Marcela Rivera
El diferendo por el Golfo de Fonseca, en la costa centroamericana sobre el océano Pacífico, tiene más de 100 años y parece seguir igualmente lejos de una solución, aun cuando los tres países en pugna están obligados legalmente a fijar y respetar sus límites.
La disputa entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, que data de 1900, fue motivo de un arbitraje de la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en 1992.
Entonces, la CIJ determinó que cada uno de los litigantes tendría soberanía exclusiva sobre tres millas náuticas a partir de su costa, pero las aguas de la porción central del golfo, de 3.200 kilómetros cuadrados, serían administradas por los tres estados.
No obstante, La Haya no definió algunos puntos en disputa, e instó a los tres países a realizar las delimitaciones oportunas de acuerdo con el derecho internacional.
El «derecho a mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva hacia el mar de la porción central de la línea de cierre pertenece a los tres estados del Golfo, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y cualquier delimitación de las áreas marítimas pertinentes ha de ser efectuada por acuerdo basado en el derecho internacional», señala la resolución.
Y la polémica parece no tener fin. El 6 de este mes, volvió a estallar con la denuncia hecha por Nicaragua de una supuesta «invasión» de buques artillados salvadoreños en aguas territoriales situadas a menos de 30 millas de distancia de Punta Cosigüina, en el extremo noroccidental del Pacífico nicaragüense.
ESTÁ ESCRITO
El magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Carlos Guerra Gallardo, dijo a la Agencia Sputnik que la resolución de La Haya es de obligatorio cumplimiento, así como el mandato para delimitar las aguas.
«Hubo una sentencia y eso es de obligatorio cumplimiento. Se sometieron voluntariamente allí los países, en este caso: Honduras y El Salvador, y esto es de obligatorio cumplimiento; no hay ninguna duda, todo está muy claro, hay que ceñirse a lo escrito», afirmó.
El tribunal regional es el órgano del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), garante del cumplimiento de los tratados y protocolos de las naciones parte.
Guerra calificó de «preocupante» y «serio» el conflicto generado por la protesta de Nicaragua contra El Salvador, aunque consideró que los jefes militares de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) podrían incidir para reducir las tensiones.
«Ese incidente es muy preocupante y serio, esto no debió haber sucedido. Nicaragua y el sistema de integración tienen un mecanismo que es con la federación de ejércitos de Centroamérica del SICA (la CFAC) y esto va a ayudar a bajar las tensiones, pero son cosas que no deberían de suceder porque el Golfo de Fonseca es declarado una zona de paz y desarrollo», afirmó.
CONFLICTO Y LÍMITES
Las disputas tuvieron su punto más álgido en 1969, cuando El Salvador y Honduras (país que tiene en el golfo su única salida al océano Pacífico) libraron una guerra por la soberanía de la Isla Conejo, localizada a 600 metros de la costa hondureña, pero que San Salvador reclama.
Fue ese conflicto el que derivó en el arbitraje de la CIJ en 1992, aunque este no determinó el dominio del disputado islote, de apenas un kilómetro cuadrado de extensión.
El 27 de octubre de 2021, Nicaragua y Honduras finalmente delimitaron sus fronteras marítimas en el golfo, de acuerdo con la resolución de la CIJ, a través de un tratado que fue ya ratificado por los parlamentos respectivos.
El Salvador también fue invitado a suscribir el denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, suscrito en Managua por los presidentes Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. Pero la administración de Nayib Bukele se negó a sumarse y no reconoce el acuerdo.
Para Guerra es inadmisible que se produzcan nuevos incidentes como el de esta semana, sobre todo luego de la guerra que sufrió la región.
«Debemos ser enérgicos en decir que no pueden darse actos de invasión de soberanía. Es preocupante porque todos los marineros y las navales de estos países conocen bien los límites. Es más, hasta se establecieron boyas y otros mecanismos. No hay justificación para decir que hubo equivocaciones, porque eso está bien reconocido y bien delimitado», afirmó.
Aclaró que la CCJ no tiene competencia para dirimir el diferendo, a menos que los estados parte lo soliciten y se sometan al tribunal centroamericano, pero con el antecedente del fallo de La Haya de 1992.
Con información de Sputnik
