Treinta actos de negligencia, corrupción, cobardía y traición a la patria cometidos durante la Guerra del Salitre y que nunca se investigaron a pesar que la Asamblea Constituyente de 1884 creó una comisión investigadora al respecto

Por César Vásquez Bazán

Ante el veto del gobierno de Miguel Iglesias, la ley de creación de la comisión investigadora fue promulgada por el presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885. Sin embargo, la ley promulgada nunca fue publicada en el diario oficial «El Peruano».- El robo de un pueblo no prescribe nunca.-

Leyes dictadas por la Asamblea Constituyente de 1884. Por motivos desconocidos, la ley de creación de la “Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile” no fue publicada en el diario oficial El Peruano, a pesar de haber sido promulgada por el presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, I: 6-7)

El 31 de marzo de 1884, en su último día de sesiones, la Asamblea Constituyente aprobó la ley de creación de la comisión investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile. El proyecto fue presentado por el diputado Juan Martín Echenique en la segunda sesión de la Asamblea Constituyente, el 3 de marzo de 1884 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, I: 91).

Entre las consideraciones de esta ley, se indicó que el organismo a instalar debería estudiar “las muchas y variadas” causas de la guerra y la responsabilidad de los que la dirigieron o fueron actores en ella. En especial, la ley estableció que debería analizarse las razones por las cuales no se pudo o no se supo “preparar y disponer los poderosos elementos con que el Perú contó o debió contar” para la guerra.

La comisión investigadora también debería descubrir los vacíos o imperfecciones del sistema político y administrativo peruano, a los que podían atribuirse los desastres bélicos, con el fin de corregirlos. La ley señaló que era necesario esclarecer quiénes habían sabido cumplir los deberes que les imponían los cargos o funciones voluntariamente aceptados y quiénes los que incurrieron en responsabilidad por insuficiencia o abandono en el cumplimiento de sus obligaciones.

Negativa del régimen de Miguel Iglesias a aprobar la creación de la comisión investigadora

Como era de esperarse, el gobierno de Miguel Iglesias se negó a promulgar la ley de creación de la comisión investigadora de la guerra, aprobada por la Asamblea Constituyente. Sin duda, la publicación del dispositivo legal significaría un grave peligro para el presidente regenerador y sus cómplices entreguistas. Ya se ha recordado en artículos anteriores de este blog los tejes y manejes en materia de dinero entre el invasor chileno y la argolla de Iglesias. La implementación de la comisión investigadora podría poner en serios aprietos a los principales personajes del gobierno creado por Chile para hacer aprobar el tratado de Ancón.

En vista de la negativa del gobierno regenerador, la Asamblea Constituyente insistió en 1885 en reclamar la dación de la ley de creación de la comisión investigadora de la guerra. El 29 de abril de 1885 la ley fue promulgada por Manuel Tovar, presidente a la sazón de la Asamblea Constituyente, y por los diputados secretarios Juan Lanfranco y Maximiliano Frías.

Algunas investigaciones que debió haber asumido la comisión investigadora de la guerra

El soborno chileno del régimen iglesista no hubiera sido el único acto que debió haber estudiado la comisión investigadora de la guerra. Los siguientes son otros casos que debieron ser objeto de su atención:

1. Los lazos y vínculos personales, familiares, políticos y de negocios entre el presidente Mariano Ignacio Prado y ciudadanos, empresas, políticos y gobernantes chilenos, anteriores a la guerra, durante la guerra y posteriores a ella.

2. La negligencia de los gobiernos de Manuel Pardo y Mariano Ignacio Prado en preparar al país para el conflicto, al no adquirir a tiempo los buques y armamentos y al no conformar ni entrenar una fuerza armada que estuviera en capacidad de defender al país y afrontar un enfrentamiento que estaba cantado y se veía venir desde años atrás.

3. Los negociados en las adquisiciones de pertrechos y elementos militares efectuados por Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola y Miguel Iglesias.

