la declinación de la economía norteamericana, y la desvalorización del dólar, el precio del oro se mantendrá por encima de los 1,000 dólares onza troy y el precio del barril de crudo superará los 120 dólares, afectando a economías como la del Perú, que depende altamente del crudo importado.
Lo evidente es que el Perú es un importador neto, pues compramos al exterior más de 100 mil barriles diarios para poder satisfacer el mercado interno de combustibles que consume 150 mil barriles como promedio, en especial el diesel 2 que consumimos por encima de los 64 mil barriles diarios, equivalentes a 35 % de la demanda de hidrocarburos en el 2007. Sin embargo, gracias a Camisea la demanda de gas natural equivalente en barriles ocupa el segundo lugar desplazando al gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas.
Así, en un ejercicio de conversión del gas natural en barriles, la demanda de gas natural en el año 2007 ha sido de 42 mil barriles diarios (23 %), por tanto el gas ha desplazado al GLP que suma los 26 mil barriles (14%) y a los petróleos residuales que arriban a los 21 mil barriles equivalentes, conjuntamente con todas las gasolinas que suman también 21 mil barriles diarios.
En materia de política de combustibles estamos en el sendero correcto dependiendo cada vez más del gas natural que explica en la actualidad el 30 % de la generación eléctrica y donde más de 30 mil vehículos se han reconvertido al gas natural, y el objetivo nacional debiera ser superar los 300 mil vehículos al 2011 de un parque automotor que bordea el millón y medio de unidades, de los cuales más del 60 % está registrado en Lima.
Este es un objetivo central que el gobierno está interesado en promover con el llamado “bono de chatarreo”, por medio del cual los propietarios de automotores a diesel con más de 10 años de antigüedad puedan acceder a un bono de 2,500 dólares y de esta forma financiar la adquisición de un vehículo a gas natural.
El ministerio de Energía y Minas ha solicitado al ministerio de Economía y Finanzas el financiamiento de aproximadamente 50 millones de dólares para ejecutar este proyecto que presenta ganancias ambientales frente a un parque automotor envejecido, y económicas para los propietarios que adquieran las unidades que consumen gas natural.
Se debe tener presente que el actual gobierno a fines del 2006 negoció por cinco años con la empresa argentina Pluspetrol, operadora de Camisea, un precio preferencial para el gas natural que se utilice en el parque automotor, lo cual significa un gran ahorro para beneficio del consumidor, que no se está aprovechando lo suficiente.
El precio del gas natural, tiene un precio inferior a los cinco nuevos soles por galón equivalente frente a las gasolinas que estarían por encima de los 13 nuevos soles el galón si se trata de las gasolinas de 90 octanos, y si fuese de gasolinas 97 octanos tendría que pagar más de 17 nuevos soles.
Sin embargo, el costo de la conversión de un vehículo gasolinero a gas natural sigue siendo muy alto para un taxista o empleado, el abonar 1,200 a 1,400 dólares supone una dificultad para masificar y extender los beneficios del gas natural a las mayorías. Es más, al año se tiene que abonar más de 60 dólares a la empresa supervisora de las instalaciones del “chip” inteligente que verifica el buen estado del automóvil. Es decir, un abuso por una simple revisión que no debiera costar ni 60 soles.
En el mismo sentido debemos ser más agresivos para extender la red domiciliaria del gas natural para que una mayor población de Lima acceda a los beneficios del gas de Camisea. En el presente no llegan a las 10 mil familias y cerca de 300 empresas que se han “enganchado” con el gas natural obteniendo ganancias ambientales y económicas por los menores precios que ello significa.
Por ello, los municipios distritales debieran facilitar los permisos y licencias para establecer mayores conexiones domiciliarias con una política promotora que beneficia a los vecinos en el marco de la seguridad energética. Al mismo tiempo con una mayor cantidad de conexiones se debe reducir el costo de las instalaciones que está al borde de los 2,000 nuevos soles por domicilio, algo que está fuera de presupuesto de los sectores populares.
Sin embargo, las modificaciones del contrato realizadas en el 2003 para cambiar los términos del contrato para pasar de consumidores obligatorios a consumidores potenciales, hizo que la empresa “G.N.L.C Calida” no pusiera todo el empeño necesario para que hoy tengamos más de 65 mil clientes, que resultan ridículos frente a la experiencia de Colombia que ha masificado el consumo interno del gas natural, teniendo a su empresa ECOPETROL como agente dinamizador.
PARA QUÉ GAS BARATO
En la masificación del consumo del gas natural debiéramos ser más ambiciosos pero con las reservas del caso. No resulta razonable por ejemplo, masificar el consumo del gas natural para la generación eléctrica, puesto que sería una fórmula facilista por los menores costos que implica la inversión de centrales térmicas a gas natural frente a la construcción de centrales hidráulicas, o mejor aún frente a la energía eólica que se está absurdamente desaprovechando.
En nuestro país el precio del gas natural en boca de pozo proveniente del Lote 88 Camisea es tan barato para la generación eléctrica, equivalente a un dólar el millón de BTU (unidad de calor más o menos equivalente a 1,000 pies cúbicos de gas natural) multiplicado por un factor de ajuste, y en el caso de la industria a un precio de 1.80 el millón más el factor de ajuste, y que con los costos de transporte (US $ 1.0) y distribución no superan los 4 dólares el millón de BTU para el consumidor.
En los Estados Unidos de México y Norteamérica el precio por millón de BTU según el marcador “Henry Hub Spot Price” está sobre los US$ 9.85 dólares al cual habría que sumarle los costos de transporte y distribución. Es decir, el precio del gas natural en nuestro país es bajísimo en relación a los vigentes a nivel internacional. Es tan bajo que desestimula la inversión de centrales hídricas y eólicas necesarias para la generación eléctrica.
Y ello se explica por la naturaleza del contrato firmado en el 2001, ante el retiro de la Shell en 1998 y las reservas probadas que estaban en el subsuelo del Lote 88, y especialmente a la renegociación que se realizó a fines del 2006 con la empresa argentina Pluspetrol. Se debe recordar que el contrato original del 2001 durante el Gobierno de Transición del doctor Valentín Paniagua, el precio del gas natural estaba determinado para la generación eléctrica de un dólar multiplicado por un factor de ajuste dependiente del precio de los petróleos industriales.
Así, mientras el precio de los petróleos residuales en New York, Costa Oeste de USA y Rotterdam, se mantenía por los 20 dólares el barril como el 2001, no había ningún problema, pero cuando los precios del crudo y los derivados comenzaron a elevarse en especial a partir del 2004, hasta llegar los petróleo industriales a un precio mayor a los 50 dólares el barril, el precio del gas natural tenía que ajustarse, pues estaba atado al precio de los residuales.
Sin embargo, en una negociación estratégica entre el presente gobierno y la empresa Pluspetrol se fijaron otros factores de reajuste, que sustituyen el precio de los petróleos industriales. Así, el precio del gas para la generación eléctrica e incluso para el uso industrial, se mantuvo al igual que el contrato del 2001, pero ahora el factor de ajuste sería el índice de precios del equipo y maquinaria en los Estados Unidos con un límite de incremento anual no mayor del 5 %.
Esta renegociación del presente gobierno demuestra que sí se puede renegociar los contratos de estabilidad, jurídica y administrativa, firmados con las empresas privadas cuando existe decisión política y conviene al interés nacional. Y lo mismo debiera hacerse para que todas las empresas mineras, sin excepción, abonen las llamadas regalías mineras, como lo hacen todas las empresas de hidrocarburos.
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(*) Investigador UNMSM y Consultor
