Por Gustavo Espinoza M. (*)
Algarabía causó en los predios oficialistas de nuestro país el anuncio hecho por el mandatario yanqui George W. Bush ratificando la vigencia del Tratado de Libre Comercio que su administración alentara recientemente. 24 horas antes, la misma alegría había invadido los predios palaciegos cuando el Congreso de la República —virtualmente sin debate y con el Consejo de Ministros presente— aprobó una "ley ómnibus" —la ley 2929— gracias a la que el Estado Peruano aceptaba modificar procedimientos legales vigentes: el Código Penal, disposiciones del comercio, la Ley General de Ambiente, la protección a la propiedad intelectual, asuntos tributarios y otros; en el empeño por facilitar la vigencia del mismo TLC que sigue siendo noticia.
El acuerdo no equivalente entre la superpotencia del norte y nuestro país afectará severamente a la agricultura, pero también a la industria, a la producción y al comercio. Y se expresará, adicionalmente, en la quiebra de numerosas empresas y en la caída del empleo en una circunstancia en la que la crisis mundial también toca nuestra puerta.
Hemos dicho en más de una ocasión que los cinco pasos que cualquier gobierno debe dar para enfrentar una crisis de esta magnitud son muy claros: decir la verdad al país sin ocultar la gravedad de la situación, despertar la adhesión ciudadana y la confianza en el pueblo, proteger a las fuerzas productivas la más importante de las cuales son los trabajadores, incrementar la producción y la productividad del trabajo sin alentar la sobre explotación obrera y ampliar la capacidad adquisitiva de la gente moviendo el mercado en sentido positivo.
Ninguna de estas aristas ha sido tomada en cuenta por el régimen que ha persistido en su voluntad de engañar a la opinión pública, generar desconfianza en a ciudadanía, proteger los dineros de los inversionistas, trabar el desarrollo de la producción y restringir los ingresos de los trabajadores incrementando la recesión. Como nadando en sentido inverso, el gobierno ha buscado garantizar beneficios a los monopolios, sin importarle en absoluto el rumbo de la economía ni los derechos más elementales de la población.
Eso explica el Paro Nacional Agrario iniciado el 15 del presente y que se ha expresado en masivas demostraciones públicas ocurridas en diversas ciudades del país. La medida expresa la protesta del agro por el decreto legislativo 1081 orientado a privatizar el agua. El dispositivo, en su parágrafo cuarto autoriza al gobierno, en efecto, a "delegar" los proyectos relacionados con el sistema hídrico, al capital privado.
Pero no sólo los agricultores dicen su palabra en la coyuntura. También los productores textiles y los confeccionistas y los comerciantes de Gamarra, que ven con pavor el hecho que el mercado peruano se verá inundado con productos subsidiados, lo que pondrá en grave riesgo sus actividades. Y los trabajadores se alarman porque la consecuencia de ello será, sin duda, la reducción de las planillas y la eliminación de puestos de trabajo.
De eso modo, no sólo crecerá la inflación, que subió en el transcurso del 2008 del 0.24 en enero al 7.32 en diciembre, sino también la tasa de desempleo en una circunstancia en la que solo en el sector minero fueron despedido ya más de tres mil trabajadores.
Pero este no fue el único sello puesto en el periodo. También quedó cerrado el caso de los "petro audios". Como en el acuatizaje ocurrido en el río Hudson, aquí también se salvaron todos. Ministros, altos funcionarios del régimen, lobbystas y otros, quedaron formalmente como "promotores de la inversión" y como gentes empeñadas en "incentivar la llegada de capitales", de modo tal que no se les podrá hacer reproche alguno.
Los acuerdos bajo la mesa, las tratativas secretas, la presencia de ministros en la suite de Canaán —el superpoderoso negociante del consorcios cuestionado— quedarán como un vago recuerdo gracias a la decisión del Congreso de la Republica que en medio de un escándalo notable aprobó el dictamen del oficialismo en torno a la materia.
Y por si fuera poco, quedaron en evidencia las actividades de Business Track, una empresa de espionaje organizada por connotados funcionarios de la Armada en el retiro y en actividad, que laboraban a la sombra del actual vicepresidente de la República, el Contralmirante Luís Giampietri, acusado en el país por graves violaciones a los derechos humanos.
Dedicados al "chuponeo" y a otras actividades de fisgoneo y afines, los marinos y sus amigos se dedicaban a interceptar comunicaciones en todos los niveles, trabajando probablemente para servicios de inteligencia más calificados.
Su captura no constituye ciertamente un paso decisivo. Con seguridad se moverán los hilos de la Mafia y en corto tiempo las autoridades se las ingeniarán para asegurar que las acciones de Business Track no eran delictivas sino de investigación, razón por la que desaparecerá la presunción de delito.
Y el cuarto sello del periodo fue ciertamente la aprobación por parte del Congreso peruano del Proyecto 2960 remitido el pasado 8 de enero por el Poder Ejecutivo y como consecuencia del cual se autoriza el ingreso de unidades y personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las fuerzas armadas de nuestro país con similares del exterior, en realidad, de los Estados Unidos.
La norma genera hechos poco frecuentes en la historia nacional. Gracias a ellos, el mar peruano —el Mar de Grau, dicen los historiadores— estará a plena disposición de la IV Flota de los Estados Unidos, que lo usarán no sólo para transitar por las zonas ribereñas, sino también para abastecer misileras y otras unidades de combate naval. Y es que la disposición autoriza incluso el ingreso de buques de guerra al Callao y a otros puertos peruanos. Un virtual ejército de ocupación.
Estados Unidos no necesitará de ese modo, ni siquiera reemplazar la Base de Mantas, que perderá inexorablemente en Ecuador. Podrá crear en nuestro mar una base flotante que sea simplemente un centro de altas comunicaciones y conexiones tecnológicas que le permitirán operar con amplia libertad en a región.
En otras palabras, las aguas de nuestro Pacífico no lo serán tanto y se tornarán más bien guerreras para someter a nuestro pueblo y acosar a otros.
Se trata, en efecto, de cuatro sellos puestos por el Imperio en colusión con el gobierno de García. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. www.nuestra-bandera.com