4. Las condiciones en las que se obligó a combatir a naves cuyas tripulaciones carecían de disciplina y que no se encontraban debidamente entrenadas para el conflicto, como es el caso de la fragata Independencia.

5. Las imprudentes órdenes de Mariano Ignacio Prado al contralmirante Miguel Grau, que obligaron al Huáscar a hacerse a la mar cuando se sabía que los fondos del monitor tenían que limpiarse para que pudiera readquirir su máxima velocidad, disminuida en tres o cuatro nudos por la falta de mantenimiento.

6. La fuga de la corbeta Unión en Punta Angamos el 8 de octubre de 1879 y la conducta de su comandante, Aurelio García y García, abandonando a la nave capitana Huáscar atacada por los blindados chilenos.

7. La indisciplina y precipitación que caracterizaron el combate en el cerro San Francisco, que condujeron a las fuerzas peruanas y bolivianas a sufrir graves pérdidas humanas.

8. La retirada de Camarones del presidente boliviano Hilarión Daza y de las fuerzas que comandaba. Se afirma que Daza fue sobornado por el gobierno chileno para que las tropas bolivianas no entrasen en combate.

9. La fuga de Iquique, disfrazado de buhonero, de Ramón López Lavalle, prefecto del departamento de Tarapacá.

10. La deserción y fuga del país del presidente Mariano Ignacio Prado, con el pretexto de comprar armamento en Estados Unidos y Europa.

11. El robo por el presidente Mariano Ignacio Prado de parte de los donativos de la colectividad para afrontar la guerra con Chile.

12. El abandono a su suerte, por parte del gobierno y del ejército, de la guarnición de la plaza de Arica, tras la batalla del Alto de la Alianza.

13. La deserción de Arica del coronel Carlos Agustín Belaúnde, el mayor Manuel Revollar, el capitán Pedro Hume, los subtenientes Enrique Dávila y Simón Quelopana y el sargento Gavino Vargas, que se negaron a defender Arica contra el avance chileno.

14. El comportamiento del coronel Segundo Leyva, quien desoyó los pedidos de apoyo del coronel Bolognesi y se negó a conducir sus tropas para combatir en Arica y colaborar en su defensa.

15. La conducta del ingeniero Teodoro Elmore que con diversas excusas prefirió permanecer prisionero del ejército chileno en vez de volver a Arica, siendo él el único conocedor del funcionamiento de los dispositivos eléctricos de control de las minas colocadas para defender la plaza.

16. La conducta del dictador Nicolás de Piérola antes y después de asumir el poder en diciembre de 1879. Debe incluirse la investigación del planteamiento defensivo, organización de las tropas y disposición del armamento en las batallas de San Juan y Miraflores los días 13 y 15 de enero de 1881. En estas batallas, diferentes cuerpos de la defensa peruana no entraron en combate. La investigación debe incluir la negativa de Piérola a contraatacar por sorpresa a los invasores chilenos en Chorrillos, la noche del 13 de enero de 1881.

17. El comportamiento de varios jefes militares que no entraron en combate o se comportaron negligentemente en las batallas de San Juan y Miraflores, entre los que se encuentra Juan Martín Echenique, comandante en jefe del ejército de reserva de Lima.

18. Las acusaciones por mal manejo de los fondos para la defensa de la capital, en contra de Juan Martín Echenique, comandante en jefe del ejército de reserva de Lima.

19. La colaboración de elementos civiles y militares con el enemigo chileno tras la ocupación de Lima por el ejército invasor.

20. La renuncia a tomar las armas en defensa del Perú firmada por el general Fermín del Castillo y otros altos jefes y oficiales de las fuerzas armadas peruanas, accediendo al requerimiento del ejército chileno de ocupación.

