Dosis mínimas de droga para uso individual

Dosis mínimas de droga para uso individual

Esta semana el ministro del Interior, general PNP Octavio Salazar manifestó su intención de presentar una iniciativa legislativa para evitar que sea legalmente tolerable la posesión de pequeñas dosis de drogas estupefacientes (“para consumo personal”). Dice el ministro “El solo hecho de permitir una cantidad mínima de estupefacientes constituye una forma implícita de aceptar la microcomercialización en la sociedad”.

El planteamiento del general Salazar es correcto, y sólo podríamos tener reservas sobre cómo percibe él la cantidad o dosis mínima: la ve como un asunto de microcomercialización (un delito que debe castigarse). Como cuestión de principios está bien lo que dice (la sociedad no puede permitir que alguien tenga ni medio gramo de estas sustancias), pero hay otros aspectos más importantes en este problema.

Sociedad debilitada
En un ambiente de acción delincuencial que escapa del control de las autoridades, que afecta incluso al turismo¹ que tanto se desea promover, el asunto de la cantidad mínima de droga que se encuentre en poder de una persona debe verse desde otra perspectiva, no solo policial o legal. Visto el caso desde un ángulo puramente policial o legal, ciertamente, como puede deducirse de las palabras del general Salazar, sería válido acusar a esa persona de microcomercializadora o de estar vinculada a las redes de distribución de esas drogas.

Pero hay otra forma de enfocar el problema, que es considerarlo desde el punto de vista de la salud pública. De esta manera, la persona sin antecedentes policiales o judiciales que es sorprendida en posesión de una pequeña cantidad de droga (digamos, lo poco que le queda después de una jornada de vicio) no necesariamente sería vista como delincuente sino como alguien que está expuesto al peligro para su salud y que, al mismo tiempo, es un peligro para los demás. Consecuentemente, esta persona sería detenida no como delincuente sino como enfermo, tal como se hace cuando se retira de circulación a un loco que puede hacer cualquier cosa.

La detención de esta persona no debe tener carácter disciplinario (por ejemplo, detenerlo 24 horas, hacerle barrer las calles, etc.) sino terapéutico. De la comisaría o delegación policial deberá pasar de frente a establecimientos de salud especiales (no los hospitales comunes) que cuenten con la adecuada seguridad y pasar un mínimo de seis meses² para rehabilitarlo, aunque haya sido muy poca la droga que se halló en su poder o aunque haya sido bajo o nulo el nivel de intoxicación que arrojen las pruebas de laboratorio.

La familia
La primera víctima de un adicto a la droga es su familia, porque el vicioso o enfermo —como se lo quiera llamar— empieza a vender las cosas de valor de la casa para comprar droga. Cuando esto es insuficiente, cuando no tienen más que vender del hogar en que habitan, se vuelven agresivos contra los demás miembros de la familia: insultan, golpean, cometen violaciones sexuales, etc. Para la familia de estos adictos a la droga sería un gran alivio ver que se los lleven a un riguroso centro de rehabilitación. Además, no exageramos al afirmar que en muchos casos la familia se siente aliviada cuando se produce la muerte del hijo o del hermano adicto: dejan de ser rehenes de un peligroso enfermo mental.

Los políticos y periodistas que son adictos a las drogas o que tienen parientes cercanos con ese vicio se oponen férreamente a que el tratamiento o rehabilitación³ de estas personas tenga carácter obligatorio. Olvidan o no quieren ver que la ingestión de drogas es un elemento que promueve y agrava la comisión de delitos. Nos referimos, en primer lugar, a quienes se vuelven delincuentes para poder comprar droga; en segundo lugar, señalamos los innumerables casos de ladrones que con el efecto de la droga se vuelven muy violentos y asesinan⁴ con la mayor tranquilidad a quien intente resistir el robo (de dinero, de un teléfono celular, del calzado que llevan puesto, etc.). Se sabe que por robar diez soles asesinan a la víctima, por robarle su mototaxi o auto también matan, etc., etc.

Hay que entender, entonces, que la posesión de droga —por mínima que sea la cantidad— constituye un peligro para el mismo individuo que la lleva y para la sociedad, y esta situación se debe enfrentar correspondientemente. Así, el que no es delincuente pero simplemente tiene el vicio debe pasar a rehabilitación⁵, para evitar que su conducta se vaya tornando peligrosa para los demás. Si lo que se le encuentra es una cantidad de droga que permite inferir que el individuo se dedica a la microcomercialización de estupefacientes, de igual manera va a rehabilitación y, ya rehabilitado, pasa a cumplir la pena que le corresponde por vender droga.  

Costos
Por supuesto que una política de salud mental y de seguridad ciudadana que contemple el control de los enviciados por la droga ha de costar, y el estado deberá invertir una buena suma en sanatorios o centros de rehabilitación, en mejoramiento de cárceles, etc.; pero es una inversión que trae buenos frutos: familias tranquilas, menos delincuencia, menos violencia en los actos delictivos, juventud más sana, etc. Podemos afirmar con plena seguridad que más cuesta no enfrentar el problema y permitir el deterioro de los individuos y de la sociedad, que enfrentarlo y dar tranquilidad a todos: a la familia del adicto, a la sociedad, a la juventud, a los turistas que nos visitan. No podemos mirar el futuro con tranquilidad sin eliminar esta lacra que tanto daño hace y tanto nos cuesta por ser tolerantes.
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¹ Hace pocos días, en Arequipa, dos turistas holandeses fueron secuestrados por falsos taxistas, que los obligaron a retirar dinero de sus tarjetas bancarias. Anteriormente ya ha habido otros secuestros y asesinatos de turistas en dicha ciudad.

² El tiempo que pase en tratamiento servirá no sólo para alejarlo del vicio sino para hacerle reflexionar sobre la pérdida de su libertad. Todo adicto debería entender que por el vicio pone en juego su libertad.

³ Entendiendo que en los centros de rehabilitación al mismo tiempo que reciben tratamiento de desintoxicación enfrentarán un rigor y disciplina que nunca en su vida han conocido estos viciosos.
               
⁴ Por supuesto que el herir, lesionar o matar estando drogado es una  circunstancia agravante y ha de ser mayor la pena que reciba el agresor drogado. Promulgada la ley, debe darse suficiente publicidad para que los delincuentes sepan que el castigo será peor si actúan bajo los efectos de la droga.
 
⁵ Si reincide en el consumo, el siguiente periodo de rehabilitación será de mayor tiempo y rigor. Si es reincidente irrecuperable, el sitio adecuado para el resto de su vida es el manicomio.