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Andrés Pachón
Representantes del Gobierno colombiano y voceros del Comité Nacional del Paro (CNP) se reúnen este martes, por décima vez, para buscar deshacer el duro nudo que los une desde el 13 de mayo, y que en medio del tira y afloje para resolver el paro nacional que lleva 34 días, muestra que las ataduras, de a ratos, se aprietan más.
La diferencia más fuerte son los bloqueos de carreteras, que el Gobierno considera ilegal y los voceros del CNP (integrado en su mayoría por representantes de las principales centrales obreras del país) prefieren denominarlos «cortes temporales e intermitentes de vías», y sostienen que «hacen parte de las posibilidades legítimas» para el ejercicio de la protesta social.
«El país está pidiendo que haya desbloqueos. Nadie, distinto a los integrantes del Comité Nacional del Paro y algunos otros, piensa que pueda tener bloqueos en Colombia (…) Lo que necesitamos es que el Comité oiga al país y entienda que esas prácticas no son admisibles», dijo a Sputnik el consejero Presidencial para la Reincorporación, Emilio Archila, antes de reunirse una vez más con el CNP.
Archila, quien desde hace una semana coordina los encuentros entre el Gobierno y el CNP, tras la renuncia del alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, es enfático al señalar que por parte del Ejecutivo «no se puede avanzar en ningún frente antes de que eso se resuelva», en referencia a los bloqueos.
Sin embargo, la contraparte sostiene que ha dado muestras significativas de diálogo, al instar al desbloqueo paulatino de carreteras.
«Nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros los hemos llamado. El Gobierno los llama ‘bloqueos’, los mal llamados ‘bloqueos’ (…) Hay más de 40 puntos que se han suspendido», dijo este martes a periodistas, antes del encuentro con el Gobierno, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón.
DESESCALAMIENTO DE BLOQUEOS
¿Qué tan significativo es para el Gobierno ese desescalamiento del que habla Alarcón? De acuerdo con lo expresado por Archila a esta agencia, no lo suficiente.
«El desescalamiento de los bloqueos es una forma poética de decir que van a seguir haciéndolos y que los colombianos vamos a seguir sufriendo por cuenta de unos privados que no están haciendo uso del derecho a la protesta, sino abusando de ese derecho», señaló.
De hecho, aseguró que «es necesario que el Comité se aparte de quienes están abusando del derecho de protesta, para que así se pueda avanzar en los puntos del pliego de emergencia», éste último, un documento elaborado por el CNP y entregado al Gobierno desde el año pasado, pero cuya falta de respuesta fue uno de los motivos que originó el actual paro nacional.
Según dicho ministerio, entre el 28 de abril -día en el que iniciaron las manifestaciones contra el Gobierno- hasta el 31 de mayo, se registraron en total 2.992 bloqueos que de a poco se han ido reduciendo, a tal punto que en las últimas 24 horas sólo hay 68 activos en todo el país, algo que esa cartera atribuye a la «asistencia militar» en varios departamentos ordenada por el propio presidente Iván Duque, y que es calificado por el CNP como una «conmoción interior disimulada».
LLAMADO A AVANZAR
Aunque cabe reconocer que hoy las tensiones no son de la misma magnitud que hace un mes, y así lo demuestran la reducción de los bloqueos y la clara expresión del Gobierno y de los sindicatos de que es necesario el diálogo, lo cierto es que el nudo sigue ahí y que aún no se logra desatar.
Muestra de ello fue el llamado que en la víspera hizo el representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien actúa como garante de las conversaciones junto con la Iglesia Católica y que pidió a ambas partes avanzar pronto en los diálogos.
«Que se avance lo más rápido posible. Es importante que se inicien las negociaciones. El país también necesita escuchar ya un mensaje de avances», dijo Ruiz Massieu.
Mientras tanto, el tiempo pasa y por momentos surge la impresión de que tanto el Gobierno como el CNP libran un pulso para ver quién da primero su brazo a torcer… aunque ese no es el parecer de Archila.
«Nosotros no tenemos pulso con nadie y estamos en la posición de ser servidores públicos. La petición de los desbloqueos la está haciendo la mayoría de los colombianos, y una vez que superemos esto y el Comité entre en razón, estamos dispuestos para empezar a revisar los puntos que son de fondo», respondió Archila a esta agencia tras ser preguntado sobre el particular.
VOLUNTAD COMPARTIDA
Llegados a este punto también cabe preguntarse: ¿Si los bloqueos han bajado y hay voluntad de diálogo de ambas partes, qué hace falta para avanzar?
«Nosotros no le estamos pidiendo al Comité que haga lo que no puede hacer. Hay una influencia que ellos tienen y otra que no tienen, por lo cual le estamos diciendo que no haya bloqueos respecto de aquellos que tienen sus directrices y que manden el mensaje de que esa no es una forma aceptable de protesta, porque de hecho no es protesta», dice Archila.
Mientras, Alarcón señala ante la prensa que «Ojalá el Gobierno Nacional no se evada nuevamente frente a los preacuerdos» y que el CNP espera «que cumpla la palabra», luego de que, según los sindicatos, el Ejecutivo varió algunos de los puntos de un acuerdo previo al que se había llegado, por lo que fue necesario presentar una nueva propuesta, la cual se busca concertar en la reunión de este martes.
Válidos o no, lo cierto es que los bloqueos han causado una pérdida diaria de 400.000 millones de pesos (107 millones de dólares) para la economía colombiana, se han cobrado miles de empleos, generado desabastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades del país.
Y aunque ya es popular el eslogan según el cual «no es el paro el que genera crisis, sino la crisis la que genera el paro», lo cierto es que tras un mes de manifestaciones, el país espera recuperar la calma.
«Vamos a estar trabajando hoy en la revisión de las nuevas propuestas que ha pasado el Comité, pero lo que está de fondo es la pretensión de todos, y en especial del Gobierno, de que los manifestantes tengan todas las garantías y seguridad que necesitan, mientras que el resto de colombianos podamos seguir movilizándonos por las vías y carreteras sin que haya unos privados haciendo bloqueos», concluyó Archila.
Con información de Sputnik
