Tal como habíamos anticipado desde muchos meses atrás, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, declaró la improcedencia de la casación planteada por Cancillería (No. 18558-2024), en el caso del embajador Fortunato Quesada Seminario.
Subrayemos el punto Octavo del documento porque denota que la asesoría legal de Cancillería está oxidada o ha perdido la brújula tal como se revela en las siguientes líneas.
“Analizado lo reseñado en los ítems I), II) y IV), se evidencia que, se presentó (RREE) una argumentación genérica, como si se tratara de un recurso de apelación, verificándose que, lo que en el fondo pretende es que, este Colegiado Supremo efectúe una revaloración de pruebas, así como un nuevo estudio de cuestiones fácticas ya analizadas por la instancia de mérito, a fin que se asuma por válida la tesis postulada; lo cual resulta ajena a los fines casatorios, cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas que incidan en el sentido de la resolución recurrida; en ese sentido, lo propuesto en el recurso carece manifiestamente de fundamento; por lo que, incurre en el motivo de improcedencia establecido en el artículo 393.2.1 de CPC”.
¿No saben distinguir los del servicio legal de Cancillería una apelación de un texto en torno a una casación y por lo que les han declarado Improcedente? La torpeza es palmaria e inocultable. Queda en muy mal pie el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo antedicho en cuanto a la formalidad de un proceso que pretendió anemizar el contenido de un caso que tiene que ver con un proyecto de vida frustrado a la mala, el del embajador Fortunato Quesada, la complicidad de varios personajes en grabaciones clandestinas y la trabazón con medios de comunicación en Lima para la difusión perniciosa de las mismas.
Como es de recordarse, en circunstancias en que el diplomático Quesada desempeñaba el titularato de la misión en Tel Aviv, Israel, 2018, un escándalo televisivo propalado en Lima exhibió expresiones fuera de contexto y como parte de un complot que involucró a otros tres embajadores y personal de menor rango y administrativo.
A Quesada se le sentenció sin proceso y terminó fuera de la embajada, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin ser oído ni atendidas sus explicaciones, sin honorarios, es decir en la inopia más absurda que no fue espontánea sino planificada, detrás de la cual han existido personajes de altos cargos.
Desde julio del 2024 a la fecha, fueron dos las instancias ganadas a su favor por el embajador Quesada quien planteó acción legal por considerar injusto el cúmulo de sanciones en su contra.
Según lo expresado por Quesada, en algunas oportunidades, uno de los orígenes de lo que se vino en llamar complot mediático noticioso, estaría en que no accedió a fungir de informante o soplón de las actividades del ex presidente PPK, instrucción impropia que le habría sido comunicada como tarea por el ex canciller Ricardo Luna.
Luna habría instigado en represalia contra Quesada porque no cumplió una orden totalmente ilegal, antiética y desleal. Popolizio (canciller entonces 2018) y de Zela, se sumaron como alfiles de la siniestra componenda y Boza como Rubín, los operarios prácticos, coordinando las grabaciones ilegales y el posterior escándalo mediático.
Las manifestaciones públicas de Quesada jamás han sido refutadas o negadas por Luna por razones ignotas.
Lo antedicho habría gatillado odios y antipatías que fueron cobradas por la maquinación del complot mediático que el Informe 011, Recursos Humanos de la propia Cancillería, definió como una sinergia de autores con nombre y apellido: Néstor Popolizio, Hugo de Zela, José Boza (+), (embajadores) y el ministro Pedro Rubín.
Nadie en su sano juicio, podría suscribir palabras insensatas, pero a lo más, una o más sanciones administrativas, efectuadas las reiteradas disculpas públicas del protagonista, habrían bastado.
Contrastar las penas o puniciones de las que debieron ser recipendiarios los que armaron el plan para liquidar a Quesada, es decir: Néstor Popolizio, Hugo de Zela, José Boza y Pedro Rubín, son absolutamente inequitativas: salvo suspensiones de pocos meses ¡sanseacabó!
Es de conocimiento noticioso que el actual canciller Elmer Schialer, nombró al embajador Hugo de Zela como asesor de su despacho. En la práctica significa un espaldarazo y una demostración del mal espíritu de cuerpo que impera en una dependencia pública pagada con el dinero de los contribuyentes.
Si, fracasada la casación planteada por Cancillería por improcedente, es obligatorio preguntar en voz alta: ¿cómo actuará el portafolio y con qué rapidez, en el caso del embajador Fortunato Quesada? Persistir en animosidad o contra lo que dictan las instancias judiciales, es delito.
¿No pudieron prever en RREE la contundencia de una derrota -casación improcedente- que se venía como por un tubo? No había que ser especialista ni abogado de alta nota para no darse cuenta que el resultado, si de justicia hablamos, no podía ser otro que el acontecido y para desprestigio bobo de Cancillería que deberá asimilar una derrota muy dura.
Seguiremos informando.
03.06.2025
hcmujica@gmail.com
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