por Raúl Wiener
¿Sabía usted que el “acuerdo” para repartirse el Tribunal Constitucional y los demás cargos vacantes en el directorio del BCR y la Defensoría del Pueblo, también incluían otras cláusulas referidas a la reelección del actual presidente del Congreso y los integrantes de su junta directiva, el control de la comisión de fiscalización y eventualmente un compromiso para inhabilitar a Alan García?
Por lo menos esta es la versión que tengo de primera mano de lo que fueron estas negociaciones donde los actores principales eran el nacionalismo y el fujimorismo. Las dos bancadas más grandes fueron las generadoras del compromiso que arranca en el momento en que el grupo naranja acepta que Isla se reelija y Gana Perú reciba tres cupos para el TC, a condición de que les asegurasen dos puestos, sin vetos, y que Perú Posible no asuma la Comisión de Fiscalización.
Los toledistas querían a toda costa un lugar en el Tribunal, pero los dejaron sin sitio poniendo en su reemplazo a uno respaldado por el PPC. De ahí que PP se aferrara al tema de la Defensoría del Pueblo, en donde si le aplicaron el veto para que no entrara Fausto Alvarado, lo que se empeoró con la propuesta de Pilar Freitas, que los negociadores aceptaron porque la gente de Fujimori la dejó pasar. De esta manera el “acuerdo” quedó amarrado por cuatro costados. Y si Gana Perú y Fuerza Popular no pueden lavarse las manos por el resultado, tampoco puede hacerlo ni Perú Posible ni el PPC.
Para explicarse porque cada uno de ellos decidió ir hasta el final en este asunto a pesar de que crecían las resistencias y tenían en contra a todos los medios de prensa, hay que tener presente la amplitud de los elementos pactados y el serio riesgo de que todo se cayera en un solo movimiento. Bueno eso es lo que está pasando. El acuerdo tramposo no resistió un día y apareció el presidente intentando escapar de él, como si fuera un mero asunto del Congreso y no compartiera la culpa de que Souza y Freitas estuvieran entre los elegidos.
Más tarde la Fujimori pidió una sesión extraordinaria para reconsiderar la elección y Toledo habló por su Defensora recién elegida anunciando el “famoso paso al costado” que en el Perú equivale a renuncia. Los tres posible magistrados de Gana Perú también está dispuestos a la renuncia, y lo mismo Ernesto Blume respaldado por el PPC. Es decir todo se cae y no termina de caerse. Y la duda es porque todos saben que no hay un Plan B para un desastre como el que acaba de estallar.
Los indignados del 17 de julio no se han sentido representados por cierto en la fuga a medias de los actores de esta tragicomedia. Por eso las convocatorias de protesta siguen en marcha.
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1 comentario
basta de hipocrecias
en el peru se acostumbra a que las personas demuestren su inocencia ante acusaciones sin pruebas, en ves de quienes acusan demuestren con pruebas que son culpables.