Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 19 la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su último reporte, “Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú – Junio 2009”, en el que se registra que los cultivos de hojas de coca se incrementaron el 2008 en 4.5% con respecto al 2007, pasando de 53,700 a 56,100 hectáreas, de las cuales su uso lícito es menos del 8%. Pero lo más grave es que las extensiones cultivadas —que involucra 12 de las 24 regiones del Perú— han aumentado en 4 años consecutivos hasta 14%, y asimismo, en 9 cuencas viene incrementándose durante 5 años consecutivos, principalmente en el Alto Huallaga (23.5%), Apurímac-Ene (14.5%) y La Convención y Lares (6%).
Igual sucede con el preocupante aumento en la producción de cocaína durante los 4 últimos años de 260 a 302 toneladas (14%), lo que nos identifica como segundos productores a nivel mundial con 36% de la producción total. La meta de la estrategia de incrementar a 40% el decomiso de drogas y a 25% el de insumos químicos tampoco se podrá cumplir. De 290 toneladas producidas el año 2007, se incautaron únicamente 14 (4.8%) entre pasta básica y clorhidrato de cocaína, y de 320 toneladas producidas el 2008 sólo se incautaron 28 (9.27%). En cuanto a insumos químicos, su decomiso es ínfimo. De 35,000 toneladas que ingresan anualmente al VRAE y Huallaga, el 2007 se incautaron únicamente 820 (2.3%) y el 2008 sólo 470 (1.3%).
Sobre los alarmantes resultados de este monitoreo, el presidente ejecutivo de Devida, Rómulo Pizarro, ha declarado que “es una cuestión de recursos”, sin embargo eso ya lo sabía desde que asumió el cargo. Su antecesor Nils Ericsson en marzo de 2005 advirtió que el Perú estaba perdiendo esta lucha y para hacerle frente se necesitaban casi US$ 4,000 millones hasta el 2016. El asunto es que Pizarro no ha conseguido los recursos necesarios. Incluso el año 2007 al implementar la estrategia, incluyó un Plan de Impacto Rápido (PIR) con un requerimiento de S/. 175.90 millones para el reposicionamiento estratégico inicial, pero el gobierno le asignó una mínima cantidad. Actualmente le está reclamando al MEF la entrega de S/. 181 millones para operar dicho PIR.
En este panorama, la estrategia antidrogas 2007-2011 no logra progresar en sus objetivos estratégicos —prevención, interdicción y desarrollo alternativo— y seguirá de mal en peor si no consigue los recursos para inversión social e infraestructura y concretar una cadena productiva que incentive la sustitución de cultivos y la inversión privada. Pizarro debería advertir al Ejecutivo sobre el agravamiento de la situación si no se invierte más para enfrentar un enemigo que mueve US$ 20,000 millones anuales, y además debería convencer a EE UU y la UE sobre su responsabilidad compartida en las drogas, ya que en lugar de aumentarnos su apoyo económico, lo están disminuyendo ostensiblemente.
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