La Fiscalía del Tribunal Supremo de España archivó las investigaciones que mantenía abiertas sobre las posibles actividades delictivas del rey emérito Juan Carlos I, según comunicó la Fiscalía General del Estado.
La decisión de la Fiscalía pone fin a casi dos años de investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras ferroviarias en Arabia Saudí, el supuesto uso de tarjetas opacas al fisco a cargo de un empresario mexicano y la posible ocultación de patrimonio en la isla de Jersey.
Según las explicaciones dadas por la fiscalía en un comunicado, pese a constatar numerosas irregularidades, el Ministerio Público no ve posible conceder contra el rey emérito porque algunos de los hechos investigados se dieron antes de su abdicación en el año 2014, en un periodo en el que estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución otorga al rey en activo.
En cuanto a posibles irregularidades posteriores a 2014, la Fiscalía considera en primer lugar que no hay pruebas suficientes para acreditar su existencia. Además, éstas quedarían libres de reproche tras la decisión de Juan Carlos I de realizar en 2020 y 2021 dos regularizaciones fiscales por las que abonó a la Agencia Tributaria más de cinco millones de euros.
Las investigaciones contra Juan Carlos I se iniciaron por la sospecha de que recibió 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) en una comisión ilegal por mediar ante Arabia Saudí para que empresas españolas recibieran el encargo de construir tren de alta velocidad entre Medina y La Meca en 2008.
Sin embargo, la Fiscalía señala que «la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril».
En esa línea, el Ministerio Público concluye que el dinero recibido se trataría de un «regalo» recibido en el año 2008 por la «consideración» a su condición de Jefe de Estado, algo que además de suceder cuando el rey era inviolable tampoco es susceptible una imputación por cohecho porque «este posible delito estaría claramente prescrito».
Los fiscales también estudiaron la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales en relación con operaciones societarias llevadas a cabo entre 2008 y 2012 por el entonces rey de España para la gestión de los 100 millones de dólares, que Juan Carlos I entregó a su examante Corinna Larsen.
Sobre este particular, la fiscalía se limita a recordar que los actos susceptibles de ser delito «habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución».
Las investigaciones también permitieron constatar que Juan Carlos I recibió en 2010 un ingreso de 1,9 millones de dólares procedentes del sultán de Bahréin que tampoco fueron declarados a Hacienda.
EL AMIGO MEXICANO Y LA SOCIEDAD EN JERSEY
En paralelo, la Fiscalía también investigó transferencias de dinero al rey procedentes de Allen Sanginés-Krause, un empresario mexicano con el que mantiene una relación de amistad. El importe de estas transferencias, realizadas entre 2016 y 2019, asciende a 516.600 euros.
Este dinero no fue declarado a Hacienda hasta la primera regularización fiscal del rey, realizada en diciembre de 2020, cuando el exjefe de Estado se acogió a un mecanismo por el cual, tras reconocer el fraude voluntariamente, queda eximida la responsabilidad penal.
Además, se señala que no «hubo contraprestación» del rey al empresario, por lo que se trataría de una simple donación, ya que el dinero fue recibido en pagos menores a los 120.000 euros, límite a partir del cual las donaciones ocultas son consideradas como un delito a la Hacienda Pública.
Asimismo, la Fiscalía constata que el emérito recibió más de 3,5 millones de euros de la fundación Zagatka (constituida por su primo Álvaro de Orleans), lo que tampoco es constitutivo de delito porque los pagos se dividieron en transferencias de menos de 120.000 euros y el dinero fue declarado en el segundo proceso de regularización, en febrero de 2021.
Otra de las vías de investigación tenía que ver con la relación del monarca con una sociedad constituida en la isla de Jersey con 10,4 millones de euros de patrimonio por el historiador Joaquín Romero Maura, nieto de un importante político de principios del siglo XX.
El Ministerio Fiscal concluye que esos fondos «tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español», aunque «en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del ‘trust’ ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas».
Con información de Sputnik
