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Ana Delicado Palacios
Argentina ha tenido la ocasión de conocer a dos presidentes que con el tiempo fueron acusados de contrabando agravado.
El primero, Carlos Menem (1989-1999), fue condenado en 2013 a siete años de prisión por tráfico de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Paradojas del proceso, el exmandatario fue absuelto cinco años más tarde por la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal del país consideró que no se había cumplido un plazo judicial razonable para que la sentencia quedase firme, ante un litigio que duró 23 años.
Ahora otro exjefe de Estado, Mauricio Macri (2015-2019), fue imputado por el suministro de munición a Bolivia durante el golpe de Estado de noviembre de 2019 en ese país. Por entonces, al gobernante le quedaba menos de un mes de gestión, tras haber sido derrotado por Alberto Fernández en la primera vuelta de las elecciones generales de octubre.
UN DELITO DE PESO
Al sostener la necesidad de investigar el caso, el fiscal federal Claudio Navas Rial se basó en el delito de contrabando agravado. No incorporó el resto de figuras penales que recogen las dos denuncias interpuestas ante la justicia argentina, una de ellas presentada por el Ejecutivo actual, y otra por el exjuez Eduardo Freiler.
Estas demandas «tienen una amplitud más grande que lo que toma el fiscal, que no obstante avala la figura más gravosa, que es el contrabando agravado», explica a Sputnik el abogado especializado en delitos económicos Gabriel Merola.
Quedan afuera, de momento, las figuras de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y otros delitos que comprometen la paz y la unidad, «un título que tiene el Código Penal sobre actos hostiles no aprobados reglamentariamente que podrían alterar las relaciones de amistad con un país vecino», aclara Merola.
Esto no significa que no puedan aparecer más adelante, advierte quien trabajó en la dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo autónomo que investiga el lavado de activos y los delitos financieros complejos.
«De cualquier manera, el contrabando agravado tiene una pena de cuatro a 12 años de prisión, y no menos importante, una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de la condena», observa Merola.
El abogado recuerda el caso de Menem, quien procedió a través de resoluciones secretas, lo que dilató las investigaciones que pretendían demostrar el tráfico de armas a dos países sobre los que regía una prohibición internacional para suministrarles armamento.
En el caso de Macri «no se imputan secretos, sino la adulteración de las cantidades y destinos que se informaron regularmente a través de los medios constituidos a la autoridad aduanera», explica el letrado. «Se habría dicho que salió una cantidad de municiones que tenían que ver con la protección a las autoridades argentinas en Bolivia y después, en la carta de agradecimiento, aparecen otras cantidades».
Merola alude a la nota de agradecimiento enviada por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, al entonces embajador argentino Norberto Álvarez García.
La carta está fechada el 13 de noviembre de 2019, un día después de que asumiera como presidenta interina de Bolivia la senadora Jeanine Áñez (2019-2020). Según detalla la misiva, el armamento enviado consistió en 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70 (antitumulto), 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
La Gendarmería argentina, de hecho, requirió en noviembre de 2019 a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorización para llevar hasta Bolivia un total de 70.000 cartuchos de balas de goma que nunca regresaron, según reflejan tres documentos de esta fuerza federal a los que tuvo acceso Sputnik.
CAMINO EXPEDITO
Como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era esperable la imputación de Macri, explica Merola. La ministra de Seguridad de su administración, Patricia Bullrich, también se vio involucrada por ser responsable de la unidad de élite de Gendarmería que viajó a Bolivia, conocida como Alacrán. Lo mismo sucede con quien fue su par de Defensa, Óscar Aguad, dado que el vuelo se realizó mediante un avión de la Fuerza Aérea.
Así fueron también imputados otros dos funcionarios de la Gendarmería, el director del cuerpo, Gerardo Otero y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Enrique Amrein, además del embajador argentino Normando Álvarez García.
«La justicia argentina, en materia de duración, tiene un muy mal promedio, sobre todo en delitos económicos», reconoce Merola. «Pero uno mira la causa y no parece ser tan compleja como la de Menem».
Con estos elementos, es de esperar que el juez «mande un exhorto a Bolivia para entender qué información recolectaron y que llame a declaración testimonial a los agentes de Gendarmería para saber si consumieron los cartuchos, y si subieron al avión estas municiones», describe Merola. «El delito se consuma con haber fraguado el control del servicio aduanero».
Una vez el juez junte elementos de prueba, podrá llamar como indagados a los imputados en el expediente. «En principio, para una corroboración de la existencia del delito, más que algunas testimoniales y oficios no parecen necesitarse, más con los documentos públicos que han trascendido», indica el especialista.
Después de las indagatorias, el juez tiene un plazo de 30 días para decidir si procesa, sobresee o declara la falta de mérito de los imputados. «Al ser un plazo ordenatorio, en muchísimos casos no se cumple», advierte Merola. «Pero le va a urgir al juez, hacerlo, más en esta causa que todo el mundo está mirando, no incumplir demasiado las pautas procesales».
El presidente Alberto Fernández pidió disculpas al Gobierno boliviano tras constatar el envío que realizó la gestión precedente a las fuerzas que forzaron la renuncia de Evo Morales (2006-2019) el 10 de noviembre de 2019, un día antes de que el exmandatario se exiliara y fuera acogido como refugiado en México y luego en Argentina.
Con información de Sputnik
