Por Humberto Campodónico
Hace unos días, Repsol ganó el contrato para venderle 2.38 billones de pies cúbicos del gas de Camisea a la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE). El gas natural licuado (GNL) llegará a la planta de regasificación de Manzanillo, en la costa occidental. Según Repsol, el valor de las exportaciones durante los 15 años del contrato tiene un valor aproximado de US$ 15,000 millones.
Si bien 11 empresas compraron las bases, al final solo se presentó Repsol. El precio techo de la CFE fue el 91% del precio del mercado de EEUU, llamado «Precio Henry Hub». Repsol ofreció vender el gas peruano a 3 centavos de dólar menos. Dijo la CFE «El mercado de gas a nivel mundial es muy estrecho. Por eso, estamos muy satisfechos con la oferta de Repsol. Está en condiciones muy buenas de por sí. El techo de las bases del concurso era muy favorable para CFE, y haber obtenido una propuesta tres centavos por debajo de nuestro techo nos deja muy satisfechos» (BNaméricas, 5/9/07).
Quizá porque el precio techo era «muy favorable» para la CFE las otras 10 empresas no se presentaron, pero eso no ha podido confirmarse. En todo caso, lo que interesa es saber si la exportación del gas de Camisea le favorece, o no, al país. Para ello, lo primero, lo primordial, lo indispensable, es saber si Camisea va a alcanzar para satisfacer el mercado interno de manera que se garantice el cambio de la matriz energética, reduciéndose así la participación del petróleo en el consumo.
La respuesta: con el actual nivel de reservas, no alcanza. Entonces, ¿por qué se exporta? Porque del 2001 al 2005 se cambiaron todas las leyes y reglamentos para que se pueda exportar –no solo el gas del Lote 56– sino el del Lote 88 (que nos abastece actualmente y estaba destinado solo al mercado interno), lo que culminó en la, vergonzosa, modificación del contrato-ley del Lote 88 en enero del 2006 (www.cristaldemira.com, La privatización del Estado y la exportación del gas del Lote 88, 16/3/06).
Lo segundo: el gas, además de los usos que ya tiene hoy (centrales eléctricas, industrias, autos y domicilios) debería usarse para la petroquímica, pues, como el mismo gobierno lo dice en el Proyecto de Ley 1189, los ingresos son 7 veces mayores que si se exporta el gas en bruto, como sucede con el proyecto Peru LNG.
En el caso de Bolivia, país que decidió no exportar su gas como GNL vía un puerto del Pacífico, logró aumentar el precio de exportación a Argentina (vía gasoducto) a US$ 5 por mil pies cúbicos (mpc); el precio a Brasil es de US$ 4.3/mpc, también por gasoducto, y se está negociando para que aumente a US$ 5/mpc.
En la exportación a México, al 91% del precio Henry Hub (que está en US$ 6.5 a 7 /mpc) hay que descontar todos los costos de llevarlo hasta allá para obtener el precio en boca de pozo en Camisea (www.cristaldemira.com, «Cuando el precio se calcula para atrás», 16/9/07). Este es el precio que le interesa al Estado para el cálculo del impuesto a la renta y las regalías. Es algo que debiera conocerse ya, en aras de la transparencia. Lo que se puede decir es que no se obtendrá US$ 5/mpc, como Bolivia, sino mucho menos, quizá menos que el precio de venta en nuestro propio mercado interno.
Pero la cuestión central no es tanto un problema crematístico, sino de seguridad en el abastecimiento del mercado interno, primero, y de abastecer los proyectos de petroquímica que rinden 7 veces más que la exportación del gas en bruto. Y aquí ya hay problemas porque el operador de Camisea, Pluspetrol, está hace buen tiempo deshojando margaritas para ver cuánto gas le da a los diferentes proyectos de petroquímica, porque no alcanza para todos, ya que buena parte del gas está comprometido para la exportación.
Lo que nos devuelve a la cuestión básica: ¿el Estado puede abdicar a su responsabilidad de establecer las necesidades, y la independencia energética, del país en el largo plazo y dejar que las decisiones sean tomadas por las empresas y sus criterios de mercados, ganancias y rentabilidad?
Cristal de mira, 27.09.2007