21. Los mensajes derrotistas y de aceptación de las condiciones de paz exigidas por Chile difundidos en Lima, Arequipa, Cajamarca y el resto del país por el coronel Mariano Bolognesi Cervantes (artículo ¿Qué hacemos?, El Comercio de Guayaquil, 25 de febrero de 1881); el joven catedrático de Literatura de la Universidad de Arequipa Belisario Llosa y Rivero (discurso La verdadera situación y aspiraciones del Perú después de la toma de Lima, Arequipa, 20 de abril de 1881); y Julio Santiago Hernández y Maximiliano Frías, asesores principales y publicistas de Miguel Iglesias (Circular a la juventud nacional de Cajamarca para establecer asambleas provinciales, La Reacción, Cajamarca, primero de marzo de 1882).

22. El comportamiento de Miguel Iglesias y diversos jefes militares y funcionarios civiles asociados con este político, que decidieron traicionar a su nación y aliarse con el enemigo con la finalidad de ajustar la paz con Chile, sin interesar los sacrificios de la dignidad y honor nacional a los que se tuviera que llegar. Deben ser investigados Lorenzo y Joaquín Iglesias Pino de Arce, hermanos de Iglesias y ministros del régimen regenerador; Mariano Castro Zaldívar Iglesias, delegado de Iglesias en Lima, tramitador del tratado de Ancón y cuñado de Miguel Iglesias a quien manipulaba políticamente; Vidal García y García, segundo delegado de Iglesias en Lima, hijo político de Mariano Castro Zaldívar y sobrino político de Miguel Iglesias; Víctor Castro Iglesias, sobrino y hombre de confianza de Miguel Iglesias; y José Antonio de Lavalle, tercer delegado del gobierno de Iglesias en Lima y tramitador del tratado de Ancón.

23. Las relaciones mantenidas entre el presidente “regenerador” Miguel Iglesias y sus manejadores chilenos en cuanto a la promoción, implementación, organización y movilización de las fuerzas colaboracionistas de Iglesias en contra de la resistencia peruana, representada por Andrés Avelino Cáceres y los montoneros. Debe investigarse la conducta de los cómplices de Miguel Iglesias que colaboraron con el invasor chileno poniéndose al servicio de la fuerza armada enemiga como el hacendado del valle del Mantaro, Luis Milón Duarte Ramos nombrado por Iglesias como jefe superior de los departamentos del centro, cargo desde el cual se esforzó en lograr abatir o capturar al general Cáceres. El mismo Cáceres también señaló a Manuel de la Encarnación Vento y Mariano Vargas Quintanilla, cuñado de Vento, que convertidos en “viles instrumentos del enemigo […] hacen causa común con los invasores chilenos, les sirven de espías, los guían por caminos extraviados, les prestan recursos o desaniman a los ciudadanos para que no tomen las armas en defensa del país”.

24. La declaración de ilegalidad aplicada por el régimen de Iglesias en contra de Andrés Avelino Cáceres, los montoneros y la resistencia peruana en general el 8 de enero de 1883.

25. La imposición chilena de las condiciones del denominado tratado de Ancón, que habrían sido aceptadas por Iglesias y sus cómplices a cambio de sobornos. Específicamente se acusa a Mariano Castro Zaldívar Iglesias de haber recibido un millón de pesos chilenos del negociador sureño Jovino Novoa Vidal para que el protectorado de Miguel Iglesias, cuñado de Castro Zaldívar, suscribiera el tratado de Ancón.

26. El papel cumplido por la misión enviada por Miguel Iglesias a Arequipa, que arribó a esa ciudad el 13 de septiembre de 1883 y estuvo integrada por el banquero y comerciante Aurelio Denegri y por el abogado Miguel Antonio de la Lama. Denegri entregó a Montero un acta firmada por los vecinos notables de Lima en la que éstos expresaron su apoyo al gobierno de Iglesias, solicitaron el reconocimiento de Iglesias como presidente, pidieron a Montero que el Gobierno Provisorio con sede en Arequipa dejase de existir y que no se estorbase el proceso de la paz chilena con desmembramiento territorial del Perú que los representantes de Iglesias firmarían con los chilenos en el tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883.

