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Petroquímica: los intereses nacionales en el suelo
Por Humberto Campodónico
Una de las principales características del gas natural es que nos permite sustituir al caro petróleo importado, que actualmente bordea los US$ 100/barril. Esto reduce, pero no elimina nuestra dependencia energética, puesto que la balanza comercial de hidrocarburos es aún deficitaria.
Otra característica clave del gas natural es que permite el desarrollo de la industria petroquímica (PQ), que produce fertilizantes, úrea y amoniaco, entre otros, tan necesarios, entre otros, para nuestros agricultores. Por eso, es de vital importancia su puesta en marcha, lo que en estos días está en discusión en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en el consorcio Camisea (que lidera Pluspetrol) y en las empresas que están concursando para la instalación de las plantas PQ.
En esta discusión, donde debieran primar los intereses del Estado, no es eso lo que sucede, porque seguimos amarrados al andamiaje neoliberal del fujimorismo, tanto en la Constitución 1993, como en otras leyes.
Veamos. La Constitución establece que el Estado es propietario de los hidrocarburos (petróleo y del gas natural) en el subsuelo. Pero la Ley de Hidrocarburos (Ley 26221), a través de los contratos de licencia, establece que, previo pago de una regalía, el contratista es propietario de los hidrocarburos que extrae. Así, el consorcio Camisea decidirá a qué empresa PQ le venderá el gas natural.
Increíble, pero cierto. El Estado abandona su rol impulsor y deja que los privados decidan sobre un tema de interés nacional. No sucede así en Chile, donde la industria PQ que opera en Magallanes es de propiedad de la estatal petrolera ENAP. Lo mismo sucede en México y Brasil, con PEMEX y Petrobrás.
Si en Perú no gobernara la derecha más obtusa, es claro que Petroperú, aliada con Petrobrás, debiera instalar la PQ, de acuerdo a un proyecto técnico que cumpla con los estándares de calidad y eficiencia. Pero la sola mención a este planteamiento hace que los neoliberales (y algunos tontos útiles que reclutan en el camino) inmediatamente digan que eso sería "competencia desleal".
Para apoyar sus "argumentos" cuentan con la Constitución fujimorista de 1993, que en su Art. 60 establece que la actividad empresarial del Estado es subsidiaria (allí donde los privados no quieran invertir). Por lo tanto, el solo hecho que Petroperú postule ya es un "pecado mortal". Así, el consorcio Camisea (que lidera Pluspetrol) será quien tome la decisión final y el consorcio Petroperú-Petrobrás puede (o no) ganar la licitación.
La cereza de la torta es que hay muy poco gas para la PQ, pues de los 11.9 billones de pies cúbicos de reservas (bpc; trillones, en inglés) de gas, 6 BPC están destinados al mercado interno, lo cual está muy bien. El gran problema es que se van a exportar a México 4.2 BPC con el contrato con Perú LNG, lo que solo deja 1.7 BPC para la PQ. Por eso es que "caben" solo 2 proyectos.
Además, el precio de exportación es muy bajo, lo que no sucede con la PQ cuyo valor supera en 7 a 11 veces el valor del gas exportado. Si se exportara menos, habría más reservas para la PQ, lo que permitiría licitar muchos proyectos (aparte del de Petroperú). Pero he aquí que el continuismo neoliberal se da el lujo de privarnos de 3 o 4 plantas PQ todo por el "negocio" de cubrir las necesidades energéticas de otros países.
Más allá de las leyes del Congreso, de las pequeñas intervenciones del Ejecutivo y de las licitaciones del consorcio Camisea, queda claro que todo el marco, económico y legal, de las actividades de hidrocarburos tiene que sufrir modificaciones drásticas. Algo que tendrá que hacer otro gobierno de "cambio responsable", porque el actual "continuismo irresponsable" no parece tener límites.
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