El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, afirmó que si bien el Estado peruano viene mostrando resultados en la lucha contra la trata de personas, todavía existen deficiencias, especialmente en el tema de asistencia y protección a las víctimas. Así lo refirió durante la presentación del III Informe “Un balance desde la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2014 – 2015”, elaborado por Capital Humano Social Alternativo.
Al respecto, llamó la atención sobre la falta de incorporación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en las políticas públicas sobre trata de personas, dado que cumple un rol importante en el proceso de reintegración de las víctimas. Asimismo, lamentó la falta de implementación de suficientes albergues especializados. “La asistencia y protección de las víctimas de trata de personas no puede pasar a un segundo plano en la agenda pública; al contrario, es el objetivo central del Protocolo Internacional de Palermo, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado”, enfatizó.
En ese sentido, y en vísperas de conmemorar el Día Nacional contra la Trata de Personas, Vega exhortó a las autoridades competentes a que adopten medidas que favorezcan la erradicación de este delito. “Si bien se han dado avances importantes, como el incremento del presupuesto para este año, no debemos olvidar la extensa agenda pendiente en donde destaca la necesidad de crear un Registro Único de Casos y aumentar el número de centros de atención de víctimas”, sostuvo.
El funcionario informó que, por su parte, las Defensorías del Pueblo de la región andina (Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela) vienen diseñando una estrategia conjunta que permita combatir este delito más allá de sus fronteras, la cual está orientada a incrementar los niveles de coordinación y operatividad entre naciones.
“Insto a las autoridades de nuestro país a tomar en cuenta la gravedad del problema y a pasar a la acción de manera inmediata. Todos estamos involucrados en esta lucha, tanto el Estado como la sociedad civil. Si la víctima ve afectada su dignidad con el trato cruel que recibe a manos de sus captores, no debemos afectarla más con nuestra indiferencia y olvido”, finalizó.