27. El comportamiento de Lizardo Montero, vicepresidente del Gobierno Provisorio con sede en Arequipa; del abogado arequipeño Mariano Nicolás Valcárcel, presidente del consejo de ministros y ministro de Relaciones Exteriores; de Diego Butrón y Armando de la Fuente, alcaldes de Arequipa; del político colaboracionista iglesista Juan Guillermo Mercado y de diversos líderes civiles y militares del Gobierno Provisorio, de la ciudad de Arequipa, Locumba y otras localidades del sur en relación con la caída de Arequipa en manos del invasor chileno a fines de octubre de 1883.

28. La conducta de los generales del ejército de línea Belisario Suárez y César Canevaro, coroneles del ejército de línea José Godines, Ignacio Somocurcio, Francisco Llosa Abril, Germán Llosa Abril y Julio Jiménez y coronel de la guardia nacional Luis Llosa Abril por abandonar las posiciones de defensa de Arequipa y por su papel en la sublevación de las fuerzas armadas en contra del Gobierno Provisorio a fines de octubre de 1883. Con excepción de Canevaro y Jiménez, todos los generales y coroneles mencionados eran arequipeños.

29. La conducta de cerca de un millar de jefes y oficiales del ejército peruano, entre ellos más de sesenta coroneles, que habiéndose negado a defender Arequipa a fines de octubre de 1883 se inscribieron en los primeros días de noviembre de 1883 en el estado mayor chileno cumpliendo las órdenes del ejército invasor.

30. La conducta del secretario de Iglesias y miembro de la Asamblea Constituyente Julio Santiago Hernández, como portador de las órdenes y amenazas chilenas contra los constituyentes opositores a la ratificación del tratado de Ancón en la sesión secreta de la Asamblea Constituyente el 8 de marzo de 1884. Diego Armstrong, secretario de Patricio Lynch, y Jovino Novoa, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Chile en el Perú controlaron desde el mismo local del congreso la votación de la sesión secreta en la que se aprobó el tratado de Ancón. Desde su ubicación en los lugares reservados al cuerpo diplomático en el local del congreso, Armstrong y Novoa, a través de Hernández, hicieron saber a los representantes que se mostraban reacios a aprobar el tratado que si éste no se ratificaba “ese mismo día”, Chile procedería a ocupar Lima nuevamente, derrocaría a Iglesias y tomaría represalias contra los que votaran en contra de la aprobación. Con el fin de hacer ver que las intenciones eran verdaderas, ese día la caballería chilena se acercó a Lima encontrándose lista para reocupar la capital.

Conclusión

La ley de creación de la comisión investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile fue promulgada el 29 de abril de 1885 por el presidente de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, dicha ley nunca fue publicada en el diario oficial El Peruano. Por ello, la comisión nunca fue creada ni pudo funcionar, seguramente por las devastadoras consecuencias que sus investigaciones hubieran podido ocasionar en las vidas y futuros de los políticos y militares involucrados.

Corresponde hoy a la historia y a los historiadores peruanos llevar adelante las tareas que hace más de ciento treinta años se negaron a realizar los miembros de las clases dominantes peruanas, esos mismos que bajo el efecto de sus ignorancias, torpezas y ambiciones entregaron a Chile los territorios peruanos de Tarapacá, Tacna y Arica.

Ley de creación de la “Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile” promulgada por el presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, II: 299)

Ley de creación de la “Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile” promulgada por el presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, II: 300)

Ley de creación de la “Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile” promulgada por el presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, II: 301)

Fuente

Cámara de Diputados de la República del Perú. Comisión de Policía. 1917. Sesiones y Debates de la Asamblea Constituyente de 1884-1855. Tomo I: Año 1884. Lima: Empresa Tipográfica Lártiga.

Cámara de Diputados de la República del Perú. Comisión de Policía. 1917. Sesiones y Debates de la Asamblea Constituyente de 1884-1855. Tomo II: Año 1885. Lima: Empresa Tipográfica Lártiga.

© César Vásquez Bazán, 2013, 2019
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Septiembre 22, 2013; mayo 31, 2019
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