Guántanamo ha significado y significa la perpetración de una sistemática violación de derechos humanos. Detenciones secretas, encarcelamientos clandestinos, ausencia de acusaciones, desapariciones forzadas, torturas, negación de salvaguardas legales básicas y ausencia de cualquier tipo de protección jurídica.
Esta historia de vergüenza empezó en septiembre de 2001 cuando el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente Bush a usar la fuerza contra naciones, organizaciones y personas que a su juicio tuvieran cualquier relación con los ataques terroristas de Nueva York o con futuro terrorismo internacional. Poco más tarde, Bush autorizó a la CIA a establecer centros de detención fuera de Estados Unidos y dos meses después firmó una orden sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo”, por la que autorizaba al Pentágono a detener indefinidamente sin cargos a ciudadanos no estadounidenses. Además, talibanes y sospechosos de pertenecer a Al Qaeda no podían ser considerados prisioneros de guerra y, por tanto, quedaban excluidos de la protección de los Convenios de Ginebra, la que prohíbe juicios injustos, tortura, crueldad, atentados contra la dignidad o tratos humillantes y degradantes.
Todo este cúmulo de abusos y despropósitos condujo a que el 11 de enero de 2002 fueran trasladados a Guantánamo los primeros detenidos en Afganistán y recluidos en jaulas de malla metálica. Llegó a haber 800. Había empezado una de las más graves, cínicas y desvergonzadas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Esta masiva violación se agrava al saber que el 85% de los detenidos en Afganistán o zonas fronterizas pakistaníes fueron capturados por señores de la guerra de la Alianza del Norte (socios de Estados Unidos) a cambio de jugosas recompensas.
Lahcen Ikasrrien, un marroquí que se instaló en Afganistán donde adquirió un pequeño negocio fue detenido en Kunduz por soldados de Abdul Rashid Dostum y entregado al ejército estadounidense por 75.000 dólares. Sin investigaciones, sin pruebas ni indicios de la menor relación con actos terroristas. Sólo por ser extranjero en Afganistán en tiempo de guerra.
El 2 de diciembre de 2002, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó el uso de malos tratos en Guantánamo. Encapuchar y desnudar a los detenidos, privarles de la vista o del oído, someterlos a frío y calor sistemáticamente, mantenerlos en posturas en tensión física, uso de perros para causar estrés, desajustar el sueño y simulacros de ahogamiento. El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado denunció que altos cargos del gobierno de Estados Unidos se informaron sobre ‘técnicas agresivas de interrogación’, redefinieron la ley para simular legalidad y autorizaron el uso de torturas contra detenidos en Guantánamo.
Empezaron a oírse voces pidiendo el cierre de Guantánamo. Una de las primeras fue la de Amnistía Internacional, a la que se sumaron después peticiones desde la ONU, los ex presidentes Carter y Clinton, jefes de Estado de Europa y organizaciones jurídicas y de derechos humanos de todo el mundo.
Hoy el cierre de Guantánamo está cercano. El presidente electo Obama ha prometido que será una de sus primeras medidas. Pero también habrá que recuperar el respeto de los derechos humanos anterior al 11 de septiembre de 2001, suprimir la detención sin cargos ni asistencia jurídica y prohibir implacablemente la tortura en cualquier circunstancia. Y resolver qué se hace con los aún detenidos en Guantánamo.
Estados Unidos debe acusar y juzgar ante la justicia ordinaria estadounidense a los más de 250 detenidos que aún permanecen allí, pero con todas las garantías y salvaguardas que la legislación internacional y la Constitución estadounidense ordenan. Si Estados Unidos no los juzga, debe liberarlos y enviarlos a sus países en condiciones que excluyan la más remota posibilidad de torturas. Pues sucede que cerca de 50 de los detenidos de Guantánamo no pueden ser enviados a sus países (China, Libia, Rusia, Túnez y Uzbekistán) porque hay riesgo real de que allí sean torturados. El ejemplo de Portugal y Alemania, aceptando algunos de estos detenidos, es un buen camino.
La recuperación del respeto de los derechos humanos supone también acabar con la impunidad. Han de investigarse de modo independiente abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por Estados Unidos y sus aliados bajo el paraguas de la guerra contra el terror. Y juzgar a los responsables. Más garantizar la reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.
De otro modo, permaneceremos en la barbarie.
* Escritor y periodista
ccs@solidarios.org.es
